FALSOS EXONERADOS O SINVERGÜENZURA INSTITUCIONALIZADA.

El Instituto de Previsión Social entregó indebidamente más de $29 mil millones en pensiones que favorecieron a 5.917 falsos exonerados políticos y la jueza a cargo de investigar tamaña estafa al Estado, Mireya López, sobreseyó la causa. Estimó que sólo hubo “laxitud” de parte de los parlamentarios que certificaron las solicitudes de dichos subsidios fraudulentos. “Fue imposible condenarlos  –aseguró–  porque no tienen la condición de funcionarios públicos…”.

Así, en forma categórica y definitiva, puede admitirse que en Chile se ha institucionalizado la sinvergüenzura: los tres Poderes del Estado son cómplices del masivo engaño. Es el Ejecutivo el que recibe las solicitud y les da o niega el visto bueno, y, en estos casos de fraude, fueron legisladores quienes certificaron el derecho al beneficio y la Justicia sobreseyó el juicio sin culpables.

Para acentuar  la gravedad de los hechos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no da señales de requerir la devolución de esos casi 30 mil millones defraudados al Fisco y el Ministerio del Interior, que según La Moneda tiene “la facultad de cesar los pagos indebidos” no ha hecho gestión alguna en ese sentido. La razón es política: los falsos exonerados ya advirtieron que no tienen dinero para devolver…

La Ley de Exonerados Políticos (19.234 y posteriores) tiene como finalidad reparar mediante beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La normativa entrega, según la situación previsional de cada solicitante, los beneficios de abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva.

La ley 19.234 fijó como fin para solicitar beneficios el 11 de agosto de 1994; luego se modificó mediante la 19.582, dando un nuevo plazo entre el 1 de septiembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999. Finalmente, la 19.881 lo amplió entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 para entregar los antecedentes.

Es el Presidente de la República quien determina la calidad de exonerado de quienes postulan, rol traspasado al Ministerio del Interior, el cual, además, emite los Decretos Exentos. También tiene la facultad de derogarlos.

El Instituto de Previsión Social (IPS) conforma el historial previsional de cada postulante, para verificar qué beneficios procede.

El Poder Legislativo está directamente involucrado en el fraude porque 44 parlamentarios avalaron las postulaciones que resultaron ser falsos exonerados. Algunos de los congresistas  que más certificaciones entregaron son Isabel Allende (PS), con 1.190; Sergio Ojeda (DC), con 684; Carlos Abel Jarpa (PR), 610 y Alejandro Navarro (MAS), 408.

Además de su sentencia de “laxitud” de parte de los parlamentarios, la jueza López, al menos, debió establecer que hubo complicidad para que se defraudara al Fisco y, de acuerdo a las fechas de los patrocinios, debió consignar que existió un intencionado interés político, pues las certificaciones tuvieron lugar en vísperas de elecciones legislativas.

Cuando el parlamentario está ejerce la legislatura  no actúa como  funcionario público, pero cuando emite un certificado que da un derecho a un tercero para obtener una franquicia individual, lo hace como persona natural.

La conclusión es irrebatible: fallaron en lo penal y en lo ético, al poner en idéntica situación a quienes realmente perdieron su trabajo abruptamente sin derecho a nada con los inescrupulosos que se aprovecharon del sistema.

La trenza de Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha materializado la peor de sus oscuras acciones, porque esta vez los tres Poderes del Estado concurrieron a oficializar un fraude colectivo.

Enrique Rivera V.

VovPress.