MONÓLOGO REPETIDO EN LA ARAUCANÍA.

Suman y siguen los atentados en La Araucanía. La madrugada del lunes 4 de julio, en un campo cercano a Vilcún, el agricultor Álvaro Bernedo fue atacado mientras dormía por un grupo de encapuchados. El afectado despertó con los ruidos y se levantó de la cama, momento en el cual una serie de disparos, provenientes desde el interior del inmueble, hicieron que intentara abandonarla; sin embargo, al tratar de salir de ahí, otra ráfaga de disparos, ahora desde el exterior, se lo impidieron. Finalmente, tras unos interminables momentos de terror –en los que tuvo que usar una pistola para defenderse del ataque–, logró escapar por una ventana y refugiarse mientras los encapuchados le prendían fuego a la casa y a una camioneta. Ambas fueron consumidas completamente por las llamas.

Este hecho nos trae a la memoria el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, quemados vivos hace tres años, a no mucha distancia del sitio de este nuevo atentado. Coincidencia o no esta proximidad, el agricultor Álvaro Bernedo, afortunadamente y a diferencia del caso anterior, salvó ileso. Sin embargo, dado el modo de operar de los encapuchados en el caso reciente, con tanta violencia y dispuestos a todo, no es de extrañar que hubiesen pretendido dejar al agricultor dentro de la casa mientras ésta era destruida por el fuego (incluso así lo declaró él mismo en una entrevista posterior a la dramática experiencia vivida). De este tipo personas radicalizadas se puede esperar lo peor y más.

¿Qué hace el gobierno cuando ocurren ataques incendiarios en el sur del país? Reacciona sin mayores novedades, es decir repitiendo lo que a esta altura parece –tal como va la cartelera de La Moneda– un monólogo que será presentado de aquí al término de este período presidencial: con una querella. Sí, esas mismas que no llegan a nada y que, por supuesto, tampoco frenan el accionar de nadie. Por el contrario, el “monólogo” parece haberse convertido en una humorada de la cual los violentistas se ríen una y otra vez, porque si surtieran algún minúsculo efecto al menos, los atentados disminuirían y no seguirían “gozando de buena salud” como lo ha sido hasta hoy. Es obvio: la risa sirve para mantener el ánimo en alto, tal como parecen tenerlo quienes no cesan en la lucha armada, como ellos mismos la definen.

Pero lo anterior no es la única señal negativa que se ha recibido. Durante la semana pasada ocurrió una situación que resulta inaceptable, una burla a las víctimas de estos grupos radicalizados: una jueza le había permitido a José Peralino, uno de los imputados del crimen de los Luchsinger Mackay, asistir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tras una invitación del parlamentario comunista Hugo Gutiérrez. Afortunadamente esta autorización fue luego revocada, incluso criticada por el presidente de dicha Comisión, el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien declaró –y es oportuno reconocerlo y destacarlo– estar en desacuerdo con la visita y agregó que en este caso las únicas víctimas son la familia del matrimonio asesinado. Sin embargo, pese a la anulación del mentado permiso para viajar al Congreso, es imposible ignorar lo inaudito que resultó que un parlamentario haya cursado esta invitación, la cual, en opinión casi unánime, perfectamente puede considerarse como una inadmisible intromisión de un poder del Estado en otro. Peor aún, en medio de un proceso judicial en curso.

Así las cosas, es difícil recobrar las esperanzas en que tendremos soluciones, o un atisbo de éstas, en el corto plazo. A menos que desde La Moneda reaccionen, cambien la cartelera de la IX sala y, al fin con algo de genuino interés por contribuir con La Araucanía, propongan y actúen con sensatez y asuman que la realidad que vive la región, como consecuencia de la violencia rural, es ya insostenible. Ojalá la mesa de diálogo instaurada el jueves en Temuco sea la instancia en que se demuestre que realmente hay una intención por hacer algo. Tal vez resulte la última oportunidad del gobierno, siempre y cuando no se les ocurra, como ya lo han sugerido algunas voces, invitar a participar a la CAM o a otro grupo extremista en algún momento. Aquello sería insólito. ¿Cómo es posible considerar siquiera, como parte de un diálogo que pretende buscar paz, a personas que, tal como el machi Celestino Córdova, condenado a 18 años por el caso Luchsinger Mackay, no muestran ni el más mínimo arrepentimiento por sus delitos? Con personas como éstas, o como las que atacaron al agricultor Álvaro Bernedo y a tantos otros, no se puede ceder ni acordar nada.

Quienes cometen crímenes, atentados, roban, amenazan, extorsionan, hostigan e impiden vivir en paz a cientos de habitantes del sur del país; quienes no respetan el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales de la población; quienes sobre la base de sembrar el miedo pretenden imponer sus ideas, no deben nunca ser considerados para sentarse a conversar. Aquí no se está tratando con delincuentes comunes o lumpen, como repetitivamente lo han catalogado en este gobierno, sino lisa y llanamente con terroristas que deben estar presos y no como invitados a una mesa de diálogo, con café y galletitas, como si nada hubiesen hecho. Intentar dialogar para encontrar puntos en común que permitan soluciones concretas, sin duda que sí, pero única y exclusivamente con quienes desde siempre han manifestado su repudio y condena al uso de la violencia. De lo contrario, esta mesa pasará sin pena ni gloria, como tantas otras. De la real voluntad del gobierno depende ahora que sea beneficiosa para La Araucanía.

Alejandro Martini

Ex director ejecutivo Multigremial de La Araucanía