EL PÁNICO A LA PAZ EN LA ARAUCANÍA.

Llegar a avenimientos por la paz tiene un costo, para ambas partes en conflicto o para una de ellas. Pero en La Araucanía, exclusivamente por cálculos políticos, nadie parece hacer el mínimo esfuerzo para poner freno al desmadre de la violencia rural, y que ha llegado al extremo de originar la extrañeza del resto del mundo.

Nadie le encuentra una explicación racional al hecho de que un colectivo extremista de no más de 100 individuos tenga en jaque, y casi de rodillas, a un territorio de un millón de habitantes.

Tampoco nadie entiende que tras años de una escalada de violencia que ha llegado casi a la barbarie no puedan identificarse a los encapuchados que saquean, asaltan e incendian la propiedad ajena. Partiendo del supuesto de que los servicios de inteligencia de las policías son eficientes, resulta increíble que, en este caso puntual del terrorismo en La Araucanía, no logren averiguar la identidad de estos extremistas de ultra izquierda.

Los líderes de las comunidades mapuches que reclaman tierras ancestrales son personas tranquilas y que viven plenamente integradas a la sociedad chilena. Su aspiración es recuperar superficies que antes les pertenecieron y, para ello, concurren a reuniones para dialogar con autoridades locales y ministeriales para  concretar sus deseos y, periódicamente, son beneficiados con la entrega de predios que la CONADI compra para ellos.

Entendido así, éste, el de La Araucanía, Bío Bío y que está extendiendo a Los Lagos, no es un “conflicto mapuche” como mal intencionadamente lo llaman los interesados en  alentar el fuego. Se  trata de fracciones guerrilleras con formación paramilitar en el extranjero –Cuba y Colombia— que con su feroz embestida preteden  expulsar de la zona a quienes la habitan y trabajan pacíficamente.

Es su propia guerra contra quienes representan el “brutal capitalismo”  de explotar bosques y campos, dando empleo a millares de personas.

Días atrás se superaron todas las fronteras del asombro cuando esos ultra armados quemaron un convoy de camiones que iba siendo escoltado por Carabineros. Más tarde incendiaron una casa parroquial y un templo erigido en memoria de San Sebastián.

De esta ola de asaltos y destrucción no resultó nadie detenido, lo que apuntó a la ineficacia de las policías, primero por su desidia de no infiltrase en estas bandas para aniquilarlas desde su interior y, segundo, por su incapacidad de resguardar la fuente de trabajo de pequeños propietarios de camiones y maquinarias que prestan servicios a las empresas forestales.

Cuesta hacerse a la idea de una supuesta incapacidad de entidades tan competitivas y profesionales  como Carabineros y la PDI. Sus  “fracasos” en no identificar ni apresar a estos terroristas es consecuencia de que la autoridad regional y nacional no les otorga  respaldo ni atribuciones para actuar con la energía que les corresponde ejercer por ley.

El menos interesado en que se descubra y se encarcele a los guerrilleros rurales es el propio Gobierno, porque tiene terror de echarse otro problema encima y ¡de qué dimensiones! No es cuestión de interpretar su intencionalidad, sino sólo de comprobar afirmaciones: el Intendente Regional de la Noeva, Andrés Jouannett (DC) comparó lo que está sucediendo en La Araucanía con los “portonazos”, hoy  tan de modo en el hampa capitalino.

Es desmoralizador que un representante del Gobierno caiga en apreciaciones tan burdas como éstas. “Si piden un estado de excepción para La Araucanía tendrían que pedir lo mismo por los ‘portonazos’ en Santiago”, dijo.

Los de la capital son delincuentes comunes que roban vehículos para transformarlos en dinero y los de La Araucanía no hurtan una sola tabla ni una rueda en sus atentados: ¡sólo les interesa amedrentar a la población, imponiéndole el terror para que se vaya de allí.

Un ejercicio simple de cálculo político lleva a la conclusión de que el Gobierno le tiene pánico a una acción realmente efectiva en contra de estos guerrilleros. En la eventualidad de que se les descubra  —cosa no muy difícil, porque las comunidades dicen saber quiénes son— y capture para someterlos a juicio, se le vendrían encima todas las agrupaciones indígenas locales e internacionales y, también, la infinidad de organizaciones de derechos humanos, todas, como se sabe, de ultra izquierda.

Si la población de nuestro sur quieren la paz y el pueblo mapuche también, ¿por qué ha sido imposible, en años, dar siquiera un mínimo paso para concretarla? Como la respuesta es política, obviamente que la única alternativa es una solución política, que no puede pasar  por el temor ni por supeditaciones ideológicas.

Raúl Pizarro R.

VOXPRESS.CL.