LA ARAUCANÍA: CÓMPLICES PASIVOS.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció hace pocos días que el gobierno está trabajando en la creación de un seguro para las víctimas de violencia en La Araucanía. La idea es que las personas afectadas por el conflicto puedan acceder a un seguro que las proteja contra los daños y apaciguar así una situación que amenaza con transformarse en un polvorín. Con todo, la medida no deja de tener sus dificultades.

Por un lado, hay una cuestión de lenguaje. Sabemos que el gobierno se ha negado a calificar de “terroristas” los actos perpetrados en La Araucanía, asegurando que se trata de hechos delictuales. Sin embargo, este instrumento se parecerá mucho más a un seguro antiterrorista que a uno contra robos. Y no se trata sólo de una disquisición semántica, pues la confusión es mucho más profunda: es virtualmente imposible enfrentar un fenómeno al que no podemos identificar.

Por otro lado, una iniciativa de este tipo consagra la abdicación del aparato público para con algunos ciudadanos. Desde Hobbes, la tarea fundamental del Estado es brindar seguridad; y en Chile estamos renunciando deliberadamente a ello. El mensaje parece ser: ya que hay una situación cuya naturaleza desconocemos, y que no podemos ni queremos controlar, lo ayudaremos a contratar un seguro. ¿No hay allí algo así como una invitación a salir del pacto social? ¿Qué disposición a pagar impuestos, qué deberes sociales, podemos exigir a quienes reciban ese mensaje? ¿Es normal que un gobierno de izquierda, que quiere darle más y más atribuciones al Estado, sea incapaz de esbozar respuestas coherentes frente al problema mapuche, y descargue sus responsabilidades en el sector financiero?

En rigor, la indolencia y la desidia frente a este problema están superando los límites de lo imaginable. Es obvio que la cuestión mapuche no puede reducirse a la seguridad pública, pero también es evidente que la entrega de tierras y las políticas seguidas han alimentado la escalada de violencia, al punto que se han banalizado actos que en Santiago no toleraríamos bajo ninguna circunstancia. Aquí se requieren miradas originales y arriesgadas, capaces de hacerse cargo de una cuestión que de no resolverse, hipotecará nuestro futuro: Chile deja de ser Chile si no integra esta dimensión. Se trata de una pregunta que interpela nuestra idea de nación, y que no podemos seguir eludiendo si queremos entrar al siglo XXI.

A pesar de todo esto, la Presidenta no ha visitado la zona durante su mandato (bueno, sí, en sus vacaciones), ni hubo mención el 21 de mayo. Aunque es innegable que su antecesor no avanzó demasiado, el silencio no deja de ser llamativo. Es raro querer cambiar la Constitución y reformar de cuajo el país sin tener nada -nada- que decir sobre esto. Al fin y al cabo, las políticas públicas más bienintencionadas, los más exigentes derechos sociales garantizados en el papel, y las elites más bienpensantes del continente valen poco y nada si su resultado es la complicidad pasiva con la descomposición política de La Araucanía. Todos sabemos que los silencios bien pueden ser culpables.

Daniel Mansuy.