ATROPELLO A LAS LIBERTADES EN VENEZUELA.

El arraigo impuesto por el gobierno a 22 personeros de tres medios de comunicación es otra muestra de flagrantes violaciones a la libertad de expresión.

EL REGIMEN venezolano ha continuado con su campaña de hostigamiento e intimidación hacia los escasos medios de comunicación independientes que han logrado sobrevivir en Venezuela, cuya resistencia a estas alturas puede calificarse de heroica. La última de las asonadas fue una inédita resolución judicial, que impuso orden de arraigo a 22 directivos y representantes de El Nacional, Tal Cual y el medio digital La Patilla, bajo el cargo de haber reproducido información -publicada por el ABC de España- que vincula a actividades de narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Este último presentó una demanda judicial en contra de dichos periódicos, la que fue prontamente acogida por el poder judicial, dictaminando esta medida cautelar, sin siquiera notificar de ella formalmente a los afectados. No hay claridad de cómo pueda evolucionar el juicio, pero en un país donde los tribunales están completamente capturados por el gobierno, parece improbable que se den las mínimas condiciones para un juicio imparcial.

Este nuevo ataque del gobierno constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y a las garantías ciudadanas esenciales, lo que no hace más que confirmar el peligroso camino hacia el que está transitando el régimen chavista, que en los hechos está actuando con métodos dictatoriales no obstante que en las formas se presente como una democracia. La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) ha formulado una dura condena por la situación acontencida con los 22 personeros.  “Muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento de poder político”, señaló el presidente de la SIP. También ha explicado que el proceso judicial es un abierto desafío a lo que ha dictaminado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que los medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios y que no han sido legalmente cuestionadas.

Sorprende el silencio que la comunidad de países de la región y sus respectivos organismos internacionales han mantenido respecto de este caso. La falta de condena decisiva ante la violación manifiesta de la carta democrática de la OEA no hace más que alimentar la escalada de sistemáticos atropellos en que ha incurrido el gobierno venezolano, tanto hacia los medios de comunicación como hacia las fuerzas de oposición. No podría ignorarse que sus principales líderes -el alcalde de caracas, Antonio Ledezma, y Leopoldo López- se encuentran ilegalmente detenidos en una prisión militar, cuya formalización de cargos ha sido inexplicablemente dilatada. Tal circunstancia ha motivado que el propio ex premier español, Felipe González -quien declaró a este medio que Venezuela “está en una situación crítica en cuanto a libertades”-, haya asumido la defensa internacional de ambos prisioneros, a lo cual se han sumado otros ex mandatarios de la región, quienes han levantado una enérgica voz de protesta.

La SIP ha dado cuenta en diversos informes sobre el progresivo deterioro de la libertad de expresión en América Latina, ya sea por la dictación de leyes que favorecen la censura, o por acción directa de los gobiernos mediante el amedrentamiento de periodistas, estatizando medios o privando a estos últimos de insumos básicos para su normal funcionamiento. Venezuela es el caso más ominoso, pero ciertamente no el único. Al coartarse la libertad de informar e impedir el rol de fiscalización del poder que ejerce la prensa libre, inevitablemente se resienten las bases mismas de la democracia.

Editorial Mercurio.