LA ARAUCANÍA: SIN PRIORIDAD EN LA AGENDA DEL GOBIERNO.

LA ESCUETA referencia a la necesidad de “erradicar fuentes de conflicto y avanzar hacia la paz social”, contenida en el mensaje presidencial del 21 de mayo, constituye un evidente reflejo de la mínima prioridad que la actual administración asigna a la crisis de seguridad ciudadana por la que atraviesan La Araucanía y, de manera creciente, las regiones colindantes. 

Los hechos delictuales e, incluso, de carácter terrorista que protagonizan grupos violentistas que se refugian en una supuesta reivindicación de derechos indígenas, han aumentado de la mano de una política gubernamental que se aferra a la entrega de tierras como una solución que, contrario del objetivo que se persigue, no hace más que incentivar las tomas y las presiones sobre los legítimos propietarios de esos terrenos.

Esa realidad, no obstante, resultó insuficiente para evitar que, en el marco de los escasos minutos que la Presidenta dedicó al problema en La Araucanía, se recurriera nuevamente a la entrega de tierras como manifestación de los supuestos avances de la estrategia del Ejecutivo, “con más de 466 millones de metros cuadrados de territorio fiscal entregado a personas y comunidades indígenas”.

Con toda seguridad, los moradores de esa casa patronal incendiada esta semana por desconocidos en Lanco, quienes apenas alcanzaron a huir de las llamas, esperaban más del mensaje. Al igual que el resto de la comunidad regional, incluyendo a la mayoritaria población indígena que convive y ejerce su ciudadanía de forma pacífica, son testigos del clima de inseguridad y del consecuente deterioro en sus condiciones de vida. Pero en lugar de medidas concretas en contra de estos grupos violentistas o, de al menos, una señal de respaldo o comprensión, terminan recibiendo por parte de las autoridades nacionales una incipiente propuesta de seguro que trataría de resarcirles eventuales pérdidas materiales.

Evidentemente, esa respuesta del Estado no está a la altura del problema. Las consecuencias de la violencia o de la delincuencia no se atacan con un seguro para cubrir necesidades materiales de las potenciales víctimas. Además de la acción decidida y bien respaldada de las fuerzas de orden y seguridad, se requiere un esfuerzo de inteligencia que permita identificar los grupos violentistas, actuar de manera proactiva y contar con las pruebas necesarias para el trabajo de la Justicia. Por cierto, nada de ello guarda relación con eventuales políticas que la autoridad pretenda desarrollar en favor de los pueblos originarios.

La irrelevancia del problema en La Araucanía y alrededores que reflejó la cuenta pública de ayer, lamentablemente sólo vino a confirmar la negativa percepción de una comunidad local que, luego del cambio del ministro del Interior, también esperaba una definición más contundente ante el problema de seguridad pública en la zona. El jefe de Gabinete debió aprovechar sus primeras semanas al frente de esta cartera para enfatizar la importancia de la seguridad ciudadana y promoverla como punto central del mensaje presidencial.

De no mediar un giro radical en esta limitada estrategia estatal, que deposita majaderamente su confianza en la entrega de tierras, el país corre el riesgo de que se vuelvan a cometer actos terroristas como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Esta semana, de hecho, estuvo cerca de ocurrir un hecho de esas consecuencias.

Editorial Mercurio.