FRUSTRACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ARAUCANÍA.

Se configura un cuadro complejo para la convivencia pacífica de la población de la región y para las posibilidades de región y para las posibilidades de generación de desarrollo económico y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

El crimen del matrimonio Luchsinger-McKay, junto con el dolor familiar y el estupor de la ciudadanía ante el asesinato de personas inocentes y ancianas, ha comenzado a generar, transcurridos más de dos años de los hechos, una enorme frustración en esa misma ciudadanía, así como en los fiscales y los familiares de las víctimas, respecto de la capacidad institucional del sistema policial y de justicia para encontrar a los culpables.

Hasta ahora solo ha sido posible detener, juzgar y condenar a Celestino Córdova, y solo porque resultó herido en el incidente, y como consecuencia de ello, fue hallado en las inmediaciones del lugar de los hechos. La forma en que ocurrió el incendio y muerte de ambas víctimas, y el resto de los antecedentes recolectados, han llevado a la fiscalía de La Araucanía a la convicción de que en el ataque participaron varias personas. Sin embargo, hasta ahora nadie más ha sido detenido y no ha sido posible avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en el castigo a los culpables.

Tanto la familia afectada como la fiscalía encargada de la investigación han sido categóricas en señalar que el problema más grave que enfrentan para resolver el caso, más allá de la dificultad de aportar pruebas que inculpen de manera directa a otros posibles participantes y la ausencia de elementos tecnológicos que permitan efectuar pericias iniciales con la diligencia y precisión requeridas, es la imposibilidad de contar con testigos que deseen aportar antecedentes que sirvan para sindicar al resto de los cómplices del hecho, por el temor respecto de sus vidas y las de sus familiares que se les infunde en caso de colaborar con la policía. Ello se ve agravado por el precedente de la Corte de Cañete que, el año pasado, obligó, en otra causa, a entregar los nombres de los testigos protegidos de la misma, lo que virtualmente elimina toda posibilidad de que estos mantengan su disposición a colaborar con la justicia.

De esta manera, se configura un cuadro complejo para la convivencia pacífica de la población de la región y para las posibilidades de generación de desarrollo económico y mejores condiciones de vida para sus habitantes. En efecto, por una parte, el Gobierno anuncia la posible creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, que entregue garantías a dichos pueblos para "gozar, en igualdad de condiciones, de los derechos y oportunidades que la ley ofrece a los demás miembros de la población", y, por otra, no ha mostrado la misma disposición y capacidad para otorgarle al resto de la población de la región garantías de que sus bienes y su seguridad serán resguardados por la institucionalidad vigente, cuando esta es atacada por pequeños grupos, radicalizados y violentos, que queriendo representar a esos pueblos indígenas, se sienten con el derecho de destruir bienes y vidas ajenas, sin acatar la ley. En un escenario como el descrito, no resulta extraño que muchas personas sientan que más que establecer "igualdad de condiciones" para las etnias originarias y la población civil de la región que no tenga ese origen, se están sentando las bases para condiciones de privilegio de los primeros en contra de los segundos, y eso no es el sustrato apropiado para que la zona prospere y, junto con ello, lo hagan los pueblos indígenas, los más afectados por la pobreza.

Es de esperar que cualquiera sea la institucionalidad que al respecto se construya, ella establezca, como elemento esencial, el aislamiento de quienes ejercen la violencia como método de acción política, puesto que ello es, y debe seguir siendo, un comportamiento inaceptable en nuestro país.

El Mercurio.