EL PAPEL DE LOS JUECES EN LA ARAUCANÍA.

La actuación sesgada de un tribunal es un hecho grave, especialmente debido a las posibles causas del sesgo, que pueden ir desde el prejuicio hasta el miedo...

Los hechos de violencia han pasado a formar parte de la vida cotidiana en La Araucanía y no se advierte progreso en su control, sino más bien un deterioro de las condiciones de seguridad pública. Se ha intentado explicar esta situación señalando que los tribunales de la región serían reacios a condenar a los acusados de actos violentos; es decir, que el problema no estaría en la falta de pruebas, sino en su valoración. Según esta visión, los jueces de la zona actuarían en forma sesgada, absolviendo en situaciones en las que otros magistrados condenarían.

Es urgente y necesario investigar si la explicación anterior, que ha sido entregada en diversos momentos por las autoridades encargadas de la persecución de los hechos de violencia, tiene sustento en la realidad. La actuación sesgada de un tribunal es un hecho grave, especialmente debido a las posibles causas del sesgo, que pueden ir desde el prejuicio hasta el miedo. Sería, pues, deseable que las instituciones universitarias y los centros de estudios comprometidos con el buen funcionamiento de la justicia en el país analizaran la información disponible -que es abundante pero no inabordable- y compararan los estándares de prueba que se utilizan en los casos de violencia en La Araucanía con los que se aplican a hechos análogos en el resto del país o, cuando menos, que se analizara la consistencia con que los jueces de la región están aplicando sus propios estándares.

Un reportaje realizado por periodistas de este diario reveló, a partir de los testimonios y percepciones recogidos en la región, una diversidad de elementos que podrían estar condicionando la actuación de los magistrados. Entre ellos, se mencionan deficiencias de prueba que los obligarían a absolver a imputados, aunque el juez se haya formado una opinión favorable a la condena; una formación profesional que centraría toda la atención en las garantías de imputados y acusados, junto con una dosis mayor o menor de indiferencia frente a las personas más favorecidas o de buena situación económica; el supuesto de que la Ley Antiterrorista se encontraría desacreditada en diversos ambientes de la judicatura por su carácter represivo, al punto que aplicarla podría significar incluso hipotecar la carrera funcionaria de un juez; la convicción de que el denominado "conflicto mapuche" es de índole política y social, por lo que la justicia penal debería mantenerse al margen cuanto sea posible.

A estos elementos se agrega el temor, referido tanto al reproche por decisiones eventualmente erróneas y que al mismo tiempo resultan ser muy visibles, como al miedo de ser objeto de represalias por parte de los condenados o de las personas cercanas a ellos.

Este escenario es complejo y preocupante, pues los factores señalados están presentes en muchos conflictos de índole penal y, especialmente, en aquellos con mayor trascendencia social. Las particulares circunstancias de La Araucanía hacen que las eventuales causas de una actuación sesgada se presenten en ella de un modo particularmente nítido, y que además se potencien recíprocamente. Ello sugiere la posibilidad de extraer importantes lecciones a partir de la observación de la experiencia viva, y aún en desarrollo, de esta región. Estas lecciones son cruciales para el futuro y para otras jurisdicciones, pero, en primer lugar, serán útiles para obtener reales avances en la misma zona afectada.

 

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