miércoles, enero 22, 2014

DÉFICIT DE ESTADO DE DERECHO EN LA ARAUCANÍA.



El Tribunal Oral de Angol declaró inocente al “werkén” acusado de haber participado en el homicidio de un sargento de Carabineros y otros delitos graves, cometidos en el marco de un allanamiento a una comunidad mapuche, por falta de pruebas suficientes, no obstante los testimonios de cuatro uniformados y un peritaje que acreditaban la presencia del acusado en el lugar y su participación en el hecho, aunque la sentencia no fue unánime.
El ministro del Interior mostró su sorpresa y desazón por la decisión, en un caso en que el gobierno es querellante y que consideraba sólido. La duda sobre la justicia de esta resolución se inscribe en la elevada cantidad de causas relativas a la violencia en La Araucanía en que “comuneros” fueron absueltos por pruebas que siempre resultan insuficientes. Nadie ha explicado por qué en estos casos la policía y el Ministerio Público una y otra vez no dan el ancho en materia probatoria, a diferencia de aquellos en que hay delitos “comunes y corrientes”, que según las estadísticas corren una suerte distinta.
Existe un informe del gobierno que precisa que 49 comuneros han sido exculpados desde 2009 y sólo 36 condenados, de los pocos casos que fueron llevados a tribunales (la cantidad de atentados sin autor comprobable es enorme), por lo que cabe suponer que alguna prueba había y motivó el juicio. Es que, como ha dicho el ministro, el estándar de prueba en La Araucanía es más alto que en otros tribunales de la República, lo que en buen romance significa que los jueces no quieren condenar. La pregunta es por qué sucede esto, y quizá la respuesta es porque los jueces viven allá.
También es sabido que muchos de los predios en La Araucanía gozan de protección policial y que los efectivos apostados en ellos contemplan a diario delitos de hurto, usurpación, explotación ilegal de bosques, etc., pero tienen instrucciones de actuar sólo en caso de extremo peligro personal para sus “protegidos” o a sí mismos. Detener a los delincuentes flagrantes podría terminar en mayor violencia y meterlos en un lío, y terminar acusados de cometer abusos contra los pobres comuneros. Entonces, poco se puede hacer.
En el origen de esa situación está que en La Araucanía no hay Estado de derecho, que se podría resumir para estos efectos en “aplica la ley sin mirar de quién se trate”. Pero en Chile, país supuestamente legalista y que estaría harto de los privilegios, basta que la violencia se rodee de una causa que se haga popular o con apariencia de justicia para que surjan las justificaciones e intereses políticos que la cohonestan, y entonces las leyes no se aplican. Peor aún, quien pretenda aplicarlas corre el riesgo de llevar la peor parte. Este es un fenómeno que se va expandiendo, sólo que hoy tiene su expresión más grave en la Novena Región, y que está llegando a muchos lugares y situaciones: por algo no se condena a nadie por los hechos del “día del combatiente” o de cada 11 de septiembre; por la toma de los puertos; por los daños en las protestas; etc. Nadie quiere estar contra una causa popular.
Los jueces y policías necesitan apoyo para su labor. No les pida actos heroicos si usted “entendió las razones” del acto de violencia que vio anoche en televisión.
Axel Buchheister.
VivaChile.org

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

Enlaces a esta entrada:

Crear un enlace

<< Página principal