LA DELINCUENCIA ESCOLAR ES CONSTITUCIONAL. (VIDEO).

Se halla en fase preliminar una nueva Fundación -Nueva Mente es su nombre- que, en términos generales, busca demostrar y ejercer el mayoritario poder de los anti-izquierdistas en el país.

La iniciativa, ajena a los políticos de cualquier lado, persigue transformarse en un gran movimiento ciudadano, activo y demostrativo, que diga "basta" a la prepotencia de la izquierda que impone a los demás lo que sólo ella considera válido y aniquila toda visión y acción contraria.

La entidad en formación marca un agotamiento de la población con  la soberbia de la izquierda,  que sigue estableciendo pautas de lo que hay que hacer y de cómo se debe hacer, ello ante la pasividad, el silencio y hasta la obsecuencia de quienes están del otro lado y que, se supone, la combaten.

Días atrás, tres senadores de izquierda -Francisco Huenchumilla, un progresista que le hace la vida imposible a la DC, Alfonso de Urresti (PS) y Felipe Harboe (PPD), rechazaron el proyecto Aula Segura en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta por considerarlo "inconstitucional".

Aula Segura es una norma legal que flexibiliza la autoridad de los rectores para expulsar sin más trámites a los alumnos violentistas, entre ellos, a quienes intentan quemar vivos a profesores, a quienes agreden físicamente a docentes, a quienes prenden fuego a las salas de clases y a quienes ocupan los establecimientos como centro de acopio y fabricación de bombas Molotov.

Dichos senadores reprocharon al Gobierno "hacer mal su pega" y lo acusaron de "desprolijidad" por no haber considerado en el texto del proyecto "el debido proceso" que garantiza la Constitución a todo individuo acusado de un delito. Según ellos, a estos maleantes juveniles los protege la Constitución Política del Estado.

Además de imponer prepotentemente una sentencia de lo que es y no es constitucional, dichos senadores dieron una nefasta señal de apoyo a la delincuencia escolar y reforzaron la criticada justicia garantista, que tanto ha dañado a la población  tras la reforma procesal penal.

Se materializa, así, un nuevo y deplorable ejemplo de que el privilegio lo tienen los victimarios por sobre las víctimas. En este caso específico, los únicos perjudicados son los profesores y las infraestructuras de los liceos.

No es coincidencia que el rechazo del progresismo a la iniciativa se haya   producido sólo horas después de que un grupo de muchachones del PC y el Frente Amplio cortasen el tránsito en Plaza Baquedano, colgando carteles alusivos a que "Aula Segura es dictadura".

Desde que en septiembre, el Presidente de la República firmara el proyecto, partidos de izquierda y sus brazos de activistas escolares anunciaron su repudio, justificando que el sistema de expulsión automática ya existe en los Manuales de Convivencia y que tales casos se dan con frecuencia.

De ser así  -lo que no dudamos-, todos esos expulsados tendrán que acogerse  a la teoría del "debido proceso" de Huenchumilla, De Urresti y Harboe, y reclamarán su reposición para exponer su defensa.

Es sorprendente el desconocimiento, no sólo de estos tres, sino de la izquierda toda, sobre el derecho constitucional de los organismos públicos y privados a dotarse de sus propios reglamentos, y son éstos los que mandan. Un apoderado, al matricular a un hijo/a, firma un documento en el cual compromete a su pupilo a respetar las reglas del establecimiento y reconoce las sanciones aplicables en caso de vulnerarlas.

Ése es el concepto de autoridad que está destacadísimo en nuestra Constitución, como igualmente el indispensable respeto hacia ella. La gran falla que permite que esto no ocurra es que la propia autoridad, por temor o cálculo político,  no se hace respetar ni, menos, ejerce esa facultad a que lo obliga la Carta Magna.

¿Por qué en Brasil, un país más empobrecido que el nuestro, elegirá Presidente a un derechista y conservador? Básicamente porque a sus ciudadanos les prometió autoridad para eliminar a los criminales que tienen enloquecida a la población.

Apenas anunciado su envío con suma urgencia al Parlamento, el proyecto Aula Segura fue aportillado por parlamentarios de izquierda, por todos los mal llamados movimientos estudiantiles e incluso por el mismísimo Colegio de Profesores, también en manos progresista. Como se advierte, se trata de un gran conjunto de fuerzas que nunca han respetado el concepto de autoridad, que están siempre en contra del sistema y que defienden a ultranza, incluso, los derechos humanos de los peores delincuentes.

No se escuchan sus voces cuando funcionarios de Carabineros son exonerados en el acto, y sin "debido proceso", tras acusárseles de "violencia innecesaria" en contra de estudiantes y mapuches subversivos por organizaciones de derechos humanos…, todas controladas por la izquierda.

Qué mensaje tan deplorable es el que le han enviado estos senadores al país y qué estimulante y alentador para los cabecillas y promotores de esta violenta revolución escolar. 

VoxPress.cl