UN PALO A CASTRO Y CIEN A PINOCHET.

En el Chile mediático, dominado por la izquierda, la principal víctima de la muerte de Castro ha terminado siendo Pinochet. Con el concurso de la “centroderecha”, por supuesto.

          Supe que en la televisión Pilar Molina declaró enfáticamente, en un programa sobre Fidel, no haber sido nunca partidaria de la Junta. Y yo que la consideraba una de nuestras “mujeres líderes”. 

Y luego, al leer el excelente artículo de Axel Kaiser, lleno de citas irrefutables contra la dictadura de Castro, me encontré la siguiente frase: “Así como no es sano para la convivencia nacional justificar crímenes cometidos bajo el régimen militar chileno”. ¿Cómo no va a ser sano reivindicar la verdad? ¿Tendremos que tragarnos la mentira de que los crímenes de un oficial subordinado en el Norte, cometidos por sí y ante sí, fueron ordenados por Pinochet, cuando ni siquiera éste ni la Junta los conocieron? ¿Es que tenemos que dejar que las grotescas falsedades de “Los Zarpazos del Puma” se erijan en la verdad oficial? ¿Es que no podemos aclarar que el degollamiento de tres altos dirigentes del FPMR no sólo no fue ordenado por el Gobierno Militar, sino que fue aclarado e investigado por éste, lo que le costó su cargo en la Junta, por “responsabilidad del mando”, al General Mendoza? ¿Es que no se nos permitirá aclarar también, como ha quedado establecido en los tribunales, que las quemaduras de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana las produjeron elementos altamente combustibles que ellos mismos portaban para quemar buses y pasajeros y que un accidente provocó que resultaran quemados? ¿Es que nos estará prohibido publicar que la Junta envió, en enero y febrero de 1974, circulares a todas las guarniciones ordenando respetar los derechos de las personas, lo que prueba que, si hubo algunos “atropellos a los derechos humanos”, éstos no fueron autorizados ni “sistemáticos” ni una política de ella? ¿Es que no vamos a poder demostrar que las torturas eran una práctica habitual de la policía política durante la UP e incluso bajo Frei Montalva –cuando no había una subversión de la magnitud de la que enfrentó el Gobierno Militar-- y que la primera vez que se investigaron las respectivas denuncias, con resultados judiciales, fue precisamente bajo el Gobierno Militar? ¿Va a ser vedado insistir en que el crimen de Letelier fue cometido por un agente norteamericano al cual ni Pinochet ni la Junta siquiera conocían de nombre ni que jamás habían autorizado cometer ese atentado? ¿Es malsano dar a conocer que de los 1.102 desaparecidos según los Informes Rettig y de Reparación y Reconciliación, se ha documentado el destino de 1.108 personas, lo que coincide con la “reaparición” de seis en los años recientes? (Ver mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, p. 262.) ¿Es que “no es sano para la convivencia nacional” divulgar ésas y otras verdades y desvirtuar tantas falsas consignas comunistas sobre el Gobierno Militar?

          Pues la propaganda oficial y en particular TVN (y también gente de derecha)  se han encargado de injuriar la memoria de Pinochet en los días siguientes a la muerte de Castro, para desviar la atención de lo que fue la dictadura de éste. Claro, no han podido impedir que se reprodujera la intervención de Ernesto “Che” Guevara en 1959 ante las Naciones Unidas, que prueba que en su gobierno sí fue política oficial y sistemática la de violar los derechos humanos, cuando dijo ante la Asamblea: “Estamos fusilando, hemos fusilado y lo vamos a seguir haciendo”. Y el concierto de las naciones aceptó y toleró eso y lo hizo por más de cincuenta años con entera impunidad. ¿Se imaginan ustedes lo que habría sucedido si un personero del Gobierno Militar hubiera dicho eso en Naciones Unidas?

Es que la estrategia ha sido “un palo a Castro, cien a Pinochet”. Un comentarista de “centroderecha” ha sacado a colación “la última cuenta de Pinochet”, para parecer “equilibrado”.  ¿”Última cuenta”? ¿Cuál? No puede decirlo, porque no existe. Repite y valida otra consigna falsa de la izquierda. Un tribunal que investiga “la fortuna de Pinochet” ha encontrado algo más de dos millones de dólares de éste, y no más, y los mantiene embargados, junto con las propiedades que tenía el ex Presidente, todo ello, en conjunto, de valor insignificante en comparación con la sola isla “Cayo Piedra” de Fidel Castro, con una mansión, yates (entre ellos el de su hijo Tony, que es gemelo del de Bill Gates) y el mayor acuario natural del mundo. 

Pinochet declaró públicamente un patrimonio de 118 mil dólares al asumir en la Junta en 1973. Actualizando valores y con un rédito normal, esa suma equivale a más de dos y medio millones de dólares de hoy. Y se olvidan de que el Director de Impuestos Internos socialista, tras examinar los 17 años de gobierno de la Junta, determinó que sólo había 544 mil dólares no explicados en los ingresos del Presidente Pinochet, que podían atribuirse a retiros de gastos reservados (ver “La Tercera”, 8 de octubre de 2005, p.4). Cuando se sorprendió a los gobiernos de la Concertación llevándose para la casa sobres con billetes de gastos reservados, bajo el gobierno de Lagos, se descubrió que sustraían 544 mil dólares cada dos meses, lo mismo que Pinochet en 17 años. Y a Pinochet ni siquiera le dieron oportunidad de explicar su retiro comparativamente minúsculo. Pero sirvió para declarar a su gobierno “corrupto”. ¿”Le hace mal al país” que se diga todo esto?

          Y resulta que el Libro Negro del Comunismo documentó 17 mil muertes en la Cuba de Castro; el New York Times, siempre más benévolo con él, habla de 5.500 fusilamientos. Pero acá los 3.197 muertos durante el Gobierno Militar, el 60% de los cuales, es decir, 1.800, cayeron entre el 11 y el 31 de diciembre de  1973, son “crímenes cometidos bajo el Gobierno Militar”, siendo que éste debió enfrentarse a no menos de veinte mil guerrilleros (diez mil reconocidos por Altamirano y doce mil venidos del extranjero, según la OEA, incluidos 5.600 cubanos reconocidos por la embajada de ese país); e incluyendo en la cifra 423 muertos a manos de la guerrilla de izquierda.

          Algo anda mal, muy mal. ¿Cómo puede compararse un Gobierno Militar que entregó el poder y que se estableció a petición de la mayoría democrática, al cual el principal jurista democratacristiano, Alejandro Silva Bascuñán –para no hablar de los juristas de derecha-- declaró “legítimo” en un acuerdo del Colegio de Abogados que él presidía y publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973, con una dictadura comunista que llegó al poder por las armas y eliminando a sus adversarios en “el paredón”; que estableció un régimen totalitario sin elecciones, sin prensa y sin salida democrática todavía, 57 años después?

El otro día me convidaron a un foro en un canal de TV (todavía no me explico por qué no me “desconvidaron” a última hora, como es lo habitual) y me encontré con la sorpresa de que la teleaudiencia, mayoritariamente, se pronunció por la alternativa de que el modelo cubano de Fidel Castro “seguirá siendo un modelo a seguir”. ¿Qué esperanza tenemos, entonces? Ellos pueden continuar falseando la historia, atropellando los derechos humanos, arruinar al país y permanecer siendo “el modelo a seguir”, mientras nosotros no podemos ni siquiera reivindicar la verdad, porque “le hace mal al país”.

          En “La Salida”, el más reciente libro de Allamand –quien en estos días es mencionado como posible sustituto de Piñera si éste se retira, a raíz de haberse descubierto una enésima irregularidad de su parte— se deja constancia de que, para ellos, “la derecha” en Chile no existe. El espectro llega hasta “la centroderecha”, donde está él, Allamand, y cuya receta resumida es “adoptar el legado de Aylwin”, junto con Piñera el principal denigrador del Gobierno Militar y perseguidor ilegal de los uniformados que combatieron el terrorismo, completamente olvidados todos ya de la frase que le dijo el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en 1974, al mismo Patricio Aylwin: “Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia. Después llegará la hora del derecho”. Entonces Aylwin, menos de 20 años después, se alió con los comunistas, condenó urbi et orbi a los militares en el Informe Rettig y pidió a la Corte Suprema no aplicarles la amnistía (que ya había beneficiado a los terroristas de izquierda), lo que culminó cuando dicha Corte Suprema renunció a aplicar las leyes (como lo confesó en su oficio de 27 de marzo de 2015, al decir que “la legislación chilena no tiene delitos adecuados a esa realidad”, la necesidad de condenar a militares por delitos inexistentes y hechos amnistiados y prescritos), e inventó los “delitos de lesa humanidad” y la ficción jurídica del “secuestro permanente”.

          ¿Qué hizo el Colegio de Abogados, regido por una mayoría de “centroderecha”, ante este flagrante atropello a las leyes? Nada. Peor: lo encubrió, según veremos. ¿Cómo comparar el Colegio de Abogados presidido en 1973 por Alejandro Silva Bascuñán, que declaraba legítimo el Pronunciamiento, con el Colegio de Abogados de hoy, que rechazó publicar en su revista un artículo mío (siendo yo abogado y afiliado al Colegio) que criticaba un fallo de la Corte Suprema que sostenía la mentira flagrante de que cinco oficiales de la Armada mantenían secuestrado hasta hoy a un extremista de izquierda con entrenamiento militar en Cuba, muerto en 1973? A propósito, yo publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015 ese artículo y ha merecido hasta hoy casi dos mil visitas.

          ¿Pero qué sacamos con ganar en todas las cifras, mostrar un resultado tanto mejor en todo, incluido el tema de derechos humanos, si tenemos en contra a la propaganda, a la propia “centroderecha”, a un Colegio de Abogados “nuestro” y hasta a nuestros mejores espadachines de la palabra escrita diciendo que le hace mal al país rescatar la verdad sobre el gobierno militar?

Hermógenes Pérez de Arce.