BACHELET: LA DESINFORMACIÓN.

Se ha estado intentando instalar la idea que la baja popularidad de Bachelet en las encuestas se debe a que no tiene medios periodísticos a su favor. En palabras de la Presidenta: “Debemos mostrar capacidad para derribar el muro de la desinformación”. Del Muro de Berlín no habló tan duramente en su momento.

El otro argumento que se esgrime, y que revista “Qué Pasa” atribuye a Pedro Güell, es que La Moneda tendría un déficit comunicacional. Es decir, culpemos mejor al empedrado, no a lo muy mal que lo estamos haciendo, al diseño de las reformas, y a la incompetencia diaria del Gobierno que hasta Eyzaguirre concediera hace menos de dos meses. Esto a fin de inflar el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno, específicamente a Secom, que promueve la imagen presidencial. Nada que debiera extrañarnos. Bachelet siempre ha sido un producto de marketing mediático desde que apareció en escena. Es más, cuando se desinfló en las encuestas durante su primer gobierno, pusieron el grito de “femicidio” en el cielo y, por alquimia comunicacional, del 46% en 2007 remontó al dudoso 83%, propio de país africano. Lo que se olvida es que en 2009 el gasto en imagen y comunicaciones del Gobierno se estimaba en alrededor de 2 millones de dólares mensuales, monto que, si se le compara, se estaría doblando según las cifras actuales que cita “Qué Pasa”.

Ante lo cual, cabe preguntarse, ¿a qué “desinformación” se refería Bachelet en el Caupolicán? Boletines oficialistas, mensajes radiales y en canales de televisión, cadenas nacionales, también en regiones, entrevistas y cápsulas informativas de 15 minutos con autoridades de gobierno y beneficiarios sociales, fuerte despliegue de avisaje… Todo esto, que antes llamábamos propaganda, y que ahora se pretende inflar con platas frescas para el gobierno se parece más a ese otro lado del Muro de Berlín que a lo que habría que derribar –la supuesta desinformación– intentando imponerles a los medios y a cualquiera que disienta la clásica Ley del Embudo.

Hay signos que lo confirman. Los modelos mediáticos que maneja el Gobierno son similares a la de ciertos países sudamericanos, totalitarios en materia comunicacional. Para qué decir campañas de “educación cívica” para promover el “proceso constituyente” (otros 4 millones de dólares); la ley de reciclaje que se tramita en el Congreso (que si no se cumple con la meta de “reciclar” un determinado porcentaje de los diarios que se venden, se queda a merced de la autorización del Ministerio del Medio Ambiente); emplazamientos como la de la diputada comunista Vallejo a que radios –mencionó a Radio Bío Bío– entreguen espacios gratuitos a deudores de créditos Corfo, a modo de “filantropía” informativa, a fin de difundir facilidades para dichos deudores, ya que “el Estado no va a poder estar financiando spots publicitarios” (Plop!).

Ojo: esta obsesión con el lobby comunicacional es la última táctica a que están abocados, no sólo el Gobierno, también las universidades estatales. Me consta.

Alfredo Jocelyn-Holt