MUERTE DE UN POLICÍA : EL LÍMITE SOBREPASADO.

Para Chile, es trágicamente elocuente la gravedad y extensión de los disturbios, barricadas, saqueos y vandalismo de antenoche en variados puntos del país: Villa Francia, Recoleta, Peñalolén, Conchalí, Quilín, La Pintana, entre otros, en Santiago; en Concepción, un edificio y laboratorio de su universidad, incendiados; 415 buses dañados, cuatro vehículos particulares quemados; 260 mil usuarios de Chilectra sin energía domiciliaria, a resultas de "cadenazos" contra los cables; 26 carabineros heridos, así como un número no bien precisado de civiles. Y, como coronación, un carabinero muerto.

Absolutamente ninguna motivación ideológica puede justificar lo anterior. Las fuerzas que organizaron y ejecutaron estos desmanes criminales denotan, además, un alarmante grado de organización, de entrenamiento que virtualmente sugiere un embrión de guerrilla urbana (de su equivalente rural ya son evidentes las manifestaciones en La Araucanía), y de disponibilidad de abundante equipamiento para avanzar en esa dirección. Además, la proyección de esta imagen al mundo causa un daño político y económico grave, que puede afectar en grado significativo los muchos avances y logros tan duramente alcanzados a lo largo de los últimos 40 años.

Pero, en este caso, es indispensable centrar el foco en la muerte del carabinero abatido por un disparo mientras una patrulla intentaba impedir un saqueo en Quilicura, en plena capital. Ella marca el punto en que se sobrepasa un límite intransable, cuyo impune quebranto ningún Estado de Derecho puede permitir sin poner en riesgo su propia subsistencia, pues la fuerza pública es, precisamente, la personificación por antonomasia de dicho Estado.

Porque lo es, para la opinión ciudadana, el mundo político y las propias instituciones policiales, hoy día es del todo inadmisible que ninguno de los miembros de éstas se propase en su función y, so pretexto de ésta, atropelle los derechos de una persona. Si alguno lo hace, se alza un justo clamor desde todos los sectores, e instituciones, ONG, partidos y medios se movilizan, y los responsables reciben rápida sanción, en conformidad con normas legales y administrativas que en las últimas décadas se han ido ajustando para impedir semejantes excesos.

La contrapartida natural y obvia de ese justificado rigor es que las policías -que encarnan el Estado de Derecho- deben entenderse intangibles por la violencia. Ningún país desarrollado permite que sus policías sean impunemente provocados, agredidos, insultados, emboscados y atacados con armas de toda clase -incluidas las de fuego y gases para contrarrestar su acción-, lesionados gravemente y aun muertos, como aquí ocurrió.

Éste es el límite, y ese límite se ha atravesado. Ningún gobierno, ni el actual ni ningún otro, puede permitirlo sin reaccionar en grado proporcional. Urge una revisión completa de cuáles son los procedimientos lícitos y legales para enfrentar embestidas de violencia programada y generalizada, como las que en otro tiempo precedieron al derrumbe de nuestra democracia. Balines de goma contra balas de combate, bastones contra bombas molotov, orden de mínimo contacto contra decisión de violencia a ultranza; severidad con las fuerzas de orden, lenidad para con los violentistas. Ello determina un desequilibrio que los segundos bien conocen y aprovechan.

No se propicia brutalidad policial, sino fuerza legal suficiente para que las policías vuelvan a ser capaces de enérgica disuasión, como corresponde a un Estado de Derecho. Los países desarrollados -anglosajones, latinos y otros a la par- lo demuestran cotidianamente, con éxito para la seguridad pública y respeto de los derechos básicos. Esto no supone excesos, pero sí eficacia inequívoca, y determinación política que la respalde.

EMOL.CL