viernes, enero 10, 2014

PODER JUDICIAL: LO QUE NO SUCEDIÓ.

Sebastián Piñera declaró que la oleada de atentados en La Araucanía, tiene carácter "terrorista" y criticó la actitud de algunos jueces "que privilegian más los intereses de los delincuentes que los derechos de las víctimas".

Tardío. Su mandato toca a su fin y por mucho que hoy se invoque la Ley Antiterrorista, aún el exiguo número de procesados, mañana, conforme las declaraciones de Michelle Bachelet, lo serán sólo por delitos comunes. Esa es su política.

Por su parte el nuevo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñóz, rechazó las críticas formuladas por el primer mandatario. A su juicio, estas serían "infundadas y carentes de antecedentes" y que el carácter general de las mismas, impide una respuesta. Consideró, tal vez "nos vamos a tener que acostumbrar" pero que cada Poder del Estado ejerce su función y "no va a ser este presidente - sostiene el mismo Muñóz -, quien cuestione las determinaciones de otros poderes ... "

Algo de historia. Bajo Patricio Aylwin (24 de agosto de 1990), la Corte Suprema apoya unánimemente la constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1978. Según el abogado Alfonso Insunza Bascuñán, con esa resolución, todos los casos de DD.HH
anteriores a ese año, para los efectos prácticos quedaban cerrados.

Y el 26 de enero de 1991, el máximo tribunal, suspende por dos meses, sin goce de sueldo al juez Carlos Cerda, por negarse a aplicar la Ley de Amnistía en un caso por la desaparición de trece personas.

Pero ya el 25 de abril de 1990 el DS 355 crea la llamada Comisión Rettig. El Informe respectivo fue entregado el 4 de marzo de 1991. Aylwin, al enviarlo al Poder Judicial,  lo hizo acompañado de un oficio en el que hacía presente "al Excmo.Tribunal que, en mi concepto la Ley de Amnistía no impide investigar" cosa, que efectivamente se hizo pero sin aplicar dicha norma con posterioridad.

En consecuencia, el Poder Judicial, se acostumbró, ya en aquella época. Y lo que vino posteriormente, configuró un desequilibrio neto en tribunales. Y se sabe a favor de quiénes: de la izquierda victimizada.

Porque el mecanismo de promoción a la Suprema, desnaturalizado por la Concertación que lo utilizó para formar una mayoría proclive a su línea política, trajo innumerables males, que en el sistema garantista se agudizaron al extremo y rayan en el absurdo.

La situación de La Araucanía que motivó la fuerte pero tardía crítica de Piñera a algunos jueces, es de tal entidad que el Estado de Derecho en algunas zonas "liberadas" simplemente no existe. El hecho de que en el incendio de Temucucui las autoridades debiesen exigir "garantías" a los denominados comuneros, para ingresar al lugar y sofocar las llamas, es evidencia de lo anterior. Y en parte, esto responde a que los jueces temen aplicar la ley o quizá sienten simpatía por la llamada causa indígena en circunstancias que lejos de beneficiarla, están en la práctica contribuyendo a la impunidad de los elementos terroristas.

Aún con la gravedad de ello, no es menor el sobreseimiento dictado por la jueza Liliana Mera quien descartó la querella presentada por los familiares de los escoltas del Presidente Augusto Pinochet, asesinados por el FMR, por órdenes del mando militar del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

Antes, el ministro Mario Carroza, celoso en extremo para sentenciar a militares, optó, convenientemente, por declarar su incompetencia. Substanciar esa causa, obviamente podría acarrear futuros inconvenientes políticos.

En esta línea, dictó (7 de enero) un masivo procesamiento de ocho ex oficiales y suboficiales de la FACH por la desaparición del sacerdote francés y militante del Partido Socialista, Etienne Pesle de Menil ¡el 19 de septiembre de 1973!  

Pero regresando a lo anterior, según la ministra en visita, Liliana Mera, el delito de homicidio calificado terrorista múltiple, estaría prescrito y desechó la calidad de lesa humanidad. Pero resulta que el propio Teillier confesó su autoría intelectual. Sin embargo nada sucedió.

El 29 de junio de 2009, once años después de suscribir el Tratado de Roma, Chile ratificó dicho instrumento reconociendo validez a la Corte Penal Internacional. En consecuencia, Teillier no podría ser juzgado por delitos contra la humanidad. Pero ocurre, en tales circunstancias que, los presos políticos militares PPM, menos debieron serlo ni condenados por una ley que no existía al momento de los hechos.

Es decir, esos tribunales que el juez Muñóz defiende en su actuar, no lo hacen conservando la igualdad ante la ley, ni aplican la Ley de Amnistía que está vigente, ni consideran el principio de irretroactividad, el de la cosa juzgada, la prescripción y tampoco se concede beneficios a los uniformados.

Eso es lo que no sucedió. Pero en cambio, los jueces, impelidos por la izquierda dedican su tiempo no a impartir justicia, sino que lo pierden, declarando que Allende se suicidó, que Neruda falleció producto de un cáncer prostático, que el general Fernando Matthei nada tuvo que ver con la muerte del general Alberto Bachelet, cosas que todo el mundo sabía, pero en la que los tribunales malgastaron su esfuerzo y recursos del constribuyente, en establecer algo obvio y evidente. Lo que sucede es que no hay justicia y la ciudadanía está harta de simulacros. Los familiares de los PPM y la gente de trabajo de La Araucanía lo pueden atestiguar.

DespiertaChile.

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