LA LEY DEL (RICARDO) RINCÓN.

EL 23 DE ABRIL, el señor diputado Ricardo Rincón González concedió una entrevista a este diario  en que dijo sentirse “tratado como un animal”.

Días antes, el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano resolvió amonestarlo “por el incumplimiento de asistencia obligatoria a terapia psicológica individual”.

La terapia fue ordenada por un tribunal civil en una decisión pronunciada el año 2003 -hace 14 años- a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra. La decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones. En tanto, también se presentó una denuncia por lesiones, que fue sobreseída temporalmente por falta de pruebas.

El Tribunal Supremo DC condenó todo tipo de violencia contra la mujer.  Por otro lado, estimó que no podía pronunciarse sobre los hechos ya juzgados, y decidió reprochar, con una amonestación, la pertinaz y pública oposición del parlamentario a cumplir con la condena civil. En lenguaje simple, constató que el diputado no respeta la Constitución.

La sentencia no reparó en la trascendencia nacional del tema que estaba resolviendo, como sí lo hizo, en cambio, la prevención de Raimundo González y Luciano Fouillioux. Ellos, con certero criterio jurídico, advierten que el denunciado, además de militante DC, es también abogado y diputado, y que desde esa doble condición se ha colocado en una gravísima actitud de rebeldía contra una sentencia ejecutoriada, quebrantando el orden jurídico e incumpliendo el principio constitucional de igualdad ante la ley.  

Todo ello, por la sencilla razón de no estar de acuerdo con lo resuelto por el tribunal. En el extremo, debemos añadir, el propio diputado ha expresado que la sentencia no le fija plazo para cumplir lo decidido y que nadie ha denunciado el desacato (ni él tampoco ha alegado la prescripción). En esta tierra de nadie, la ejecución de la sentencia terminó por quedar a criterio del condenado, quien, asumimos que en la ignorancia de sus pares, llegó a integrar ni más ni menos que la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.

Se comprenderá entonces que la situación, ahora revelada en sus matices, haya sido percibida por muchas personas, militantes o no de la DC, al menos como una desfachatez. De ahí cierta ira en su contra, que volvió a encenderse el 23 de abril pasado con la entrevista al diputado, quien insistió que no se sometería a la terapia ordenada, reiterando los mismos argumentos ya rechazados y manifestándose ofendido al  señalar que “han tratado de presentarme como un animal”.

Frente a tal sentimiento, uno no puede menos que pensar en el brutal desprecio que el parlamentario ha mantenido por años contra la institucionalidad que ha jurado respetar, abjurando no solo de las reglas del derecho que estudió, sino, más grave aún, de los deberes inherentes a su encargo ciudadano. La señal es gravísima: el primer llamado a respetar y fortalecer la institucionalidad, la desafía abiertamente.

Así, bajo el pretexto de defender su nombre, el honorable diputado ha causado un daño mayor a nuestro ya frágil sistema político. Es hora que se someta al imperio de la Constitución. O se le recordará, a propósito de su propio lamento,  como una araña de rincón. Sea así o no, lo bueno es que la ley llega a todos los rincones.  

Alvaro Ortúzar.