REPARTO DE PENSIONES.

Se ha visto que en Gendarmería existía la práctica de ascender a ciertos funcionarios en situación de próxima jubilación a un grado elevado, con el consiguiente incremento sustantivo de remuneración, o de beneficiarlos con una suculenta asignación especial de “función crítica”. El beneficiado podía, incluso, esperar para jubilarse el mes de pago de un bono de desempeño, con un incremento adicional –aunque circunstancial– del sueldo y obtener así una pensión equivalente al “último mes”, no importando lo que hubiere cotizado.

Fue el caso de Myriam Olate, quien logró una pensión parcial de $ 5,2 millones. Parcial, porque sólo tenía 21 de los 30 años para jubilar con pensión máxima. Si los hubiera tenido, habría conseguido unos $ 8 millones de jubilación. Nos explicó que su caso hace ver la vergüenza del sistema de las AFP, en que se jubila en función de lo ahorrado, donde la gran mayoría de las personas lo hace con montos que no son ni la sombra de lo que ella merecidamente ha logrado con el “sistema de reparto”. Una pensión que triplica el sueldo que tenía al asumir este gobierno.

¿Cómo se llegó a esto? Con leyes que se hicieron sin atender a razones técnicas. Cuando el “Movimiento Lautaro” mató a cuatro gendarmes para rescatar a un preso suyo, se tomó nota que los custodios de prisiones, que tienen un trabajo de alto riesgo, carecían de un sistema de protección de accidentes del trabajo, el que si bien era obligatorio para el sector privado, el Estado no se lo exigía a sí mismo. Pero en vez de corregir esto –como años después se hizo para todos los funcionarios públicos–, se tomó una medida más popular: traspasarlos a Dipreca y sacarlos del sistema de AFP, mezclando en el problema las pensiones de retiro. Así el gremio de los gendarmes quedaba feliz, ya que además de la protección de accidentes laborales, podían jubilarse prematuramente, lo que no pagarían ellos, sino otros.

En el traspaso se incluyó a los funcionarios civiles, que no comparten los riesgos de un gendarme, ni hay razón para que se jubilen anticipadamente, que pudiera haberla tratándose de los últimos, pero en tal caso la solución razonable es que el fisco pague una cotización adicional en el fondo de pensiones. Como debiera hacerse con las FFAA y Carabineros, cuyo sistema de pensiones está en una profunda crisis financiera.

Luego vino la ley que otorgó retribuciones adicionales para funciones críticas, que incluyó a Gendarmería, y que posibilitó elevar las remuneraciones en los términos ya anotados. Nadie se preocupó de sustraer esos montos de la base de las pensiones o exigir, al menos, que éstas se calcularan sobre un promedio de las remuneraciones percibidas. El gobierno anterior se dio cuenta de la situación y mandó un proyecto de ley que excluía a los funcionarios civiles, pero fue rechazado en el Congreso porque los parlamentarios no toman medidas impopulares.

Los abusos que hemos conocido eran predecibles, pero no se hizo nada efectivo para prevenirlos o ponerles atajo. Es lo que pasa cuando las pensiones las financia Moya en un sistema que sugerentemente se llama de “reparto”.

Axel Buchheister.