LA "FICCIÓN JURÍDICA" DEL @PJudicialChile

Vean como trata de explicar lo inexplicable un ministro del Poder Judicial de Chile, que reconoce que se inventa una ficción para meter presos personas. La ficción es la figura del secuestro permanente, es decir personas desaparecidas hacen décadas para los jueces están secuestrados, no necesitan demostrarlo ya que esa es la ficción.
Muchos jueces, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en Chile admiten que hacen ficciones que les permite meter presos a ex Militares que combatieron el extremismo en Chile. Nuestro país tiene la deshonra de tener presos políticos. Los eventuales delitos no se comprueban, apresan ancianos octogenarios y enfermos catalogándolos como un peligro para la sociedad. Cuando el raptor muere el supuesto desaparecido sigue secuestrado.
Con esa prevaricación meten presos políticos a la cárcel, además de estar prescritos y amnistiados.


Ministro Solís Reconoce Ficción Jurídica, Es decir en Chile los Jueces Suponen, no Prueban. from Ricardo Lopez Bisquertt on Vimeo.

INHABILIDAD.

Hernán Crisosto Greisse ministro en visita extraordinario para causas de DD.HH condenó a 77 ex agentes de la DINA por la supuesta desaparición del mirista Eduardo Ziede Gómez.

En su resolución, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga a 13 años de presidio, por secuestro calificado. Y a otros 72 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, a 10 y 4 años de cárcel sin beneficios.

En lo civil, el tribunal obliga al Estado a pagar $ 100.000.000 a la viuda de Ziede y $ 70.000.000 al hijo de ambos, cuestión muy importante en esta política de reparaciones subsidiando gente.

Sorprendente. Nada menos que 77 agentes del Estado, resultan condenados en esta causa donde el mirista Ziede Gómez, figura como desaparecido. Sin embargo, para los jueces no solo la prescripción no rige para estos asuntos: aplican el Tratado de Roma de 2009 para juzgar hechos anteriores, retroactividad que es, desde todo punto de vista, ilegal como todos sabemos.

En cuanto al Caso Quemados, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del capitán de Ejército (r) Pedro Fernández Dittus quien está recluido en el Comando de Telecomunicaciones de la Institución. En fallo dividido, la Cuarta Sala estimó que, en esta etapa procesal no cabría acoger el recurso que buscaba anular el juicio, por existir "cosa conocida, juzgada y fallada" como sostuvo el abogado Enrique Ibarra, de manera que se seguirá el curso habitual.

Esto ya lo dijo el ex juez Alejandro Solís "si las causas están archivadas se pueden abrir en cualquier momento" 

Solís dirige la Unidad de DD.HH del Ministerio de Defensa, cuya labor, se supone, será  la de "facilitar" la entrega de información de las FF.AA en esta materia ¡Y sobre él no pesa inhabilidad alguna!

Pero ¿después de 42 años, es racional suponer que aún se guardan datos o antecedentes secretos al respecto? 

El propio Comandante en Jefe de la Institución, el general Humberto Oviedo Arriagada, ingresó solo en 1975 a la Escuela Militar? ¿Qué información podría guardarse de hechos inmediatamente anteriores, como de los derivados del combate a los grupos armados del MIR en 1974, por ejemplo?

¿O en el caso Quemados, donde el testimonio de un conscripto que ni siquiera estaba en el sitio del suceso, al momento de la detención y del incidente mismo que concluye con la  vida de Rodrigo Rojas Denegri, inculpa a los integrantes de dos patrullas militares? Todo es contrario a derecho.

Incluso el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, tras sostener en 2014, que en las FF.AA existían "pactos de silencio", posteriormente (el 11 de agosto), al acompañar al general Oviedo al Congreso, afirmó tímidamente que no había tal y que en el Ejército, éstos no existen, como es obvio para todos.

Las necesidades (debilidades políticas) del gobierno, nos traen un septiembre rojo (nuevamente) y el anuncio de que se trabaja en habilitar uno de los pabellones de la cárcel Colina I para recibir, eventualmente a militares, es otro insulto y una nueva humillación. 

Con el ingreso del mayor Jaime Torres Gacitúa, Punta Peuco alberga ahora a 101 presos y su capacidad, luego de la ampliación es de 112 plazas. Dos condenados comparten allá, una habitación de dos por tres metros. Y como Carmen Gloria Quintana se convirtió en vocera de gobierno, sabemos que Bachelet anunciaría el mes entrante, el cierre del centro penal. Lo cual pone la situación en una dimensión distinta. 

DespiertaChile.