... //DESDE ESTE LADO DE LA TRINCHERA//...: EL BANDO N° 5, FUNDACIONAL.

La mañana del Once de septiembre de 1973, hacia las 10 más o menos, caminé desde mi casa a la de Jaime Guzmán, quien entonces vivía en Galvarino Gallardo, entre Pedro de Valdivia y Lyon.

En su pequeño living había una docena de personas, entre ellos el recién fallecido Eduardo Boestch, quienes nos dispusimos a oír la radio. Fue en ese lugar donde la mayoría supimos por primera vez de la existencia del famosoBando Nº 5.

Recuerdo perfectamente –otras cosas no las tengo en la memoria– que en la mitad de la lectura del bando, Jaime miró a don Eduardo y le dijo simplemente: “Eso lo cambiaron”. No sé a qué aspecto concreto del documento se refería, pero lo que resultaba obvio es que Guzmán había conocido su contenido horas antes.

Si se pretende tener un mínimo de honradez respecto del Once de septiembre, el Bando Nº 5 debiera ser de lectura y discusión obligatoria en la enseñanza media. Obviamente, su análisis va a depender siempre del profesor –y ya sabemos cómo se comportarán en una gran proporción los enseñantes de disciplinas humanísticas– pero habría que confiar en que el texto, aun deformado por sus analistas, pudiera causar un impacto intelectual fuerte en los jóvenes chilenos, hoy mayoritariamente capturados por la propaganda de izquierda.

Confiar en la fuerza conceptual e histórica del Bando Nº 5 significa reconocer que el Once de septiembre de 1973 tiene una densidad superior a casi todos los otros acontecimientos de la historia nacional, con la sola excepción del proceso de independencia.

Para eso, cada persona hoy angustiada por la deformación histórica, tiene que difundirlo por la red y por medios escritos, debe discutirlo en casas y centros culturales, debe asegurarse que no haya joven de su ámbito familiar y social que no lo conozca, que no pueda preguntar y razonar a partir de ese texto en el que, sencilla pero rotundamente, se fundamenta la aplicación en Chile del derecho de rebelión: todo un acontecimiento teórico y práctico que ningún compatriota honrado debiera ignorar.

Bando Nº 5

Santiago, 11 de septiembre de 1973

Teniendo presente:

Que el Gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho en general, a una digna y segura subsistencia;
Que el mismo Gobierno que ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras las ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas;
Que el mismo Gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar y no hacer cumplir el Derecho, gravemente dañado en reiteradas ocasiones;
Que además el Gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, o en forma flagrante en otras, las que, por distintos motivos, han quedado sin sanción;
Que, asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado resquicios legales, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen;
Que, también, reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los Poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, con excusas inadmisibles o sencillamente, sin explicaciones;
Que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico, en desmedro de actividades nacionales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país;
Que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asignó y por tanto el carácter presidencial del Gobierno;
Que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios, siquiera, de preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos;
Que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico y, en el Gobierno, una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile impidiendo llevarla al puesto que por vocación le corresponde, dentro de las primeras naciones del continente;
Que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del Gobierno es inconveniente para los altos de intereses de la República y de su Pueblo Soberano;
Que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir, pues para lograr esto no hay otros medios de razonamiento exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas.
Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir.
En consecuencia, la legitimidad de estas normas se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades.