CAJEROS Y COMISARÍAS.

LA INSTALACION de cajeros automáticos del Banco del Estado en las comisarías de Carabineros, ha sido presentada por el gobierno como una solución ideada por una autoridad ágil y creativa para un problema que afecta a los usuarios, que habría sido bien recibida por éstos.

Pero en realidad esconde un reconocimiento brutal que la delincuencia domina sin contrapeso en vastos sectores y que la inseguridad ciudadana ha llegado a límites tales, que no existen las condiciones mínimas para realizar ciertas actividades cotidianas. Porque la disminución de los dispensadores de dinero se ha debido a los incontables robos -no resueltos- que han sufrido y cuya operación se ha sumido en la anormalidad, más allá de lo que quisiera y puede manejar la industria bancaria, que nunca antes tuvo inconvenientes para suministrar un servicio crecientemente demandado por la ciudadanía. Y entonces, que se tuvo que recurrir a la última reserva para que pudieran operar.

Son deberes esenciales e irrenunciables del Estado velar por el imperio de la ley y otorgar seguridad a la ciudadanía. Cuando alguna actividad normal se tiene que atrincherar dentro de las unidades policiales para realizarse, la autoridad ha fracasado en cumplir su cometido básico”.

Y también cuando les echa la culpa a las víctimas de los delitos que sufren, porque cualesquiera sean los argumentos sobre los resguardos que debieron emplear para minimizarlos, no son más que una disculpa para desviar la atención cuando el fenómeno delictivo está fuera de control y la seguridad pública no es tarea del sector privado.

Pero en su afán de aparentar una solución, el gobierno ha incurrido en irregularidades que afectan el buen funcionamiento de la economía, dando así otro paso para desmantelar el régimen que hizo de nuestro país un modelo de crecimiento y buena administración de los recursos. Porque si bien el Banco del Estado es una empresa estatal, se desenvuelve en un mercado competitivo y cobra a los usuarios por sus servicios, como cualquier entidad bancaria. La Constitución prohíbe que las empresas del Estado reciban privilegios.

Las comisarías, que son bienes fiscales, son lugares atractivos para emplazar los cajeros: ¿Carabineros llamó a una licitación abierta para asignar esos espacios entre los distintos bancos?; ¿el Banco del Estado paga un arriendo por usarlos?; y si es así, ¿cómo se determinó su valor?; ¿es legal que dentro de las comisarías se realicen actividades comerciales, susceptibles de interferir con su función propia?”

La Contraloría General de la República debiera tomar cartas en el asunto.  También lo tendría que hacer la Fiscalía Nacional Económica, pues se ha dado un privilegio que puede afectar la competencia en el mercado de los dispensadores de dinero.Que ejerzan sus atribuciones es fundamental, no sólo para que impere la ley -un bien cada día más escaso en nuestra sociedad-, sino para que las cosas vuelvan a su cauce y la autoridad pública no tenga excusas ni pueda montar escenas para evadir su rol: perseguir a la delincuencia y mostrar resultados, sin endosarle la culpa a otros.

Axel Buchheister.