LA INVESTIGACIÒN SOBRE FALSOS EXONERADOS QUE CANAL 13 GUARDA EN EL CAJÒN.

Capítulo de Contacto fue postergado indefinidamente :
El programa tiene congelado un reportaje que revelaría un millonario fraude usando la Ley Valech, que incluso tocaría a parlamentarios de la Concertación. En el canal de Andrónico Luksic y la Iglesia Católica dicen que su exhibición fue suspendida porque no estaba terminado. Pero una de las fuentes usadas por el programa acusa censura.
El jueves 15 de septiembre a las 15:30 horas, un grupo perteneciente a la Confederación Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, llegó hasta la Confitería Torres que está instalada en el subsuelo de La Moneda.

Habían sido convocados por la producción del programa Contacto de Canal 13 para ver el capítulo en el que varios de ellos habían colaborado y prestado testimonio. Luego de una larga investigación que partió el año 2008, al fin los asistentes verían el resultado: las pruebas de que cientos de millones de pesos destinados a reparación de exonerados, han sido entregadas a personas que no les corresponde.

Pero los invitados no vieron nada. Según uno de los asistentes “la producción dijo que el programa no se emitiría por decisión de los ejecutivos. Ni siquiera nos mostraron el trailer”.

El programa que sería emitido este martes, fue reemplazado por otro, que indagaba sobre las consecuencias de accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios, una pauta estilo prevención del 18 pero que se transmitió después de Fiestas Patrias.

“POSTERGADO” Y NO “CENSURADO”

Inmediatamente surgió la palabra “censura”, sobre todo desde los dichos de Raúl Celpa, presidente de la agrupación de exonerados, y uno de los consultados por el programa.

El dirigente acusó a René Cortázar, presidente del directorio de Canal 13 y ex ministro del Trabajo cuando se promulgaron algunas de las leyes de reparación, supuestamente vulneradas según los datos del reportaje. “Cortázar censura el programa, por la responsabilidad que le cabe como autor de estas leyes y de su procedimiento de aplicación y el alto grado de involucramiento de las más altas autoridades del país en estos hechos”, dice Celpa.

Cortázar, quien llegó al máximo cargo ejecutivo de Canal 13 de la mano de Andrónico Luksic cuando el empresario se convirtió en el accionista mayoritario del canal el año pasado, tiene un historial de situaciones parecidas.

En noviembre del año 2000, cuando Cortázar estaba a cargo de TVN, también fue acusado de censura al tijeretear un capítulo emblemático de Informe Especial dedicado a las operaciones de la CIA en Chile durante el gobierno de Salvador Allende.

En dicho programa se dedicaría un bloque completo a la colaboración de la agencia estadounidense con el diario El Mercurio. Pero Cortázar, a pedido de los directores de derecha de TVN, solicitó cambios en el capítulo donde según él, Chile quedaba como una “marioneta” del servicio de inteligencia norteamericano.

Jaime Moreno Laval, director de prensa de entonces, se negó a hacer los cambios y Cortázar, que lo había nombrado, le pidió la renuncia. El periodista no aceptó, provocando una crisis política al interior del directorio que se tradujo en la salida de Cortázar del canal. Luego de  su renuncia a TVN, el ahora presidente del directorio de Canal 13 se convirtió en asesor comercial de El Mercurio.

Ahora, aunque extraoficialmente, en el canal de Luksic niegan de plano las acusaciones de censura del reportaje de Contacto. Aseguran que el programa fue visto por Jorge Cabezas, jefe de Prensa de la estación, junto a otras autoridades del canal y su evaluación arrojó que el reportaje “no estaba terminado”, que “le faltaban fuentes esenciales”, como las autoridades del gobierno anterior, responsables de las supuestas irregularidades. “El programa será emitido cuando esté listo, no es lo mismo una hora de Contacto que una nota de dos carillas”, dice con arrogancia un ejecutivo del canal, consciente de que la investigación contiene datos muy delicados.

COLETAZOS EN EL CONGRESO

Según trascendió los periodistas del equipo que encabeza Pilar Rodríguez habrían comprobado la participación de parlamentarios, específicamente de la Concertación, en las irregularidades a la hora de asignar beneficios económicos a exonerados políticos, que resultaron ser falsos.

Los parlamentarios, entre los que estarían dos senadores PS y un diputado DC habrían testificado a favor de algunas personas en la Subsecretaría de Interior, repartición de la que depende el Programa de Reparación para Exonerados Políticos. Estos testimonios habrían contribuido a que se otorgaran beneficios a personas a las que no correspondía.

Los datos de Interior

En  agosto de 2010, la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior recibió un requerimiento de la PDI de Temuco. La policía solicitó asistencia para comprobar la autenticidad de los documentos hallados en la oficina de Julio Allendes Allendes, de calle Bandera 565.

En el lugar se encontró una nómina con 1.500 nombres de supuestos beneficiados con la Ley Valech además de oficios, certificados y resoluciones que decretan la calidad de exonerados para estas personas.

Desde el pasado 12 de septiembre Allendes, quién se hacía pasar por abogado, está formalizado y en prisión preventiva por 17 casos comprobados de estafa reiterada.

“Los antecedentes que nosotros mantenemos hablan en realidad de 40 o 45 casos. Nos ha llegado una denuncia del Ministerio del Interior que amplía antecedentes sobre personas (supuestas víctimas) que se ubicarían en la ciudad de Valdivia”, dijo la fiscal a cargo del caso Ximena Chong.

EL FANTASMA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Paralelamente, la Subsecretaría de Interior realizó una indagatoria cuyos resultados fueron conocidos el año pasado, por la comisión investigadora de la Cámara que se formó el año pasado a raíz de la denuncia hecha por otro programa periodístico: Esto No Tiene Nombre de TVN.

En ese reportaje se acreditó que la universidad Uniacc, encabezada por el PPD Daniel Farcas entregaba cursos con cargo a las becas Valech, que entre otras cosas, no conducían a ningún grado académico y se ofrecían a personas sin Enseñanza Media completa y más aún, sin derecho a los beneficios que otorga la ley 19.992.

En la exposición que hizo la Subsecretaría de Interior, se consignaron diversas irregularidades. Entre ellas, adulteración de documentos y nóminas de falsos exonerados, de empresas que no fueron jamás intervenidas por la dictadura y lo más grave, que Interior recibió 125 denuncias sobre mal uso de los beneficios, que no fueron debidamente investigadas.

En el informe, emitido por la comisión en diciembre de 2010 y aprobado por la Cámara, se establece respecto del caso Uniacc, que “las responsabilidades políticas, por una falta de diligencia grave en el ejercicio de sus funciones, recaen directamente en las ex ministras de Educación, señoras Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara; en el jefe de la división jurídica de la división de educación superior del Ministerio de Educación, señor Julio Castro, y en el jefe de gabinete de este último, señor Rodrigo Lahsen”. Además de otras universidades involucradas, como la Bolivariana, La República, propiedad de la masonería.

Sin embargo, es la querella presentada en agosto del año pasado por Interior contra Julio Allendes, lo que impulsa nuevamente la investigación de Contacto. Porque según Raúl Celpa, el reportaje ya había sido postergado al final del gobierno de Bachelet. “El 26 de junio de 2009 una productora nos comunica la suspensión del programa”, dice.

Ese mismo año, en agosto  un capítulo de Contacto sobre el comportamiento de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, fue suspendido, sin que hasta ahora haya salido al aire.

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