PARA LA JUSTICIA ES PECADO SER CARABINERO.

La Justicia chilena, con cierta frecuencia,  desnuda ante el país sus más aberrantes contradicciones,  que se han enraizado en los tribunales tras la puesta en marcha de la garantista reforma al sistema procesal penal. La población ha asumido como cruel realidad que, hoy,  se prioriza la presunción de inocencia por sobre el delito en sí, esto es, mientras no haya pruebas irrefutables y convincentes, el delincuente no puede ser imputado, ni menos condenado.

A la simple vista de hechos cotidianos, el 98% de los autores de delitos, son reincidentes, independiente de su edad. Recientemente, un malhechor capturado tenía ocho órdenes de detención pendientes, dos de ellas por homicidio: andaba libremente por las calles. Si bien el nuevo sistema contribuye a este desmadre de la delincuencia, la gran responsabilidad la tienen los jueces a quienes, en términos generales, se les define como prevaricadores –dictan sentencia a sabiendas de  que no hacen justicia-, pero, en rigor, son individuos prejuiciados por motivaciones ideológicas. Si el acusado sintoniza con los ‘valores’ del magistrado, hasta puede irse libre de polvo y paja, aunque haya protagonizado una muerte por atropello.

El generalizado sentimiento de injusticia de la Justicia entre la población tiene al Poder Judicial en el penúltimo lugar de evaluación de las instituciones, apenas un puesto más arriba que los peores de los peores, los políticos y, desde luego, el Poder Legislativo.

Un juez de garantía condenó a 22 años de cárcel a un suboficial de Carabineros por agredir a una comerciante ambulante. La única prueba en su contra fueron testimonios de vendedores informales callejeros, respecto a quienes la Municipalidad de Estación Central solicitó a la policía que los sacara de la vía pública por ser competencia ilegal al comercio establecido, por originar disturbios, por acosar a transeúntes, por participar en delitos y por increpar y agredir a los guardias de la comuna que los fiscalizan.

El país conoció -por imágenes de la televisión-  enfrentamientos con cuchillos de ambulantes en pleno centro de Concepción, a piedrazos y puñetes en calles de Viña del Mar y de protestas violentísimas en avenidas de Temuco. Las municipalidades de las principales ciudades del país están desde hace años dando una lucha franca a los vendedores ambulantes y hasta existen ordenanzas que multan a quienes adquieren su mercancía ilegal. En la diversidad de quienes se instalan en las veredas, y se pelean por el mejor derecho de un lugar, se guarecen delincuentes comunes buscados por la policía.

El sargento Francisco Arzola Ruiz, a pedido de la Municipalidad de la Estación Central, dirigió una patrulla para  fiscalizar a los comerciantes ambulantes y sólo permitir el trabajo de quienes cuentan con el permiso respectivo. Durante uno de estos controles fue increpado por una comerciante, ante lo cual el suboficial ordenó a sus subalternos llevarla al bus para trasladarla a la comisaría y proceder a citarla al Tribunal de Policía Local.

Al interior del vehículo, y todo fruto exclusivo de la versión de la ambulante, ella dijo haber sido maltratada por Arzola y tomada de su cuello para tranquilizarla. Este testimonio fue avalado por otros tres comerciantes que también fueron introducidos al bus policial. Las denuncias de los detenidos fueron las únicas pruebas que tuvo a la vista el juez de garantía para condenar al sargento Arzola… ¡por  torturador!

Es oportuno recordar que el presidente del Senado, el profesor de Castellano Jaime Quintana (PPD) atropelló y dio muerte a un carabinero que intentó controlar la velocidad de su automóvil en la ruta que une Vilcún con Temuco. Se negó al alcotest, no pisó una comisaría y la Justicia ni siquiera ha fallado acerca de una indemnización para el fallecido policía.

La Corte ratificó la libertad para quienes, en Las Cruces, fueron sorprendidos con su auto lleno de armamento, y los uniformados  que hicieron el hallazgo fueron sumariados, porque el tribunal consideró que excedieron sus funciones… Días atrás, de visita en casa de su padre, un carabinero sorprendió a un delincuente robándole su auto y, al escapar, lo baleó La Fiscalía ordenó su aprehensión y un juez lo dejó en prisión preventiva.

Dada su “violencia innecesaria””, al carabinero Arzola lo condenaron a 22 años de cárcel, en tanto a quien le extrajo los ojos a Nabila Riffo y trató de matarla, en Aysén, lo  sentenciaron a una pena de 18 años de presidio, tras un juicio mediático que duró meses y con una infinidad de pruebas.

Una cosa, muy respetable, es hacer justicia, pero otra, repudiable, es sentarse en ella. Bien lo sabe el ahora ex sargento de Carabineros, dado de baja con especial premura de su institución.

Raúl Pizarro Rivera.