GIORGIO JACKSON: EN CHILE HAY PRESOS POLÍTICOS MILITARES.

Gracias Giorgio por abrirnos los ojos a esta dolorosa realidad.

Me caen bien Giorgio Jackson, Gabriel Boric y la Camila Vallejos. En cambio, Karol Cariola con su repetitiva monserga comunista la hace odiosa e incurrir en continuos errores históricos políticos.

         Giorgio, Gabriel y Camila, con un buen lenguaje y dicción, claros, valientes, tenaces y sin titubeos frente a las cámaras y micrófonos lograron levantar un tema que hizo transpirar sangre al siempre tibio gobierno de la titubeante y zigzagueante derecha chilena.

         En efecto, estos tres “chiquillos” que en unos pocos días más serán convertidos oficialmente en “honorables” pusieron de relieve una necesidad que todo Estado en vías de desarrollo, a mi parecer, DEBE tener: la gratuidad universal de la educación en todos sus niveles y, por supuesto, la muy buena calidad de ésta, sin sectarismos ni politización. Aquello, no obsta a la existencia de una educación privada en todos sus niveles y con fines de lucro, dando así la oportunidad del que pueda o quiera elija una o la otra.

         Mas, a estos tres “chiquillos” les reconozco como virtuosa actitud el haberse sometido al juego democrático de las elecciones donde resultaron victoriosos. Se nos anduvo cayendo la Camila. Fue infraccionada por Carabineros en el sur por conducir su poco proletario vehículo a exceso de velocidad. Una vez ungida “honorable diputada” ya no lo podrá hacer, pues una cuestión ética se lo impedirá, al menos, así lo dice la teoría.

         Pero, Giorgio, hace unos cuántos días, se nos dio un tremendo porrazo, el cual tiene dos aristas importantes, siendo del caso analizarlas por separadas. Lo vimos ingresando al ministerio de Justicia, acompañado de don José Manuel Parada, hijo de un señor del mismo nombre y que fuera, junta a otras dos personas, asesinado en Santiago en el año 1985 por efectivos de Carabineros de Chile.

         En el ministerio y a voz en cuello, ante una nutrida y diversa  concurrencia de medios de prensa, quienes –pienso– no llegaron por inspiración divina, Giorgio justificó su “espontánea” presencia allí porque reclamaba acerca de los beneficios intra-penitenciarios recibidos por dos de los carabineros involucrados en tales execrables homicidios, en circunstancias –argumentaba– de tratarse de un delito sindicado como de “lesa humanidad” y como tal, sostenía con fuerza, no les debiere corresponder nada.

         Giorgio no pudo sustraerse a la vieja “maña” tan arraigada en la fauna política nacional. Se hizo acompañar en esta gestión por el joven Parada, quien es hijo de doña Estela Ortiz viuda de Parada, la mejor amiga e integrante del “círculo de hierro” de la presidenta electa, doctora Michelle Bachelet. En tal circunstancia, la presencia de la prensa estuvo siempre asegurada para amplificar el lucimiento de nuestro futuro honorable.

         El procedimiento nos parece espurio, pues estamos frente a vicios llamados “oportunismo”, “amiguismo”, e inmoral lobby. El acto ocurrió tal como fue, por la cercanía de las personas a la presidente electa. Por el contrario, ¿usted cree que aquel hecho hubiera tenido la cobertura de prensa exhibida si Giorgio hace lo mismo pero para un familiar de los campesinos asesinados en Paine, o de un hijo del carabinero, también asesinado, Bruno Burdiles?            

         No; se lo aseguro que no. Entonces el acto que pudo tener una razón legítima desde el punto de vista del dolor del joven Parada, Giorgio, con su presencia y declaraciones lo convirtió en espurio. Feo. La segunda arista y, quizá la más delicada, son los dichos de nuestro inexperto futuro “honorable”: “(…) por tratarse de delitos de lesa humanidad, no les corresponde (a los ex carabineros) ningún beneficio (…)”. Quien le pasó aquel libreto es ignorante, o bien, lo hizo con mala intención.

         La ley N° 20.357, “Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra”, fue promulgada el 26 de Junio del año 2009, por doña Michelle Bachelet Jeria, en tanto Presidente de la República y sus respectivos ministros de RR.EE. y de Justicia.

         Habiendo leído esta ley y su documento inspirador, el Protocolo de Roma del 17 de Julio de 1998, es posible afirmar que en todo el recorrido de ambos cuerpos legales no se encuentra inhibitoria alguna en orden a que los condenados por delitos de lesa humanidad estén impedidos de acceder a los beneficios intra-penitenciarios, normados en el Decreto Supremo (J) N°518/2011, o a la libertad condicional, fijada por el decreto ley N° 321, o a Indultos Particulares o Generales, indicados en la ley N° 18.050, “Ley General de Indultos”.

         Sin embargo, lo que si dispone dicha ley, artículo N° 40°, es la imprescribilidad de los delitos de esta naturaleza. Entonces, si las personas están presas en Punta Peuco, con beneficios intra-penitenciarios o no, es porque sus delitos no fueron prescritos ni amnistiados por la justicia. Elemental ¿no?    El reclamo de Giorgio no se aviene ni con el espíritu ni la letra de la ley vigente sobre el particular.

         Subyace una gran cuestión de fondo. El artículo 2° de la ley señala que, para la concurrencia de delitos delesa humanidad, DEBE haber una política de Estado tendiente a la eliminación de personas de un determinado grupo, etnia, o similares. Los tribunales de justicia así lo han entendido en los fallos de estos últimos años (dejamos abierto el debate si aquello es justo o no). Los militares presos no han accedido ni a la prescripción ni, mucho menos, a la amnistía, esta última fijada por decreto supremo (J) de 1978, promulgado por el gobierno militar.  

Tomando la equivocada idea de Giorgio, lo señalado en la misma ley y el actual criterio de los jueces chilenos, es posible concluir que los presos militares, por orden de los gobernantes de la época, quienes, además eran sus superiores jerárquicos, desarrollaron una política de Estado tendiente a dar muerte a personas de un determinado sector político. En consecuencia, dichos presos tienen la categoría de presos políticos porque la motivación para cometer delitos fue, sin duda, política.

         Resulta inmoral no reconocer que a los cincuenta y cuatro presos de Punta Peuco judicialmente son considerados autores de delitos de lesa humanidad y, para los efecto políticos, delincuentes comunes sin derecho a beneficios.

         Luego, el Estado de Chile, a través de sus gobernantes de turno, aunque duela y resulte vergonzoso, debiere reconocer que, en la cárcel de Punta Peuco, hay cincuenta y tres presos políticos.

         Gracias Giorgio por abrirnos los ojos a esta dolorosa realidad.

Luis Montero V.