MINISTRO CHADWICK RESPONDE A LORENA FRIES SOBRE ACTO EN CÁRCEL DE TEMUCO.

Señor Director:

Con asombro he leído la carta publicada ayer, enviada por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien critica las declaraciones del Gobierno en orden a no compartir los criterios de Gendarmería de la IX Región, que autorizó un acto masivo en la cárcel de Temuco, dirigido por Celestino Córdova, bajo el pretexto de la "celebración del año nuevo indígena".

En sus argumentaciones jurídicas, la directora recurre a la interpretación de tratados internacionales. Como Gobierno tenemos el mayor respeto por ellos y su aplicación sin olvidar la existencia de nuestra Constitución Política, que en su artículo primero reconoce el derecho a la dignidad de cada persona, reforzándolo en su capítulo sobre las Garantías Constitucionales al iniciarlo garantizando a toda persona el derecho a la vida e integridad física y psíquica. Sin olvidar, por supuesto, el mandato constitucional de que el Gobierno y la administración del Estado, incluyéndose dentro de ello la seguridad y el orden público, corresponden al Presidente de la República.

Parece que la directora olvida que hace solo seis meses se cometió un crimen atroz en La Araucanía, en donde un matrimonio de la tercera edad fue quemado vivo, muriendo totalmente calcinados y destruidos todos sus bienes bajo el fuego. Olvida que el único imputado por la fiscalía regional como autor del delito terrorista de incendio con resultado de muerte es precisamente quien encabezaba la celebración masiva en su lugar de detención. Olvida que dicho crimen ha generado un dolor inconmensurable a la familia del matrimonio Luchsinger-MacKay, entre ellos sus cinco hijos y nietos. Olvida que dicho acto terrorista ha generado una gran conmoción social en dicha zona trayendo temor e inquietud a la población. Olvida el derecho a la vida de aquel matrimonio indefenso y el derecho a la dignidad y el respeto por el dolor de sus familiares.

Me pregunto cuál sería la reacción de la directora si en algún penal del país se hubiese permitido una acto masivo religioso dirigido por un sacerdote imputado por gravísimos delitos de abusos sexuales de menores o un ex militar que encabezara un masivo acto de celebración de una conmemoración militar estando imputado por gravísimos delitos de violación a los derechos humanos. A nuestro juicio, no parecería razonable autorizarlos por respeto a las víctimas, a la seguridad de los penales y a la protección del bien común. La consistencia en el actuar de la autoridad les da solidez a las instituciones.

Es difícil que la directora pueda apreciar en el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay el dolor de las víctimas o la desolación de una zona frente a este macabro hecho delictual. Lo creo así porque ella nunca ha tenido ni siquiera un minuto para visitar a los hijos del matrimonio, preguntarles por los hechos, sus circunstancias, sus dolores como víctimas, sus necesidades de justicia o de acompañamiento o solidaridad de dicho Instituto, perteneciente a todos los chilenos. Tampoco ella ha requerido antecedente alguno de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y el orden público.

Finalmente, la señora Fries señala que el principal problema de derechos humanos en el país serían las cárceles. Esta afirmación podría llevar a un interesante debate. Pero a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos con respeto me atrevo a señalarle que a juicio del Gobierno, en la Región de La Araucanía el principal problema de derechos humanos radica en la violencia existente en dicha zona por décadas y que hoy en día se ha expresado en un crimen atroz como el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay.

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA.

Ministro del Interior y Seguridad Pública

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