DESALOJOS LEGALES....

27/09/2011 - 04:00
Señor director:

... Las decisiones adoptadas por el alcalde de Providencia, Cristian Labbé, con el fin de recuperar la posesión de los establecimientos educacionales de Providencia, largamente ursurpados por un sector de sus alumnos que impide el normal desarrollo de las actividades docentes, son claramente ajustadas a derecho. Con tales decisiones se resguardan los valores superiores de la Constitución que nos rige.
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Por el mismo motivo, también es legítima su resolución de cerrar el año escolar de tales establecimientos. El alcalde, en su condición de jefe superior y responsable de cautelar los intereses municipales, ha cumplido con un deber incorporado en la Carta Fundamental.

El Artículo 6, inciso primero, aprobado en la reforma de 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, sostiene que es una obligación de los órganos del Estado "garantizar el orden institucional de la República", con el fin de asegurar la vigencia al Estado de derecho y evitar rupturas institucionales que, en épocas no tan lejanas, costaron tan caro a nuestro país.

Frente a esta responsabilidad, no es posible que las autoridades perseveren en actitudes pasivas, ante la prolongación de delitos como la usurpación a sus legítimos dueños de cualquier colegio o liceo, provocando de paso la violación de otros derechos esenciales, como el derecho a la educación, la libertad docente y de enseñanza, y la libertad de trabajo.

Lo obrado por el alcalde debiera ser rápidamente imitado por otros, cualquiera sea su posición en la política contingente. Es malo tolerar bajo cualquier pretexto infracciones gruesas al espíritu y normas de la ley fundamental que han sido dictadas, justamente, para asegurar el imperio del derecho y, a través de éste, una auténtica paz social.

Gustavo Cuevas Farren
Profesor de DerechoConstitucional