UNA HUMILLACIÓN A LA FUERZA DE ORDEN.

El 4 de marzo de 2019 tendrá que ser recordada como una fecha lúgubre en el historial del Cuerpo de Carabineros. Dicho día fue publicado en el Diario Oficial un Decreto con los nuevos protocolos a que deben atenerse los funcionarios policiales en su misión de “mantener el orden público”.

El objetivo para el cual fue creado Carabineros no fue ordenar y dirigir el tránsito, mantener Hogares de Menores, ofrecer conciertos con su Orfeón, reencontrar a familiares perdidos o participar en concursos ecuestres. Fue concebido como un ente destinado a resguardar la tranquilidad de los ciudadanos -“duerme tranquilo” dice su himno-, para lo cual es ineludible disuadir toda expresión violenta, sea de quien sea, que altere la paz, la convivencia y la normalidad de la población.

Carabineros no nació para investigar, rol que le fue erróneamente endosado, con consecuencias muchas veces adversas y hasta nefasta. Para ello se creó, más tarde, la policía de Investigaciones, hoy PDI. Su rol natural, entonces, es reestablecer el orden donde éste se haya alterado.

Sin embargo, eso ya no seguirá siendo así, por un Decreto que oficializa un golpe irrecuperable al alma misma de la institución, con “actualizados” protocolos que incluyen los “nuevos modos” con que sus funcionarios deben enfrentar y controlar los disturbios y la violencia pública.

Si las fuerzas de Carabineros ya estaban cohibidas y reprimidas por mandato de la autoridad política, con estos “modernos protocolos” quedarán simplemente en la indefensión frente a los cada vez más frenéticos desórdenes públicos y manifestaciones de violencia. Causa fundamental de este nuevo y lastimoso estatus es la obsecuencia y sumisión de los Gobiernos de Chile a  Tratados internacionales.

Excepto los convenios económicos, por sus acotadas asociaciones, el resto de los Tratados han sido concebidos por el socialismo internacional, con la venia y complicidad de la ONU, para imponer sus reglas por sobre las internas de los países. Este tipo de control remoto le ha dado a la izquierda buenos dividendos, en especial en regímenes que le son políticamente adversos. Prueba de ello es este paquete de protocolos para aminorar cada vez más la capacidad de disuasión de Carabineros.

Con el rótulo de “marco general con principios e instrucciones para el uso de la fuerza por parte del personal de la institución en relación a los niveles de fuerza, reacción o respuesta de las personas”, no es más que la respuesta de Chile a una instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ésta, el 21 de marzo de 2017, estableció la responsabilidad del Estado en la “violación de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos de las garantías judiciales y protección judicial de Álex Lemún, su familia y la comunidad Requén Lemún”. El joven activista mapuche murió por una herida de bala en medio de un operativo policial el 2002, en Ercilla.

El nuevo instructivo deja sin efecto la circular y la Orden General vigentes desde el 2013 y 2014, que contenían Indicaciones específicas pero menos restrictivas de las que acaban de entrar en vigencia.

En la circular de 2013 estaba  reconocido el principio de responsabilidad personal, pero ahora se hace extensiva a los mandos, instándolos a   “supervisar y a controlar la legalidad en la proporcionalidad de los actos de los funcionarios”. Es desgarrador el futuro que le espera a Carabineros en su  misión de controlar el orden: si su gente ya se sentía inhibida y temerosa, sus jefes eludirán tomar decisiones para no violar el protocolo. No querrán ser sumariados y dados de baja como sus subalternos “por excesivo uso de la fuerza”…

El reacondicionado protocolo especifica instrucciones para “un uso diferenciado y gradual de la fuerza”, prohibiéndola con determinados grupos, de la misma forma que si se tratara de otros, y -textual- que “es un tema que planteó dentro de sus observaciones el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”. No hay que leer con detención para detectar que se trata de “un trato especial” para las acciones de los comuneros extremistas mapuches.

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El colmo del absurdo es el nuevo protocolo de actuación ante “manifestaciones lícitas e ilícitas”. Todas las acciones violentas, generadas en manifestaciones autorizadas o no, son iguales por conducir a la alteración del orden y al daño a la propiedad ajena. Llega a ser ridículo suponer que activistas autorizados originan desórdenes pacíficos…

En otro ítem de la nueva norma se apunta al actuar de Carabineros en ocupaciones de establecimientos educacionales, en cuyos desalojos se debe tener en cuenta “el interés superior del niño”. Todo el país no sale de su asombro por el comportamiento de los ‘overoles blancos’ y alumnos extremistas en general que han hecho de la agresión a Carabineros una auténtica entretención, lanzándoles bombas Molotov, piedras, sillas y elementos cortantes. Los funcionarios deberán discriminar las detenciones entre niñas y niños, “considerando un necesario contexto cultural”… Por ser estudiantes, no pueden ser tratados como delincuentes, pese a que hayan intentado quemar viva a una profesora.

A partir de ahora no se puede detener a un adulto por explotación infantil, al utilizar a un menor en el comercio ilegal, ya que ello “se da en un contexto cultural distinto” Tanto el CIDH y nuestros INDH consideraron que los nuevos protocolos “son insuficientes”…

La guinda de la torta a este atropello a la esencia que la Constitución y la ley le dan a Carabineros, es el encargado de transmitirles a los funcionarios estos contenidos: el Departamento de Derechos Humanos de la Institución, el cual se convertirá en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, y que en conjunto con la Dirección Nacional de Educación y Doctrina impartirán capacitaciones en las distintas instancias de formación.

Increíble, pero muy real: en adelante, además de su equipamiento, cada funcionario deberá portar un Manual de Comportamiento Operativo, ello en medio de duras refriegas y agresiones, y cuidándose, mucho más que antes, de no detener a un inocente violentista pacífico, si no quiere arriesgar su baja. Todo ello, en medio del descontrolado crecimiento del desenfado con que el extremismo juvenil expresa su fanatismo ideológico

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