sábado, marzo 25, 2017

TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA PRESIDENTA BACHELET.



LA PUBLICACIÓN en este diario (La Tercera) de un reportaje revelando la compra por parte de la familia de la Presidenta de la República de un terreno de 5.000 metros cuadrados cerca del poblado de Los Choros y a 12 kilómetros del lugar donde busca emplazarse el proyecto minero Dominga motivó una dura respuesta de la ministra vocera de gobierno y de la propia Mandataria. Según la información recogida por este diario, el terreno fue adquirido por $ 6,5 millones a la nuera de la Presidenta -quien entre agosto de 2013 y enero de 2014 compró 12 lotes en la zona- y quedó registrado a nombre de su hija -hecho desconocido por la opinión pública hasta esta publicación- en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio de 2014, tres meses después de que Michelle Bachelet asumiera la presidencia.
En sus declaraciones la Mandataria plantea una supuesta intencionalidad del diario en publicar la información y niega que al momento de la compra tuviera conocimiento de que en la zona se evaluaba la construcción de un proyecto minero, agregando que “imaginaba que los proyectos mineros se hacen en la cordillera”. Las críticas incluso fueron más allá al poner en cuestión la libertad propia de cada medio para determinar lo que decide publicar e incluso su calidad profesional. “No había ningún fundamento (para lo publicado) y no hicieron ningún esfuerzo para averiguar un poquito”, dijo. Una afirmación abiertamente equivocada, porque se contactó en dos ocasiones a su jefa de prensa, quien optó decididamente por no responder, para concentrarse en la estrategia comunicacional de defensa del caso.
En una sociedad democrática como la chilena, los medios no sólo tienen el derecho sino el deber de determinar libremente su pauta informativa y la prioridad que se le da a la información obtenida, mientras que la autoridad política debe garantizar que este derecho se respete. Como ha sostenido en reiteradas ocasiones el relator de la Comisión de DD.HH. de la OEA para la libertad de expresión, los funcionarios del Estado deben no sólo ser más tolerantes a las críticas sino también están sujetos a un mayor escrutinio público por la misma función que cumplen y el mayor poder que detentan. Por ello no resulta prudente que una autoridad cuestione la libertad de un medio a investigar, seleccionar y publicar una información que además es verídica.
El interés público de toda información está determinado por el contexto en que ésta se produce lo que es plenamente aplicable en este caso. El terreno se ubica a pocos kilómetros de un proyecto minero que ha estado en el centro de atención en las últimas semanas, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazara la iniciativa y un diputado oficialista afirmara que “hubo presiones políticas de parte del Ministerio del Interior”. No solo no es prudente considerando su investidura sino que tampoco contribuye a elevar el debate que la principal autoridad del país busque desacreditar la labor de un medio de comunicación e incluso intente atribuirle supuestas intencionalidades por el solo hecho de no gustarle su contenido.
Editorial La Tercera.

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