martes, junio 21, 2016

MILITARES PRESOS: FIN AL DOBLE ESTÁNDAR.


Diecinueve senadores suscribieron un oficio dirigido a la Presidenta de la República para que adopte medidas administrativas humanitarias ante la situación de reclusos aquejados de enfermedades graves e incurables, sin distinción alguna. Abarca, por ende, a los militares y policías condenados por casos de “derechos humanos”, y lo significativo es que la petición incluye a cinco senadores oficialistas. Se unieron así al llamado del presbítero Fernando Montes en favor de los ancianos enfermos de Punta Peuco.
Una gestión de mínima justicia, que constituye un primer paso para poner fin al doble estándar en nuestro país en materia de derechos humanos. Pues nada justifica mantener ancianos en la cárcel, cuando ya no están conscientes ni capacitados para entender que están cumpliendo una pena.
Si el condenado no está en situación de percibir la pena, ningún propósito cumple mantenerlo privado de libertad. Además, es un despropósito práctico, ya que el cuidado de esas personas corresponde que sea asumido por su familia, pero se nos obliga a hacerlo a todos los chilenos a través del erario nacional. El único motivo para mantener presos a esos condenados incapacitados no puede sino ser el afán de revancha.
Con tal fin se usa la teoría que sólo los agentes del Estado violan los derechos humanos, lo que justificaría un trato diferenciado. La izquierda se moviliza siempre para asegurar las garantías del debido proceso y las razones humanitarias cuando se trata de delincuentes, pero no hay “ni perdón ni olvido” cuando el caso involucra a agentes del Estado, pero siempre que se identifiquen con la “derecha”. Porque bien pudieron dar asilo a, que era el primer agente del Estado de Alemania Oriental. En simple: ¿qué diferencia humanitaria hace que un anciano incapacitado haya sido o no agente del Estado?
La petición es un paso mínimo, cuando nadie ha querido ver que todos los encarcelados en Punta Peuco lo han sido en violación de sus derechos humanos. Sí, porque se ha faltado sistemáticamente al debido proceso. Hicimos una reforma procesal penal porque el sistema vigente no cumplía los estándares básicos, como son separar el acusador del juez, otorgar defensa jurídica al acusado, consagrar a éste el derecho de guardar silencio, presumir la inocencia, etc.
De tales derechos gozan hoy todos los chilenos, salvo los militares y policías. Estos son los únicos que se les sigue -más de década y media después de la reforma- iniciando nuevos juicios bajo el antiguo sistema, que niega todos esos derechos. Y no está de más recordar que ello se intensificó durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Además, con jueces designados ad hoc -lo que prohíbe la Constitución desde siempre- y que están bajo la “coordinación” de un ministro de la Corte Suprema, lo que atenta contra la independencia para fallar y vuelve casi estéril cualquier recurso ante los tribunales superiores.
El principal reclamo de los chilenos hoy es la igualdad de trato, pero frente a ese doble estándar han mirado para el lado. Hay que reconocer la valentía y misericordia del padre Montes. Pero también, y especialmente, de esos cinco senadores.
Axel Buchheister.

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