sábado, mayo 28, 2016

LA VÍA VIOLENTA II.


Hace casi un año escribí La vía violenta y por los hechos que han estado marcando la semana, me pareció que ameritaba una segunda parte.
El 25 de mayo de 2015, la Presidenta Bachelet abrazaba en La Moneda al padre de Rodrigo Avilés, el estudiante herido por un golpe en el pavimento, tras recibir el chorro de agua del guanaco de Carabineros mientras participaba en una protesta. Félix Avilés se reunía en ese momento con el ministro del Interior, y la Mandataria, en un gesto particularmente deferente y cariñoso, bajaba desde su despacho para saludarlo. Al mismo tiempo la familia recibía en la clínica la visita de los ministros de Educación, Justicia y Salud, quienes comprometían el apoyo de sus respectivas carteras para la pronta recuperación de Rodrigo y perseguir a los responsables; y el abrumador respaldo público de parlamentarios, la CONFECH en pleno, rectores de universidades y organizaciones de derechos humanos, todo con amplísima cobertura en los medios. Antes de un mes, el sargento segundo Manuel Moya, conocido como “el pitonero”, era dado de baja por la institución.
El miércoles pasado, el hijo de Eduardo Lara, el guardia municipal que falleció por un incendio provocado por una bomba molotov el sábado en Valparaíso, le informaba a los chilenos en una entrevista radial que, hasta entonces, nadie del gobierno de la Presidenta Bachelet se había acercado a saludarlos, ni a condolerse con la muerte del padre, ni a ofrecerles respaldo de ninguna especie. Tampoco han recibido el respaldo de organizaciones de derechos humanos, ni el de rectores o federaciones estudiantiles.
Cuidado con confundirse, no es doble estándar. Es convicciónPara la izquierda la violencia es una expresión legítima de protesta y la delincuencia una consecuencia de la desigualdad. De ahí que califique como “criminalización de la protesta social” a la acción policial para impedir la violencia en las marchas, y como “populismo judicial”, las iniciativas legislativas que buscan facilitar la persecución de delitos, sanciones proporcionales al daño que ocasionan.
La única violencia que no se acepta es la que proviene de “los agentes del Estado” (hasta que ellos mismos conforman ese Estado y entonces el combate a la sedición y al golpismo se convierten en los chivos expiatorios para actuar con total impunidad). Y la única delincuencia que debe sancionarse con las penas del infierno es “la de cuello y corbata”, convertida con bastante éxito en una nueva expresión de la lucha de clases 2.0 (con todo, la izquierda se muestra cuidadosa cuando esos delitos son cometidos por cuellos y corbatas amigas…).
Por eso el PS se rebela contra la agenda antidelincuencia. Por eso la oposición feroz contra el control de identidad, la prohibición para los encapuchados y las normas de protección para la policía. Por eso la izquierda persigue a Carabineros, ahora de manera formal a través del Instituto de Derechos Humanos; mientras la diputada Vallejo celebra que la irrupción de los estudiantes de la Cones y la Confech en La Moneda “(…) no fue violenta y fue totalmente pacífica”, pese a que todo Chile tiene todavía grabadas en la retina las imágenes del ingreso de los jóvenes al Palacio de gobierno, un tsunami de fuerza, empujones e insultos.
Esa posición, que no ha cambiado en el tiempo ni cambiará porque es esencial a su existencia, está representada en la indiferencia de la izquierda con la familia Lara: no todas las víctimas merecen el mismo trato, ni a todos los victimarios puede condenarse.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

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