domingo, noviembre 29, 2015

ARAUCANÍA: LA OLLA A PRESIÓN.


Podría estallar en cualquier momento. Porque muchos creen que las autoridades dieron la espalda a las víctimas del terrorismo de la Novena Región. Y al sentimiento de abandono, se suman aberrantes sentencias judiciales que solo contribuyen a acentuarlo.

Dos violentos activistas, Hugo Melinao Licán y Juan Queipul Millanao, procesados por incendio intencional, porte ilegal y receptación de armas de fuego y. de homicidio frustrado en contra de Carabineros, fueron absueltos de la mayoría de los cargos, por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

La noche del 2 de octubre de 2014, en la hostería de Pailahueque, Ercilla, dos transportistas cenaban cuando un grupo de encapuchados les atacó, procediendo a incendiar ambas máquinas. Carabineros llegó al lugar, produciéndose un intercambio de disparos, acción en la cual Melinao resultó herido siendo trasladado en ambulancia al Hospital de Victoria.Queipul, en tanto fue detenido horas después de los hechos.

Según la Fiscalía, Melinao arriesgaba una pena de 10 años y un día por el delito de homicidio frustrado de Carabineros en acto de servicio; cinco años y un día por el delito de incendio reiterado, 300 días por amenazas, más otros cinco años y un día, por el porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Hugo Melinao quedó en prisión preventiva. Sin embargo la medida ahora cambió a la ridícula figura de "arresto domiciliario total" porque el tribunal desestimó los cargos de homicidio frustrado contra Carabineros en servicio y de amenazas. Se resolvió absolver, tanto a Melinao como a Queipul porque "el tribunal no le dio entidad suficiente a este ataque.

En consecuencia, Melinao solo fue condenado por el delito de incendio. Queipul por el de porte ilegal de armas de fuego. Así y todo la defensa de ambos imputados, anunció que apelará porque no está conforme con la resolución judicial. Probablemente la Corte de Apelaciones de Temuco "comprenderá" que se trata del enésimo hecho de "tensión intercultural" que se produce en la zona roja y tal vez anule el juicio. Nada extraña ni sorprende.

El ministro Burgos visitó Temuco para entregar a Carabineros una docena de carros blindados. Tal como varios preguntaron en las redes sociales ¿si el Gobierno niega que exista terrorismo en la zona, por qué entrega vehículos semejantes a la policía uniformada. Acaso, allá, no reina la normalidad?

Burgos comentó además que Michelle Bachelet no se hará presente en la Novena Región de La Araucanía porque "su agenda se lo impide"  Una burla permanente.

El Mercurio entrevistó a varias integrantes de la agrupación Mujeres por La Araucanía, la que reúne a 250 agricultoras y parceleras del lugar, incluyendo al menos a una de origen mapuche:Cecilia Jara Llancavil, a quien los terroristas le quemaron dos máquinas con las que subsistía en Padre Las Casas. Quedaron los fierros calcinados y una deuda millonaria con el banco.  

Según la vocera de este grupo de damas, la autoridad ha dado la espalda a las víctimas y que "esto es en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar". Valeria Ceroni, quien entregó esta apreciación, indica que la autoridad de gobierno tiene una actitud de negación. 

Situaciones como el atroz crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay y el de su familia, la que sigue bajo la constante hostilidad de las bandas terroristas -acaban de quemar su lechería de cien millones de pesos-, y la condescendencia de la justicia para los criminales, dan cuenta de lo que es vivir bajo un régimen de terror a diario. Por eso el titular del diario: "El drama de las mujeres de La Araucanía: 'Esto ya no es miedo: es TERROR' ". Y punto.
DespiertaChile.

viernes, noviembre 27, 2015

ODIO Y VENGANZA CONTRA LAS FF.AA.

A LOS SOLDADOS DEL '73 SE LES ESTÁ APLICANDO EL "DERECHO PENAL DEL ENEMIGO".

Entrevista de Alejandro C. Lagos a Adolfo Paúl Latorre.
1.- Usted utiliza el concepto <> para referirse al trato recibido por militares y carabineros procesados y condenados por supuestos delitos de violación de derechos humanos, ¿podría Usted ejemplificar con casos concretos este tipo de acciones a las que Usted califica como terroristas?
Nuestros tribunales de justicia, con sus actuaciones judiciales inconstitucionales, arbitrarias e ilegales —como lo denuncio en mi libro Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, editorial El Roble, Santiago de Chile, tercera edición, marzo de 2015, 761 páginas— han establecido un verdadero “Régimen del Terror”, cuyas víctimas en acto o en potencia son todas las personas que durante el año 1973 pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Orden; terror que se extiende a sus familiares.
Están aterrados quienes nunca han sido sometidos a proceso, porque saben que en cualquier momento pueden aparecer en su residencia dos funcionarios de la Policía de Investigaciones y llevarlos detenidos —incluso trasladados a otra ciudad en un carro celular, de noche y solo con lo puesto— por orden de un juez que quiere interrogarlos porque uno o dos supuestos “testigos” dijeron que él había “estado ahí” (por el solo hecho de haber pertenecido a la dotación de una repartición militar en la que supuestamente ocurrieron ciertos hechos de carácter delictivo). Están aterrados porque saben que en tal caso lo más probable es que sean sometidos a proceso y dejados en prisión preventiva “por constituir un peligro para la sociedad”. Y saben que posteriormente serán víctimas de un simulacro de juicio en el que serán atropelladas leyes y garantías constitucionales, en el que se vulnerarán principios jurídicos ancestrales del derecho penal, en el que se pasará a llevar toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido. Están aterrados porque saben que los jueces delincuentes —que cometen impunemente el delito de prevaricación— no les aplicarán la Ley de Amnistía ni las normas sobre prescripción de la acción penal; las que sí les han aplicado y le aplican a los guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de militares, carabineros y otras víctimas inocentes; lo que constituye un gravísimo atentado contra la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Y están aterrados porque saben que lo más probable es que sean condenados, aunque no existan pruebas suficientes para ello o sobre la base de ficciones jurídicas, sin que se acrediten ni los supuestos delitos que les son imputados ni la participación culpable que en ellos les habría cabido. Y están aterrados porque, considerando su edad, tal condena será a una pena de muerte en la cárcel. Y están aterrados porque saben que cuando se hallen privados de libertad no les serán otorgados los beneficios penitenciarios que legalmente les corresponden, ni indultos u otros beneficios alternativos, aunque estén moribundos o sufriendo graves enfermedades terminales y enormes dolores.
Están aterrados también quienes actualmente están cumpliendo condenas o que ya las han cumplido, porque saben que en cualquier momento pueden ser citados ante un juez por otro hecho ocurrido hace más de cuarenta años.
También están aterrados quienes al término de un largo y agotador proceso —además de costoso económicamente y por el cual comprometieron todo su patrimonio en su defensa, perdieron su industria o fueron despedidos de sus trabajos— recayó en ellos una sentencia absolutoria o un sobreseimiento definitivo, o les fue aplicada la ley de amnistía, porque en cualquier momento ese proceso puede ser reabierto no obstante existir autoridad de cosa juzgada; la que tampoco es respetada por nuestros tribunales.
Y, aunque todavía no están aterrados, podrían llegar a estarlo los “cómplices de la dictadura”…
En fin, por la actuación de nuestros tribunales —que juzgan según lo que les dicta su ideología y no lo que establece la ley—, están aterrados también los militares y carabineros en servicio activo, quienes temen efectuar un procedimiento o cumplir una orden que tenga el más leve aroma a “atentado contra los derechos humanos”; aunque solo se trate de la simple detención de una persona o la de interrogar a un detenido. Por esta razón los carabineros no se atreven a actuar y a aplicar la fuerza legítima del Estado contra la delincuencia y el terrorismo, que es precisamente su función, dejando a la población en la más completa indefensión. Como los delincuentes saben que los carabineros no harán uso de la fuerza, éstos no logran efecto disuasivo alguno y, con ello, se alienta la ejecución de más actos criminales.
No creo estar exagerando si digo que difícilmente un soldado o un mando subordinado va a cumplir una orden de disparar contra un terrorista que está colocando un artefacto explosivo, o de atacar a un reducto de guerrilleros —aunque desde allí les estén disparando, como en el caso Neltume—, sin una orden escrita en un documento firmado ante notario por el superior que da la orden y en el que se deje expresa constancia de que él será el único responsable de las consecuencias que acarree el cumplimiento de tal orden y deslindando toda responsabilidad del subordinado.
Esta situación está minando gravemente la disciplina en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, un elemento esencial de ellas.
La penosa y lamentable actuación de nuestros tribunales se puede ejemplificar con cientos de casos concretos, que han ocurrido y que siguen ocurriendo actualmente todos los días. Para conocerlos basta entrar al portal del Poder Judicial. Lo que ocurre es que esto no se sabe, porque “no es noticia”. Y tampoco se sabe lo que yo vengo denunciando hace ya varios años, porque poderosas fuerzas del establishment tratan de evitar que se conozcan, en razón de su inconveniencia para el establishment.
La verdad es que hay muchísimas sentencias aberrantes; algunas son un prodigio de iniquidad que pesarán para siempre en las conciencias de los jueces que las dictaron y que tienen el aspecto de una monstruosidad. Por ejemplo, aquellas en las que se afirma que una persona está actualmente secuestrada desde el año 1973 —incluso por “secuestradores” que están en la cárcel cumpliendo penas privativas de libertad—; o que condenan a un militar que ni siquiera estaba en el lugar en que ocurrieron los hechos; o a otro por “responsabilidad del mando”, solo por haber sido la autoridad superior de los imputados y que no tuvo participación alguna en el delito —ni en calidad de autor ni de cómplice ni de encubridor—; u otras tales como el caso de un subteniente del Ejército que, en un asombroso proceso en el que no hay autores materiales de los hechos, fue condenado a doce años de presidio en calidad de cómplice del homicidio de tres trabajadores de la industria Sumar, por el solo hecho de haber cumplido la orden de vocear con un megáfono los nombres de las personas detenidas que estaban reunidas en un grupo y que debían salir al frente; o el de un carabinero que en defensa propia dio muerte a un terrorista que le había disparado y que portaba un bolso con doce cartuchos de dinamita, motivo por el cual fue condenado a cinco años y un día de presidio luego de haberse reabierto, treinta años después, la causa correspondiente al caso en la que había sido sobreseído definitivamente por lo que existía cosa juzgada; o el caso de un joven oficial de la Armada que recientemente, después de haber transcurrido cuarenta años de los sucesos, fue condenado a cinco años y un día de presidio como autor del delito de “secuestro calificado”, por el solo hecho acreditado en el proceso de haber trasladado a un detenido desde el lugar en que éste trabajaba hasta el Ministerio de Defensa; o el caso de un juez que ordenó encarcelar a la mujer de un cabo de Carabineros a fin de presionarla para que declarara que su marido tenía responsabilidad en la desaparición de personas, sin que en el proceso hubiese atisbo alguno de responsabilidad de esa señora, la que tenía un hijo con síndrome de Down que no hablaba y que dependía enteramente de ella, incluso para recibir alimentos.
2.- En la portada de la tercera y cuarta edición de su libro titulado “Procesos sobre violación de derechos humanos”, aparece la estatua de la Diosa Themis ubicada en el frente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta particular representación de Themis, la muestra en una posición muy distinta a la de la representación clásica en la que vendada y con el brazo extendido sostiene la balanza de la justicia, ¿qué analogía podría construir Usted entre esta Diosa “desarreglada” y los juicios que se han realizado a uniformados en retiro por supuestos delitos de violación a los derechos humanos?
Como es sabido, la imagen tradicional de la Justicia corresponde a una diosa que lleva una venda que cubre sus ojos, como símbolo de la imparcialidad al resolver; una balanza cuyos platillos están contrapesados, que simboliza la consideración objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas; y una espada, que representa su capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta.
La diosa “desarreglada” —que aparece en la portada de las cuatro ediciones de mi libro— representa la justicia que le está siendo aplicada a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, instituciones que, como garantes en última instancia del orden institucional de la República —dígalo o no la Constitución— y a ruego de la inmensa mayoría ciudadana, se vieron obligadas a intervenir y a utilizar la fuerza el día 11 de septiembre de 1973 y los años siguientes con el propósito de evitar una guerra civil; contener y reprimir las acciones violentas de grupos subversivos armados, guerrilleros y terroristas; impedir la instauración en nuestra patria de un régimen totalitario marxista; restaurar la democracia y el orden político y social quebrantados; y reconstruir la economía. A diferencia de la imagen tradicional, esta diosa —con las manos en sus caderas, sin venda en sus ojos, con desafiante mirada y la balanza enredada e inclinada hacia un lado— simboliza la parcialidad, la falta de equidad, la injusticia a que los militares y carabineros están siendo sometidos y la arrogancia de los jueces que presumen estar por sobre la ley.
3.- Usted sostiene que los jueces cometen el delito de prevaricación en las causas denominadas “de violación a los derechos humanos”, ¿qué riesgos tiene para la legitimidad del Poder judicial y el Orden Constitucional que estas prácticas se hagan cada vez más recurrentes?
Para los militares y carabineros de 1973, en las causas denominadas de “violación a los derechos humanos”, el Estado de Derecho no existe. Los jueces, en los procesos seguidos contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden atropellan brutalmente normas legales vigentes, principios jurídicos básicos, derechos y garantías constitucionales, vulnerando gravemente las normas básicas del Estado de Derecho —ubicadas en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política— que están destinadas a impedir las arbitrariedades de los gobernantes y funcionarios.
Las sentencias judiciales que condenan a los veteranos del 73 son inconstitucionales, arbitrarias e ilegales. Son meras vías de hecho con apariencia jurídica. Ello es así porque tales sentencias atropellan normas legales, principios, valores, derechos y garantías constitucionales. Los tribunales no aplican rectamente la ley e interpretan errónea y abusivamente, tanto las normas del derecho interno como las del derecho internacional, vulnerando principios fundamentales del Estado de Derecho; especialmente el de legalidad, que en derecho penal tiene la primacía absoluta. Esto afecta seriamente a la credibilidad de nuestros tribunales y al prestigio de la judicatura y del sistema legal. Las sentencias dictadas en contravención a la Constitución y a las leyes son solo una manifestación de violencia estatal.
El mayor riesgo estriba en la peligrosidad que reviste el continuar por la senda del debilitamiento del Estado de Derecho, porque el quiebre de éste acarrea, inevitablemente, la violencia.
La prevaricación cometida por los jueces, al fallar contra leyes expresas y vigentes, afecta gravemente, por otra parte, a la seguridad jurídica —a la “certeza del derecho”, a la certidumbre de que las leyes serán cumplidas rectamente y sin arbitrariedades— y los ciudadanos ya no saben a qué atenerse.
A mi juicio, estamos asistiendo a una crisis desastrosa del Poder Judicial y a una verdadera “subversión jurídica”, porque los tribunales de justicia no respetan ni la ley ni las garantías constitucionales; lo que me parece gravísimo, porque si queremos mantener o perfeccionar nuestra convivencia dentro de un orden basado en la libertad, es preciso respetar los grandes principios del derecho que informan nuestra civilización cristiana occidental, los que están siendo demolidos por nuestra judicatura actual.
Como consecuencia de esta actitud de los jueces se produce una deslegitimación constante del Poder Judicial, una institución clave en el Estado de Derecho, lo que lejos de fortalecerla produce graves efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación. Cuando se siembra a tal extremo la necedad y la mentira se recoge por fuerza la demencia. Cuando la justicia no es igual para todos, cuando una sociedad llega a este nivel, cae en la descomposición y regresa a la barbarie. Nuestra justicia debe estar muy enferma para que las aberraciones que he denunciado públicamente puedan producirse.
Resulta absolutamente inaceptable que el Poder Judicial, protector por antonomasia de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sea quien vulnere los derechos humanos de los militares. Nada puede haber más frustrante para ellos que el avasallamiento de sus derechos por parte de las instituciones llamadas a garantizarlos. Peor todavía en circunstancias de que están en su actual situación por haber servido a la nación según les fuera demandado en circunstancias trágicas para nuestra patria.
Otro riesgo que aprecio con la prevaricación de los jueces, es la pérdida de nuestra soberanía. Ello, porque en numerosas ocasiones éstos fundamentan la no aplicación de leyes internas expresas y vigentes en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ciertos casos han declarado —arbitrariamente y sin sustento jurídico válido alguno— que los delitos cometidos por militares son de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados; lo que es absolutamente falso. Además, dicha Corte no tiene competencia para conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, por establecerlo así el artículo 76 de nuestra Constitución Política, que dice: “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
No obstante lo antedicho, atropellando el principio de supremacía constitucional y las garantías que la Carta Fundamental establece, nuestra Corte Suprema de Justicia, encontrando que el criterio de la CIDH coincide con su particular modo de ver las cosas, con la cortedad de miras de todo sectarismo ha aceptado que un órgano supranacional incompetente le enmiende la plana, sin reparar en el daño extraordinario que se está causando a las instituciones de la República, al orden jurídico y al Estado de Derecho.
Finalmente, en relación con esta pregunta, cabría agregar que me parece notable y muy preocupante que la Corte Suprema esté incurriendo en exactamente los mismos abusos que, en su oportunidad, esa misma Corte le reprochó al presidente Salvador Allende, según las expresiones que citamos a continuación:
En oficio de fecha 26 de mayo de 1973, dicho Alto Tribunal manifestó: “Esta Corte Suprema debe representar a V.E., por enésima vez, la actitud ilegal (…), todo lo cual significa no ya una crisis del Estado de Derecho, como se le representó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juricidad del país”.
Y, en un oficio de fecha 25 de junio de 1973 —acordado por resolución de dicha Corte reunida en sesión plenaria— en el que se dio respuesta al oficio del 12 de junio de 1973 del Presidente de la República: “Ninguna disquisición sociológica, o sutileza jurídica o estratagema demagógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces de derogar los preceptos legales copiados, que se copiaron para que V.E. lea con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su claridad y precisión tales que no admiten interpretaciones elusivas”. Más adelante, en relación con un acápite del referido oficio del Presidente de la República titulado “mal uso del proceso penal”, la Corte Suprema le manifestó: “La pertinacia del oficio para insistir en esas ideas peregrinas demuestra que están hechas de pétreas incrustaciones político-jurídicas contra las cuales el ariete de la lógica se estrella estérilmente”.
Lamentablemente en la actualidad, al revés de lo sucedido en esa época, cuando la Corte Suprema se erigió en baluarte sobre esa forma peligrosísima de burlar la ley a través de “interpretaciones elusivas”, hoy se acogen éstas para fundar sentencias condenatorias respecto de personas inocentes o que están amparadas por causales de extinción o por circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal.
4.- Usted sostiene que para revertir esta oleada de lo que califica como “crímenes jurídicos contra los uniformados en retiro”, procesados por supuestos delitos de violación de derechos humanos, los legisladores chilenos deberían aprobar una nueva ley de amnistía, ¿qué tan factible es esta propuesta en el panorama político actual?
Efectivamente, en la versión original de mi precitada obra —no en la versión resumida—, luego de un extenso análisis y por muy fundamentadas razones, concluyo en que una nueva ley de amnistía es la única vía para poner término a la iniquidad judicial que se ha cometido y que se sigue cometiendo contra los veteranos del 73.
Entre los referidos fundamentos, incluyo algunos pensamientos del cardenal Raúl Silva Henríquez, de los cuales me permitiré citar algunos: En relación con la Ley de Amnistía, D.L. 2191 de 1978, el Cardenal apoyó la dictación de dicho decreto, pues lo veía “como un gesto de reconciliación que iba a beneficiar a uno y otro lado”, como una forma de contribuir al término del clima de enfrentamiento y “pensando que de esa forma podría lograrse el entendimiento entre los chilenos”. El cardenal Silva no solo era partidario del perdón “para que la población de Chile, tan dividida, pudiera encaminarse hacia una convivencia democrática y pacífica”, sino que estaba convencido de que "la mejor forma de asegurar la futura democracia es abandonar toda clase de venganza contra los militares" y que "es torpe, aunque humano, exigir justicia y venganza tras el término del régimen militar, porque eso nos conduciría a una espiral de violencia. Los militares chilenos no querían entrar en el gobierno, pero los chilenos en su mayoría les exigimos y les impulsamos a esta tarea. Contribuyó también la torpeza de socialistas y comunistas, que intentaban instaurar la dictadura del proletariado".
Lamentablemente, pienso que por el momento el problema que afecta a los veteranos del 73 no tiene visos de solución —un problema que es de naturaleza política y cuya solución tiene que ser de la misma naturaleza—, porque incluso quienes desesperados y angustiados pidieron a gritos la intervención militar y apoyaron al Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden les han dado vuelta la espalda. Y no solo no los han apoyado —salvo muy escasas excepciones— sino que se han aliado con sus enemigos de entonces y se han sumado al coro de quienes injusta, ilegal y encarnizadamente persiguen a quienes salvaron a Chile y le dieron tranquilidad y esperanzas de paz y de progreso a los chilenos.
A lo anterior se suma el hecho de que lo que pretenden los inmisericordes y vengativos persecutores —entre los que no solo se cuentan personas de los sectores de izquierda, sino que incluso el ex presidente Sebastián Piñera y su ministro de Justicia Felipe Bulnes— es que el máximo de militares y carabineros muera en la cárcel y en las condiciones más ignominiosas posibles.
Por otra parte, hay que considerar que la actual persecución política en sede judicial obedece a numerosas razones, motivos u objetivos, entre los cuales podría señalar las siguientes:
—Al odio y a la venganza de los sectores de izquierda, que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario.
—Contribuir al objetivo de destruir o de desnaturalizar a las FF.AA.; convirtiéndolas en fuerzas al servicio del gobierno.
—Eliminar el previsible escollo que representan las FF.AA. para convertir a Chile en una República Socialista.
—Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político.
—Al afán de los políticos de ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado, precisamente, por los actuales perseguidos.
—Al afán de esos mismos políticos de ocultar los éxitos del Gobierno Militar, que logró reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil, y lo llevó al umbral del desarrollo.
—Dar un claro y potente mensaje a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre lo que les ocurriría si volviesen a intervenir.
—Al aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos.
—A motivaciones de carácter económico (el “negociado de los derechos humanos”, por las jugosas indemnizaciones que reciben las “víctimas” o sus familiares).
Por todo lo anteriormente expuesto pienso que, salvo un verdadero milagro o que un súbito “ataque de cordura” afecte a gobernantes, jueces y legisladores, me parece imposible que la clase política asuma su responsabilidad en los hechos que condujeron al quiebre del orden institucional y a una situación objetiva de guerra civil (hechos en los cuales los militares no tuvieron responsabilidad alguna, pero que hicieron inevitable la intervención de ellos; intervención que los éstos ni buscaban ni deseaban, pero que tuvieron que realizar porque el destino de Chile estaba en sus manos y en las de nadie más) y se decidan a darle una solución al problema de la persecución política en sede judicial que afecta a los militares.
Al respecto, me permitiré citar al ex Comandante en Jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, quien comentando en una carta al Director una columna escrita por el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, manifestó: “Mi amigo Juan Emilio Cheyre hace un loable llamado a la clase política para que asuma la ‘cuota de responsabilidad en los hechos que llevaron a Chile al quiebre institucional y se decidan a dar una solución —en el marco de la ley— a quienes aún no encuentran sitio en el Chile actual’. Sinceramente, lo creo muy difícil, porque en unos prevalece el odio, otros buscan beneficios económicos, los de más acá temen perder votos y los de más allá viven su cómoda indiferencia. Como si eso no bastara, los únicos sindicados como responsables esperan su condena y no molestan a nadie. Así, ¿para qué revolver aguas?”.
5.- Usted sostiene que para los ex-uniformados procesados, el Estado de Derecho no existe, en ese sentido, cabe preguntarle: ¿qué categorías política y jurídica ocuparían en el Chile actual estas personas?
Pienso que la categoría política de los veteranos del 73 es la de “enemigo”. Por eso les está siendo aplicado el “derecho penal del enemigo” y no les son respetados sus derechos humanos; puesto que los enemigos —para nuestros gobernantes, legisladores y jueces— no son merecedores de los derechos provenientes del ordenamiento jurídico y de las garantías fundamentales de las personas. A los enemigos hay que condenarlos a toda costa y se les puede sancionar sin respetar el principio de legalidad, aplicando retroactivamente leyes penales o soslayando principios que el derecho penal ha logrado establecer tras muchos años de esfuerzo y que operan como una garantía para todos los ciudadanos. Los “enemigos” carecen de las garantías, derechos y libertades esenciales de todo ser humano. Los encarnizados persecutores de los militares que salvaron a Chile de convertirse en una nueva Cuba y a los chilenos de una degollina —según palabras del ex presidente Eduardo Frei Montalva— no consideran que mañana los “enemigos” podrían ser ellos mismos u otros grupos, tales como un gremio, una etnia o un partido político.
En cuanto a la categoría jurídica, pienso que es la de “delincuentes abyectos”, seres despreciables y altamente peligrosos de la sociedad; razones más que suficientes para “sacarlos de circulación” y condenarlos a morir en la cárcel.

Adolfo Paul Latorre.

miércoles, noviembre 25, 2015

BACHELET: EL SILENCIO ANTE VENEZUELA.


Es probable que en Chile perdure la discusión sobre si correspondía o no que la Corte Suprema emitiera un fallo que, en rigor, le permite internarse en política exterior. La Corte dispuso que, a través del Gobierno, se pida a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se ocupe de dos presos políticos de Nicolás Maduro. Es un fallo discutible, desde luego, pero lo que está fuera de discusión es el deplorable silencio que guarda el Gobierno frente a la violación de derechos humanos en ese país. El fallo arroja luz sobre el doble discurso de La Moneda, que condena -y con razón- la violación de derechos humanos en la dictadura militar, pero calla cuando esa violación ocurre bajo regímenes de izquierda.

Políticos oficialistas simpatizantes de Maduro y los hermanos Castro alegan que una cosa es condenar la violación de derechos en Chile y otra condenar lo mismo un paso más allá de la frontera. Parece un buen argumento, pero se contradice con la aseveración de la izquierda de que en casos de violación de derechos humanos no existe prescripción ni fronteras. Implica decir: yo me ocupo de defender los derechos humanos solo de quienes piensan como yo; que otros se ocupen del resto.

Escandaliza esta indiferencia hacia las víctimas de la represión izquierdista. Los mismos que bajo la dictadura militar celebraban a gobiernos que respaldaban la causa de la libertad en Chile, optan hoy por el silencio ante Maduro. Por eso resultó fallida la declaración de Heraldo Muñoz en Filipinas: anunció que el Ejecutivo no comenta decisiones de otro poder del Estado y después guardó silencio sobre el tema de fondo, la represión, como si el fallo se refiriese a un caso puntual en Noruega. La Moneda guardó su voz para ignorar a los sin voz: Leopoldo López y Daniel Ceballos. No es un hecho aislado: Bachelet se las arregló este año para no recibir a las esposas de López y de Antonio Ledezma, otro preso político, cuando vinieron al país.

¿O Bachelet actuó más bien con la prudencia que debe exhibir un Mandatario, para beneficio de su país, en su relación con otros estados? ¿Constituye tal vez una injusticia criticar su silencio y no descubrir en él un recurso para evitar que, junto a las tensiones con Bolivia y Perú, emerjan otras con Venezuela? Aquí ayuda la memoria: en su viaje a Alemania en 2014, Bachelet no mostró prudencia ante el Presidente Joachim Gauck ni la Canciller federal, Angela Merkel. Mientras agradecía allá la acogida de chilenos en 1973 por ambos estados, uno dictatorial, otro democrático, puso en pie de igualdad a la ex Alemania Occidental y la extinta RDA. Bajo el manto de la "gratitud", equiparó a dos estados disímiles. ¿Error, audacia política? Creo que Bachelet no conoce a Gauck ni a Merkel, evangélicos que sufrieron la intolerancia de la RDA, y que hirió la sensibilidad especialmente de Gauck, cuyo padre fue condenado por la RDA a trabajos forzados en Siberia, algo a lo que el Presidente se refiere con gran dolor en sus memorias. Merkel, que vivió en la RDA muchos más años que Bachelet, es diáfana: "la RDA fue todo menos un Estado de Derecho". Supongo que Evo Morales, al que le fue bastante bien en su reciente visita a Merkel, tuvo la prudencia de no ensalzar ante ella el socialismo de la RDA.

Pero detrás del silencio frente a Maduro se halla también la presión del Partido Comunista y de otras fuerzas más modestas, aunque influyentes en la Nueva Mayoría. Si bien sectores moderados del conglomerado critican al régimen de Venezuela, no logran que la balanza de La Moneda se incline a su favor. Los jacobinos disponen al parecer de un derecho de veto en estos casos, poder que basan en su capacidad para articular a "la calle". En La Moneda deben temer que, a la compleja situación política y económica nacional, se sume una "calle" combativa que genere la tormenta perfecta.

Pero el silencio de La Moneda obedece asimismo a una peligrosa ilusión: pensar que así se apaciguará la crítica de los gobiernos del socialismo siglo XXI hacia Chile y lo que este simboliza. Es una ilusión: la postura de esas fuerzas la definen los principios del Foro de Sao Paulo, máxima instancia coordinadora regional de la izquierda.

Para el Foro, la integración de la "Patria Grande" pasa por el acceso soberano al mar de Bolivia. Basta con leer las declaraciones del Foro, al que pertenecen partidos oficialistas, para constatar que, guardando silencio, La Moneda no atemperará la solidaridad de los gobiernos izquierdistas con Morales.

Seguir callando ante lo que ocurre en Venezuela no reportará la tregua con la que sueña La Moneda. Fortalecerá en cambio a los sectores jacobinos de la Nueva Mayoría, envalentonará a los países con los cuales tenemos hoy tensiones y dificultará la recuperación en un futuro próximo del liderazgo "soft" de Chile en la región. La Corte Suprema sabe por experiencia propia que el silencio al final no paga.

Roberto Ampuero.

lunes, noviembre 23, 2015

EL CASTIGO AL COMANDANTE... POR UN CELULAR.



El encarcelamiento, de quienes son condenados a presidio por la justicia, significa la privación de libre desplazamiento: encierro en un lugar llamado cárcel. En ninguna parte de las sentencias condenatorias se dispone privación del contacto con el exterior a través de la tecnología. De hecho, en todas las cárceles hay teléfonos públicos, radiorreceptores y aparatos de TV.

Gendarmería prohíbe los aparatos celulares, en un frustrado intento de impedir que los delincuentes comunes, coludido con malhechores en libertad, realicen “delitos comunes”. Situación que nada tiene que ver con soldados que fueron formados en las escuelas matrices de las FF.AA. institución calificada por la ciudadanía en niveles muy superiores a los políticos y a los jueces.
El Comandante Álvaro Corbalán ha insistido en tener un aparato celular básico, por razones humanas que Él mismo ha declarado: contacto virtual con su familia.
Hasta hace poco: mantenía contacto diario con su madre, la nonagenaria poetiza Marta Castilla, a cuyo funeral no pudo asistir por inhumanas razones burocráticas de Gendarmería. Hoy, defiende el contacto con su esposa y sus 3 hijas.
Definitiva y categóricamente, el nuevo castigo impuesto al Comandante Corbalán es un escándalo para distraer la atención y revivir la venganza izquierdista. Castigo brutal que no mella la coraza humana del soldado: Comandante de Seguridad en el Gobierno que salvó a Chile de una Guerra Civil, impidió la implantación de una dictadura comunista y disuadió la agresión bélica de nuestros vecinos.
Sin embargo, el ultraje a un soldado del 73 es agravio para todos los que hoy disfrutamos de la libertad; para todos los que salvaron sus bienes y sus vidas, con la liberación del comunismo internacional y fundamentalmente, para quienes formaron parte del Gobierno de las FF.AA. y de Orden.

Patricio Amigo Parada.

sábado, noviembre 21, 2015

CARABINEROS DE CHILE: LIMITANDO AUTORIDAD.


La próxima semana se firmará el "protocolo" mediante el cual los "observadores" del Instituto Nacional de DD.HH podrán ingresar a los cuarteles de Carabineros, para filmar in situ a los delincuentes detenidos. 
Esto luego que el General Director de la policía uniformada pidiera un pronunciamiento al Ministerio Público, sobre la procedencia de esta pretensión del INDH. Éste manifestó que no habría impedimento legal por lo tanto, los observadores del Instituto podrán efectuar entrevistas grabadas "con el consentimiento" del detenido o imputado. 
Esta controversia, resuelta en favor del organismo que dirige la rata Lorena Fries, se inscribe en la doctrina ultra garantista, de considerar a los delincuentes como víctimas de la sociedad, de comprenderlos e intentar rehabilitarlos, en circunstancias que el hampa dura constituye en sí misma, toda  una manifestación contracultural. Con códigos y valores (antivalores) opuestos a los socialmente aceptados.
Pero el INDH y sus políticas, también nacen de una concepción socialista orientada a limitar y cercenar toda autoridad policial, en cuanto a la represión al delito y sus más diversas formas. 
Desde luego, el INDH ya instaló observadores "inmunes" en toda manifestación convocada por la izquierda. Pero, los retira al momento que partidarios del orden y de la autoridad, logran hacer lo propio en forma pacífica y en ejercicio del derecho de libre expresión. 
Es lo que sucedió frente a La Moneda cuando la marcha de camioneros pasó frente a la sede de gobierno y los conductores fueron ferozmente agredidos por elementos de la ultra. Algo similar ocurrió a mujeres que apoyaban la marcha: fueron agredidas sin que el Instituto se diera por enterado.
El INDH le confiere el sello "ciudadano" a toda manifestación callejera de izquierda y, a su indeseable correlato de ataques a transeúntes, incendio y devastación de bienes de uso público y de la propiedad privada, consecuencia de la acción concertada de grupos violentistas de "encapuchados" lo cual siempre -para el INDH-, será una forma de expresión legítima y por ende digna de sus mejores esfuerzos.
El 27 de abril pasado, al momento que Carabineros celebró el octogésimo octavo aniversario de su fundación, la Institución contaba seis funcionarios muertos en los últimos doce meses. Entre ellos el cabo Alejandro Gálvez, asesinado la noche del 29 al 30 de marzo de este año, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El funcionario recibió el impacto de un proyectil de grueso calibre: el arma empleada presumiblemente fue un fusil. Era el Día del Joven Delincuente.
El cabo Gálvez fue otro mártir de Carabineros. Pero el INDH no se ocupa de ellos ya que se trata de agentes del Estado y que, como tales y al igual que otros uniformados, carecerían de derechos como el resto de la ciudadanía. Esta distinción odiosa e injustificable es parte de una politica de constante acoso. 
Fries ha declarado, por ejemplo, que "las detenciones en marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos" En consecuencia, el INDH canoniza la lucha por los derechos y, todo lo que haga la policía para oponerse al vandalismo sería,desde su punto de vista, contrario a tales garantías.
Pero en ese festival de frases y consignas impropias, los Carabineros resultan asesinados, heridos, baleados, quemados, apedreados y víctimas propicias para la causa de estos "cruzados". Nada más ajeno a la lógica y a la realidad. Pero es la óptica del INDH y la izquierda en general.
Ahora, con cámara en mano los "observadores" de DD.HH que en modo alguno son personas neutrales sino que activistas que auxilian a los grupos de manifestantes y, en particular a los más violentos (porque de eso se trata), se entrometerán en las unidades policiales, gracias al "protocolo" que amparará su presencia intrusiva destinada a entorpecer cualquier procedimiento policial.
Es una secuencia de medidas y parte de una estrategia, en la cual Carabineros y la sociedad libre, sacarán la peor parte. Y los "pobrecitos" delincuentes, dispondrán de otra garantía, amén de los jueces garantistas que alivianan sus fechorías y a este gobierno que tanto los comprende. Y la ciudadanía, la víctima real en toda esta situación, bien gracias. 

DespiertaChile.

PostData: El término "rata" conferido a la Directora del INDH Lorena Fríes es de entera responsabilidad mía y no de Despierta Chile, por lo que me hago cargo y responsable de ello.
Makeka.

jueves, noviembre 19, 2015

MOLESTIA DE MILITARES (r) CON @HernanLarrainF


Santiago, 16 de Noviembre de 2015

Senador
HERNÁN LARRAÍN FERNANDEZ
Congreso Nacional
Presente

Acabo de leer en twiter la siguiente opinión suya: "Minuto de silencio por A.Pinochet resulta inoportuno, imprudente y afecta el espíritu de reconciliación que el país necesita”

A mismo tiempo  busco la carta que Ud. mismo le enviará al ex Presidente Pinochet el 24 de Noviembre de 1995, con motivo de haber cumplido 80 años donde le expresa: 

"Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas. Más bien la crítica y la descalificación, cuando no la envidia, dan cuenta de nuestra pequeñez e incapacidad para tributar en forma oportuna un justo reconocimiento (...) Nuevamente usted, al liderar el proceso, mostró la calidad de estadista que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo del siglo que expira".

En beneficio de la paciencia , no quisiera continuar estampando  sus párrafos llenos de loas, adulaciones, aleluyas y alabanzas para el Presidente Pinochet.

Es increíble que el Presidente de un Partido, la UDI, nacido de la "costilla del Gobierno Militar", que vio la vida gracias  al  apoyo de la Secretaria Nacional de la Juventud, que sus máximos dirigentes hoy sentados en el Parlamento trabajaron codo a codo con militares por hacer de Chile una gran Nación ,  después de leer su tuiter y compárarlo con su carta ,  exhiba ante la opinión pública un camino al poder sembrado de hipocrecías.

Le recomiendo, que más que preocuparse de lo inoportuno, imprudente y cómo afecta el espíritu de reconciliación el Homenaje al Gral. Pinochet,  se  ded ique a cultivar su liderazgo, que tiene a su partido  convertido en un conglomerado complaciente y permisivo,en verdaderos cadáveres carentes de convicciones y sin la mística que la UDI poseía en la década del 80, y quizás manejado a control remoto desde la Nueva Mayoría.

En fin, su actitud no da para más. Ud. como político lo sabe:  Chile tiene demasiados gusanos para tan poca manzana.

                                 Lo saluda                       

                                    General HERNAN NÚÑEZ MANRIQUEZ.

martes, noviembre 17, 2015

NUEVA MAYORÍA: PEQUEÑOS BURGUESES.


La credibilidad de la clase política está por los suelos. Así lo demuestran las últimas encuestas ¿Es justa esta percepción de la ciudadanía? Nos parece que sí. Y si hubiese alguna duda, más de algún político se esfuerza lamentablemente por disiparla. ¿Cuál es la causa del descrédito? Son varias, pero entre las más mencionadas están la corrupción, la flojera y el defender solo intereses personales. Pero existe otra razón, poco perceptible a veces, y que afecta mayoritariamente al “mundo de izquierda” (si es que existe algo parecido). Me refiero a la falta de coherencia entre el discurso y la forma de vida, o sea, entre la teoría y la práctica.
El problema no es nuevo. Cuenta uno de los biógrafos de Stalin, que mientras el pueblo ruso literalmente sufría de hambre, el “padre” (como había que llamarle) veía en su sala de cine privada películas de John Wayne, comía bombones franceses y bebía whisky escoces. Avanzando en el tiempo, en 1970 Silvio Rodríguez escribió “Canción en Harapos”, cuando según él se debatía con mucha fuerza el papel del intelectual, del artista y del político de izquierda.
Dicha canción, nos cuenta el trovador cubano “quiso ser una mirada a ciertas formas de hipocresía que se dan en todas partes, no sólo en Cuba” (Entrevista Diario el Clarín, 2011). Chile no es la excepción. Algunas estrofas de la canción dicen: “Que fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar/, del manifiesto marxista y la historia del hombre/ qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre / que cumple un deber / y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer / que fácil de enmascarar sale la oportunidad / qué fácil es engañar al que no sabe leer / cuantos colores, cuantas facetas / tiene el pequeño burgués”.
Lo que critica Rodriguez es la hipocresía de llamarse de izquierda pero gozar de todas las bondades del capitalismo: “desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir / la caravana en harapos de todos los pobres/ desde un mantel importado y un vino añejado/ se lucha muy bien desde una casa gigante /y un auto elegante se sufre también/ en un amable festín se suele ver combatir / “que fácil es escribir / algo que invita a la acción / contra tiranos, contra asesinos/ contra la luz o el poder divino / siempre al alcancede la vidriera y el comedor”.
Parafraseando la canción digamos que es fácil criticar al “dictador” y pedir dinero al yerno del “dictador”, es fácil hablar de igualdad desde la comodidad del “barrio alto”, es fácil abogar por la educación pública, pero tener a los hijos en los mejores colegios privados, es fácil criticar al mercado, y profitar al mismo tiempo de todos sus bienes. No dudamos de la calidad moral de los representantes de izquierda. Quizá la tremenda brecha entre lo declarado y lo hecho se debe a la gran dificultad de vivir conforme a “esquemas” ya superados por la propia realidad.
Y esto vale no solo para las personas. Por una parte el actual gobierno pretende fortalecer los sindicatos, pero cuando uno de ellos (Banco del Estado) logra una buena “negociación” despide al “negociador” y llama a la austeridad. Por otra parte se niega al reemplazo externo (e interno) en caso de huelga, pero ante el paro del Registro Civil pretendió reemplazar a los “huelguistas” con funcionarios del Serviu.
Aunque en nuestro país abunden los pequeños burgueses, probablemente ningún político de izquierda se sentirá identificado con esta columna. En fin, al que le quede el sayo que se lo ponga.
Eugenio Yáñez.

domingo, noviembre 15, 2015

BACHELET: ¿CONDENA EL TERRORISMO?

Compungida y falsamente triste por lo ocurrido en Francia, pero por ningún motivo se conmueve con el terror que se vive en su propio suelo patrio, especificamente en La Araucanía.

Si de ella dependiera ya estaría en Francia sobándole la espalda a Hollande, con una comisión detrás de los más granado de Partido Comunista, Partido Socialista, de cuyas filas sabemos que han salido brazos armados y muy violentos... pero no va... sabe que no sería aplaudido, le gusta más alardear afuera y que los problemas de terrorismo "no son nada" para el gobierno, ni siquiera cuando murió un matrimonio de edad quemados vivos acá en La Araucanía, fue al norte para "payasear" con lo del Ejercicio Militar, ahora va A Filipina...  Y el Gobierno Regional le ha pedido en todos los tonos que viaje a nuestra región para hablar cara a cara de este conflicto que cada vez se vuelve sangriento, con tantas armas de guerra y de grueso calibre, armas de alto poder de fuego en manos de mapuche, ya han sido descubierto al menos un barretín en manos de mapuche radicalizados y experimentados que han sido entrenados por FARC, ETARRAS, Lautaristas, etc.,.. pero ni el Intendente Andrés Jouannet, ni Aleuy, ni el Director General de Carabineros quieren usar la palabra terrorismo y ella está compungida por la trágica arremetida del Estado Islámica en Francia, atacando puntos de gran concurrencia de gente inocente que nada tiene que ver con el conflicto religioso.
Quieren saben más sobre esto y lo que pasó allá y la diferencia con acá?... esto lo escribe Despierta Chile y se los transcribiré tal cual para que se entienda...    (Makeka).

"Los atentados en París, fueron considerados por Francois Hollande como "un acto de guerra" y junto con decretar el cierre de las fronteras, desplazó efectivos militares para fortalecer la seguridad en la capital francesa.

Los ataques, desde luego, no cesarán. El Estado Islámico se atribuyó el ataque contra civiles, los que dejaron un saldo provisional de 128 muertos y 250 heridos: un centenar de ellos se encuentra en grave estado.

Como "la noche más oscura" fue catalogada esta acción criminal dirigida, exclusivamente, contra inermes ciudadanos en bares, restaurantes y un salón de eventos. Allí, más de cien asistentes a un concierto fueron acribillados por los fusiles Kalashnikov de los yihadistas, elementos que responderían a la rama egipcia del Estado Islámico, la que gatilló tal agresión contra "la Francia Cruzada" según el comunicado que difundieron.

Es la misma organización que habría derribado un Airbus ruso sobre la península del Sinaí, con 224 pasajeros y tripulantes muertos el 31 de octubre pasado.

El gobierno de Chile reaccionó y Michelle Bachelet expresó su profundo pesar por lo sucedido en París, enfatizando "nuestra condena completa y absoluta y, rechazo a toda forma de violencia y de terrorismo que pretende aterrorizar a la población en Francia": luego abordó una aeronave con destino a la reunión de la APEC en Filipinas, donde coincidirá con Ollanta Humala.

"...condena completa y absoluta y, rechazo a toda forma de violencia y de terrorismo que pretende aterrorizar a la población" 

Efectivamente es una descripción apropiada del fenómeno terrorista. Pero ocurre que en la zona sur de Chile, los grupos extremistas armados, han desencadenado acciones que caben perfectamente en esta definición que nos ofrece Michelle Bachelet. Aunque, claro, de su parte, no ha merecido idéntica repulsa, ni en los hechos ni en las palabras.

Desde que inició su mandato, ella no se ha acercado a la Novena Región de La Araucanía, excepto durante el verano para descansar en Caburgua. Ni una frase, cero acción. 

Residentes señalan que ellos viven noche a noche, con el mismo terror que hoy sienten los franceses, quienes según el Estado Islámico tendrán temor hasta de ir al mercado. 

Pero allá no hay zonas liberadas. La Gendarmería Nacional de aquel país puede operar en todo el territorio para neutralizar las bandas terroristas. En cambio en La Araucanía tenemos "zonas liberadas" donde Carabineros y los Fiscales, pueden ingresar solo con enorme dificultad. 

De manera que la declaración de la mandataria, para quienes condenan efectivamente el terrorismo y no se amparan en justificaciones de carácter ideológico, suena como algo irreal, incluso como una burla.

El ex Fiscal regional de La Frontera, Francisco Ljubetic, recuerda que el Estado ha fracasado y áun cuando él evita cuidadosamente mencionar siquiera la palabra terrorismo, apunta a que por lo menos, éste debiera proporcionar a las víctimas una política de reparación, tal como se ha hecho en España y Colombia. Pero acá no hay la disposiciòn política para hacerlo.

Ljubetic precisa que los ataques y la violencia, tienen objetivos claros "no son circunstanciales, no son hechos aislados y obedecen a una concertación, obedecen a una planificación y se llevan a cabo, precisamente para el cumplimiento de esos objetivos"

En Francia, los terroristas planificaron y actuaron con la máxima crueldad para acabar con el mayor número posible de víctimas. Recordamos el atroz asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay, ejecutado de esa misma forma. Entonces, si condenamos lo sucedido en el país europeo ¿por qué no se procede conforme lo exige el Estado de Derecho y tenemos amplias zonas de nuestro país, donde esos grupos violentos que practican el terrorismo, actúan con total impunidad? " (DespiertaChile).


En campaña presidencial junto a mapuches el día 05 septiembre de 2013.
La candidata Michelle Bachelet, participó en una ceremonia por el Día Internacional de la Mujer Indígena. 05 de septiembre de 2013.
Bachelet junto a mujeres indígenas en Labranza.el día 05 de septiembre de 2013.
Aquí vino para venderle la pomada de la creación del Ministerio de Asuntos Infdígenas al 05 de septriembre de 2013.
Michelle Bachelet se reunió con adherentes en Victoria también el 05 de septiembre de 2013.
Bachelet escuchando a la oradora.

13 de Noviembre de 2013 Militarización de la Araucanía

El legado de sangre mapuche que dejó Bachelet. http://tinyurl.com/ocbe6tp

15 de Octubre de 2013 : 

Las promesas que Michelle Bachelet no cumplió en su gobierno y que ahora vuelve a prometer. http://tinyurl.com/opvlhw3


Son las únicas veces que la Doña se ha preocupado por La Araucanía, cuando viene por votos, cuando viene a su cabañita en Caburgua o cuando hace erupción el Volcán Villarrica... pero nada más.... de ahí se ha olvidado de esta región en donde pareciera le diera pavor dar la cara... menos si se le pide asomarse por donde la cosa está más álgida.
Makeka.

jueves, noviembre 12, 2015

LA VERDAD DE "MISSING".


Escribo por motivación. Si no la tengo, no escribo; y si la tengo todos los días, escribo todos los días. Por eso ayer escribí y lo hago de nuevo hoy tras leer en la revista “Sábado” de “El Mercurio”, un reportaje de izquierda sobre el caso de Charles Horman, un izquierdista norteamericano que vino entre los doce mil similares suyos y de otras nacionalidades que llegaron entre 1970 y 1973 a transformar a Chile en otra Cuba. Pero Horman ha sido a su vez transformado por la propaganda roja en un “intelectual” que sólo quería compenetrarse de la realidad nacional de esos años, aunque vivía en el “Cordón Vicuña Mackenna”, que iba a ser una punta de lanza del autogolpe marxista previsto para el 19 de septiembre de 1973 en el “Plan Z”.

          La película “Missing”, del comunista griego Costa-Gavras, que obtuvo varios Óscar, presentaba a Horman como un “detenido-desaparecido”, pero eso no era verdad, porque el agente civil adjunto a Inteligencia de la FACH, que también había servido esa función bajo Frei Montalva y Allende, Rafael González Berdugo, encontró sus restos en el Instituto Médico Legal y los repatrió a los EE. UU., donde están enterrados, en marzo de 1974. Y cumplió esa tarea por instrucciones del Ministro de Defensa del Gobierno Militar, almirante Patricio Carvajal, quien le expresó que la diplomacia norteamericana insistía en preguntarle a la Junta por el paradero de Horman, pero ésta lo ignoraba. González Berdugo entonces recorrió todos los centros de detención de subversivos, sin hallarlo, y finalmente comprobó que el Instituto Médico Legal, a donde había sido llevado su cadáver, presumiblemente encontrado en la calle, lo había hecho enterrar en el Cementerio General. Exhumó los restos y los entregó a un representante de los EE. UU.

          Pues bien, ahora, después de una decena o más de años de un proceso ilegal conducido por un ministro sumariante de izquierda, González Berdugo ha sido condenado a dos años de presidio como, supuestamente, cómplice de la muerte de Horman, sin serlo, naturalmente. Porque nunca supo de ella hasta que encontró su cadáver obrando por orden superior. Es posible que si la causa sube a la Corte Suprema la pena remitida le sea cambiada por otra efectiva de cinco años y un día, como les ha sucedido a otros oficiales que han caído en manos de la Sala Penal de izquierda del más alto tribunal. Algunos llaman a esto “debido proceso”, pero él tiene lugar contraviniendo la verdad de los hechos, sin pruebas condenatorias y pasando por sobre leyes vigentes como las de amnistía y prescripción. Es decir, violando TODAS las bases de un debido proceso.

          Durante estos años me enteré, en sucesivas visitas que me hizo González Berdugo (que, entre paréntesis, maneja un caudal de información impresionante) de cómo él gastó cuanto tenía y también mucho de lo que no tenía en financiar su defensa ante la persecución del ministro sumariante de izquierda, lo que no le sirvió para eludir la condena, siendo inocente. En una oportunidad me llamó un sacerdote italiano muy comprometido en obras sociales, muerto hace no mucho tiempo, y me dijo que tenía una favorable impresión de Rafael González y lo consideraba una buena persona, y que cómo podía ser posible que se le persiguiera por un crimen que no había cometido. Yo le repliqué que en Chile impera una justicia de izquierda que no respeta la ley ni el estado de derecho.

          Fue justamente Rafael González quien me llamó la atención una vez acerca de que en ningún proceso contra la DINA o la cúpula de la DINA apareciera procesado o condenado por los jueces el Sub Director del organismo, coronel de la FACH Mario Jahn Barrera y, en cambio, sí eran incorporados a “la cúpula”, invariablemente, quienes eran apenas tenientes a la época de los hechos, como Krassnoff y Laureani, por ejemplo, recibiendo condenas a cadena perpetua de hecho por ese concepto, a diferencia del Sub Director, que falleció no hace mucho gozando de libertad. Habría que preguntar la razón a los jueces de izquierda o a los testigos y abogados de izquierda o del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que, en la práctica, son quienes determinaban y determinan el curso de los procesos.


          En todo caso, la versión que el mundo conoce del caso Horman es la de “Missing” y de la revista “Sábado”, y no la que entrega la verdad, lo que parece ser un sino en cuanto concierne a todo lo que diga relación con el Gobierno Militar que rescató a Chile de un destino totalitario que en 1973 parecía inevitable.

Hermógenes Pérez de Arce.