jueves, febrero 06, 2014

UN "FRACASO DEL ESTADO" EN LA IX REGIÓN.


Es posible que en Santiago y en las demás regiones no se haya tomado aún conciencia de la situación que se vive en La Araucanía. Unainserción publicada el domingo por un heterogéneo conjunto de gremios, empresas y agrupaciones de víctimas habla ya sin ambages del “fracaso del Estado” en la zona. Este fracaso no tendría que ver con la falta de protección de derechos fundamentales de segunda o tercera generación, sino con la más elemental de las tareas estatales, aquella que justifica en primer lugar que los particulares renuncien a la autotutela, para entregar a la autoridad el monopolio de la fuerza. Esta conservación institucionalizada de las condiciones elementales para la propia subsistencia es el requisito básico para que pueda existir cualquier derecho. Cuando el Estado, por las razones que sea, no puede o no quiere garantizarlas durante un lapso prolongado, se socava indefectiblemente el fundamento de su autoridad y de las potestades que ejerce.
Lo anterior nada tiene que ver con las demandas que puedan mantener ciertos grupos del pueblo mapuche, pues en Chile existen los mecanismos institucionales para encauzarlas. Por lo tanto, esas demandas —justificadas o no— deberían ser desvinculadas de una vez del fenómeno violentista. La prolongación de este aparece, en cambio, fuertemente relacionada con la incapacidad de los organismos de inteligencia y las policías para prevenir estos hechos, y con una análoga incapacidad de la Fiscalía y las mismas policías para investigarlos adecuadamente, dar con sus responsables y allegar pruebas convincentes en los respectivos procesos. Indiscutiblemente, indagar esta clase de hechos es complejo y supone dificultades que no están presentes en los delitos comunes. Pero, por otra parte, sus autores pertenecen a organizaciones que cuentan con medios relativamente limitados, carecen en su mayoría de una genuina instrucción subversiva, se encuentran operando desde hace tiempo en un sector acotado y realizan ataques relativamente homogéneos. Es inaceptable que el Estado de Chile se muestre incapaz de esclarecer estos atentados y proporcionar el mínimo de seguridad a que tienen derecho los habitantes de la región.
En este contexto se ha sugerido una segunda posible explicación para el problema: la idea de que los tribunales penales competentes serían especialmente estrictos en la apreciación de la prueba en estos casos, absolviendo a los acusados en circunstancias en que otros tribunales los condenarían. Esto implica sostener que existe un sesgo, un tratamiento desigual que beneficiaría a los acusados de estos hechos, a costa del Estado y de las legítimas pretensiones de las víctimas. No habría un problema de deficiencia de la prueba, sino de su valoración por parte de jueces con orientación sesgada. Si existiera, este sesgo podría explicarse por razones que irían desde una supuesta simpatía del juez con la causa de los grupos violentistas —algo difícil de imaginar—, hasta el miedo a ser objeto de cuestionamientos o, incluso, de represalias. Cualquiera de estas hipótesis sería, en caso de ser efectiva, un hecho de la mayor gravedad, y, por lo mismo, debe ser investigada con rigor y sobre la base de antecedentes concretos; es decir, mediante el análisis detallado de los procesos y su comparación rigurosa con los criterios que los tribunales utilizan en otros tipos de casos. Mientras esto no se haga, las causas del fracaso del Estado en La Araucanía seguirán siendo oscuras y susceptibles de manipulación.
Gonzalo Rojas Sánchez.
VivaChile.org

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