viernes, agosto 09, 2013

CHILE: LOS MINISTROS DE DERECHOS HUMANOS.

El poder Judicial citó a una "Cumbre" de jueces que investigan, después de 40 años, delitos de DDHH. No habrá justicia.

Como se sabe, los Tribunales  NO aplican la Ley de Amnistía, olvidan el principio de la cosa juzgada y no hacen valer la prescripción. Desde 2010, el Ministerio del Interior presentó un millar y medio de denuncias, sin importar que en muchos de los casos, ya hubiese una sentencia a firme.

La administración de justicia en nuestro país, está politizada. Y varios de los magistrados han incurrido en el delito de prevaricación. En parte, estos males, responden a la modalidad de nombramiento de los "supremos" que deben pasar por el "cedazo" del Senado.

Nombramientos como el de Alfredo Pfeiffer, primera antigüedad de la Corte de Apelaciones de Santiago, jamás serán aprobados. Porque muchos parlamentarios (caso Eduardo Frei Ruíz-Tagle), manifiestan así desaprobando el ascenso, su disconformidad con los fallos de dicho ministro u otro, atropellando de esta forma la independencia del Tercer Poder del Estado: una clara ilegalidad.

Nada de eso importa. Juan Muñóz Pardo, pasó por la misma experiencia y su carrera  judicial llegará solo hasta acá. No será promovido porque no es del "grupo" de jueces de DDHH. También pasó con Gloria Chevesich, jueza humillada y obligada a explicar algunas de sus sentencias, las que desagradaron a  ciertos senadores de oposición, particularmente del PS.

Este jueves 8 y viernes 9 de agosto, el titular de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, presidió junto a la directora del INDH Lorena Fries (militante PS, ex Izquierda Cristiana y del círculo cercano a Michelle Bachelet), y el ministro Hugo Doltmesch, coordinador de las causas de DDHH, un encuentro de los 29 jueces que instruyen estas causas.

Concurrieron además representantes de los organismos auxiliares de la administración de justicia como el director del Instituto Médico Legal Patricio Bustos (MIR), peritos judiciales y del Observatorio de DDHH de la U. Diego Portales (rector Carlos Peña).

Los asistentes revisaron un documental - muy de rigor para "sensibilizar" -, sobre el caso "Paine" y Doltmesch fue el encargado de escuchar el relato de los ministros a cargo para crear un sistema de apoyo a la labor que desempeñan: la persecución a los uniformados en retiro. Por cierto los abogados defensores de los presos políticos militares PPM, no recibieron invitación alguna para participar en este coloquio.

En la Corte de Apelaciones de Santiago hay seis ministros dedicados a este trabajo y en la de San Miguel cuatro; en Chillán tres y dos en Valparaíso y Valdivia. Y uno, respectivamente en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca. Lo mismo en Concepción, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

En diciembre de 2011 la fiscal de la Suprema, Beatriz Pedrals, presentó un total de 726 requerimientos por TODAS las víctimas de DDHH que aparecen en el Informe Rettig. La Corte ha dictado unas 143 sentencias definitivas.

Sin embargo, en su momento, el máximo tribunal del país descalificó al famoso Informe Rettig, declarándolo "apasionado,  temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y (fundada en) probables prejuicios políticos" Pero luego, la situación cambió, porque la izquierda "colonizó" el Poder Judicial. Y la Suprema, como destacó el abogado Fernando Saenger "legisló" prescindiendo de los poderes colegisladores, para establecer que la prescripción rige  ¡a contar del Informe Rettig!

Aylwin indultó a 257 subversivos "químicamente puros" muchos condenados por hechos de sangre, principalmente asesinato de Carabineros.

Lagos pasó por el Congreso la Ley de Unificación de Penas, liberando a los MIR, Lautaro y FMR, que quedaban en prisión. Hernán Larraín aclaró que "esta ley NO es una moneda de cambio, para después liberar uniformados" Razón le asistía al senador de la UDI; ni uno solo fue puesto en libertad. Excepto un carabinero enfermo terminal (por Lagos).

Hoy con más de una millar de causas abiertas o reabiertas (como se señaló), un centenar de miembros de las FFAA y de Orden están en prisión. Sea Punta Peuco o Cordillera.

Sebastián Piñera, prometió a los familiares de los uniformados, aplicar estrictamente el Estado de Derecho sin discriminación. Hacer valer garantías como las mencionadas, que a ellos se les niega única y exclusivamente por la presión de la izquierda. El mandatario no cumplió su palabra. Y ellos siguen aguardando el cierre de esta situación.

Pero después de esta "Cumbre" de jueces de DDHH, se ve cada vez más lejana una posible solución política para ellos. Porque de la justicia, todos los chilenos lo podemos comprobar a diario, NO se puede esperar nada.

DespiertaChile.cl

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