miércoles, julio 28, 2010

EL "NEGOCIADO" DE LOS DD.HH.

A través de un abogado amigo, íntimamente ligado a las Fuerzas Armadas y de Orden, me he podido enterar de impensables cantidades de dinero, de estadísticas inconcebibles y en general, escandalosas cifras que la opinión pública desconoce o ha tenido acceso a ellas de manera muy parcializada. De los "apoyos" que doy a conocer a continuación, se desprenden sumas que dejan muy en claro el tremendo negociado existente y que nos hace afirmar que los NN. HH. (Negocios Humanos) están muy por sobre los DD. HH. (Derechos Humanos). Hago presente que estos montos están actualizados sólo hasta el primer semestre del año 2007. Veamos de qué se trata y conozcamos algunos rubros:

1. Monto de indemnizaciones vía "Reparaciones" a víctimas y familiares de extremistas caídos durante la lucha contrasubversiva en Chile.
Se encuentran reparados varios estamentos, como ejecutados, exiliados, torturados y exonerados. El desglose es el siguiente:

· Ley 19.123 de Reparación, originada en el informe Rettig (por desaparición y ejecutados), contempla $ 2.500.000 al año por beneficiario.

Entre 1994 y 2006, arroja una cantidad de $ 99.799.067.000. A eso hay que agregar un bono compensatorio, pagado por una vez en 1992, de $ 2.500.000.

· Ley 19.234. Estableció beneficios para los exonerados políticos desde 1995 hasta 2006. Ha significado una suma de $ 573.788.439.000.

· Ley 19.992 sobre prisión política y tortura (producto del Informe Valech). Entre 2005 y 2006 ha significado una cantidad de $ 44.734.983.000.

Todos estos pagos han alcanzado hasta agosto de 2007 la cifra de US $ 1.386.000.000.

Anualmente estos beneficios tienen un costo aproximado, para los contribuyentes y el erario nacional de US $ 200.000.000.

A esto se debe agregar la iniciativa del gobierno, de agosto del 2007, que permite reabrir, para reestudiar los casos que fueron excluidos y rechazados en las comisiones Rettig y Valech, los que de aprobarse, tendrían un costo anual para el país, según estudio del Ministerio de Hacienda, de US $ 14.000.000.

2. Número de personas beneficiadas.
Como antecedente, el informe Valech recibió entre septiembre y noviembre del 2003, treinta y cinco mil (53.000) peticiones de indemnización, de las cuales ocho mil fueron rechazadas.

A su vez el Informe Rettig en 1991, acogió 2.296 casos, los que posteriormente, el año 2002, con la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, aumentaron en 829 casos más, rechazándose 300.
Hoy se pretende reincorporar a todos los excluidos, además queda la posibilidad abierta a otros postulantes, lo que tiene un costo calculado por la Subsecretaría de Hacienda, de unos US $ 14.000.000 anuales, como señalé.
En relación a los "exonerados políticos", en este momento se encuentran 28.000 solicitudes aprobadas, a punto de ser pagadas por el INP.

3. Otros beneficios.

· Tienen también una red de apoyo asistencial y de salud llamada PRAIS, que incluye atención de asistentes sociales y salud gratuita para beneficiarios, cónyuges e hijos, en todos los hospitales públicos del país.

· Un sistema de apoyo educacional a la enseñanza básica, media y universitaria, a través de becas estudiantiles especiales.

· Pensiones extranjeras. Muchos de los beneficiados reciben también pensiones de países europeos, como "perseguidos políticos", además de las nacionales. Por ejemplo, el ex senador socialista Carlos Altamirano Orrego señaló en reciente entrevista, que recibe pensión de Francia, además de la que recibe en Chile.

· A las pensiones anteriores, hay que agregar que muchos de los beneficiados son hoy Diputados y Senadores y a su pensión extranjera más la nacional, hay que agregar la Dieta Parlamentaria, que asciende a una suma de diez millones de pesos, aproximadamente. Lo mismo vale para los Ministros, que se encuentran en la misma situación (ejemplo: José Goñi, Ministro de Defensa y ex MIR; el ex Ministro hoy Embajador, Osvaldo Puccio; el ex parlamentario y Ministro, José Antonio Viera Gallo Quesney, etc.).

4. Casos Especiales.

· Caso Albania y otros.
Actualmente se ha implementado un sistema de conciliación entre querellantes, el Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado y un Ministro de la Corte Suprema que actúa como árbitro mediador para evitar largos pleitos y cobrar con rapidez.

Así se hizo con cada uno de los 12 frentistas caídos en la Operación Albania en que se les canceló a los familiares trescientos millones de pesos por cada uno. ($300.000.000) Dicho sistema sigue funcionando.

Lo anterior arroja un total de $ 3.600.000.000.

· Caso Soria.
Don Carmelo Soria, era un funcionario subalterno y de menor rango, de la CEPAL, en Santiago, al momento de su muerte (1974). Su hija Carmen, de reconocida militancia izquierdista y con buenos contactos en el exterior, logró elevar de categoría a su padre, al rango de Funcionario Diplomático Internacional de la ONU, obligando a este órgano mundial, a solicitar una indemnización directamente al Estado de Chile. Finalmente, en agosto del 2007, autorizó el giro del Senado en votación dividida y Chile hubo de cancelar a Carmen Soria, la cantidad de US $ 1.500.000, por una sola persona, cifra que fue catalogada, incluso por senadores de gobierno, como "exagerada"

(ejemplo: Senador Roberto Muñoz Barra).

5. Reflexiones.

· A todo lo anterior, hay que agregar que muchas de estas personas no trabajan, ni han trabajado en Chile, ni menos tributan como cualquier compatriota.

· A los 45 conscriptos del Ejército, que cumplían con su deber patriótico de Servicio Militar en la tragedia de Antuco, el mismo Estado que ha cancelado millones de dólares a subversivos, como anteriormente se detalló, le canceló a cada familia de los soldados fallecidos, sólo veinte millones de pesos ($ 20.000.000) y debemos recordar que Orlando Letelier, debe ser un ciudadano de Primera Clase ya que recibió del Estado chileno US$ cuatro millones de dólares de indemnización.

· En otro ejemplo, Tucapel Jiménez podríamos catalogarlo de Segunda Clase, porque el Fisco pagó US $ tres millones de dólares de indemnización a su familia.

· O sea, los soldados del Ejército de Chile son de última categoría.

· En medio de estas cifras desoladoras, recordemos que por una transacción extrajudicial entre el gobierno y el Partido Comunista, se acordó que el Fisco entregue casi seis mil millones de pesos ($5.952 millones), a esta colectividad encabezada por Guillermo Teillier, como indemnización por una imprenta que fuera confiscada por el gobierno de las Fuerzas Armadas en 1973. Es un verdadero chiste, algo totalmente insólito que el receptor de estos dineros que comentamos, sea don Guillermo Teillier, el mismo que junto a Gladys Marín, internó 90 toneladas de armamento y explosivos en Carrizal Bajo y que incautó la CNI.

· No nos debe extrañar, ya que también debemos recordar que un local del Partido Comunista, del barrio Brasil, Ricardo Cumming Nº 350, fue remodelado con un aporte directo de los gastos discrecionales que usa la Presidenta Bachelet , de $ 26.700.000 millones de pesos. Lo inauguraron con una fiesta celebrando a las FARC colombianas después que éstas asesinaran a 11 diputados de ese país. Mientras tanto el Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sigue negociando pactos electorales con las municipalidades que serán votadas en las elecciones de final de año.

· La coordinación internacional de estos grupos, es total. En Uruguay, fueron indemnizados los Tupamaros, en Argentina los Montoneros, en Chile el MIR, el Frente Manuel Rodríguez, los Lautaristas, entre otros, y en septiembre del 2007, el Presidente peruano, Alan García, señaló que se comenzarían los procedimientos para indemnizar y reparar al violento grupo maoísta Sendero Luminoso. Demás está agregar que, en los señalados países, muchos de sus integrantes ocupan hoy importantes cargos públicos.

Por favor, deténgase un minuto frente a estas cifras:
Relación de causas judiciales que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad de Chile.

(RECUERDE QUE ESTOS DATOS SON DEL AÑO 2007)
1. Ejército 329 procesados.

2. Armada 28 procesados.

3. Fuerza Aérea 52 procesados.

4. Carabineros 169 procesados.

Total: 578 procesados.

Condenados cumpliendo condena: 40.

Subversivos cumpliendo condena: Ninguno

(Están amnistiados, indultados o fugados).

La información antes señalada, dice relación con alrededor de 500 procesos, pero en cada juicio, hay más de dos procesados, de manera que al no respetarse la legislación vigente, se podría terminar con alrededor de mil condenados en breve, ya que se les ha asignado prioridad a estas causas.

Otras estadísticas interesantes:

Militares Amnistiados: 57

Terroristas amnistiados: 8.893

Militares Indultados: 1

Terroristas Indultados: Casi 300

Militares Fugados: 0

Terroristas fugados: 57

Militares asesinados (Incluidos policías): 254

Civiles asesinados: 100

Civiles y militares Heridos: 510 (Varios lisiados de por vida).

La persecución a nuestros uniformados continúa, por ahora nadie le pone coto y progresivamente los vemos, en un constante desfile, en el Palacio de los Tribunales.

Todas estas cifras que estamos difundiendo, se alimentan con esta persecución permanente de la Justicia a miembros de las Fuerzas Armadas, que por orden del Estado y, en calidad de agentes del Estado, combatieron con medios del Estado a quienes se enfrentaron a las fuerzas regulares del gobierno. Los que murieron o desaparecieron, estaban siendo protagonistas de una lucha armada que ellos mismos originaron, entonces el calificativo recurrente de "asesinos", se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al Ejército Institucional y no los miembros de éste, que por obligación profesional, debieron reprimir a un Ejército irregular.

Sólo una reflexión final:

¿Cuándo se le aplicará la prescripción a la venganza?

PD. EN EL CASO DEL BENEFICIO DEL PAIS (nº3), NO SOLO CONYUGE E HIJOS VAN EN LA PARADA..... SUEGRAS, CUÑADAS, SUS HIJOS. NO IMPORTA QUE SEAN PROFESIONALES EXITOSOS Y DE BUENA SITUACION. TODOS TIENEN SALUD GRATIS DEL ESTADO... Y UD.?

viernes, julio 23, 2010

INDEBIDA INTIMIDACIÓN.


Desde que la iglesia católica hizo pública su opinión de otorgar indultos al año del bicentenario a personas que cumplen penas de cárcel, la izquierda política, hoy en el bando opositor, no ha cejado en ejercer presiones indebidas al Prersidente de la República para que no se incluya en estos eventuales indultos, a personas condenadas por los llamados "delitos de derechos humanos". El odio ciego enquistado en sus perversos cerebros los está llevando a un constante y persistente aumento de esta sucia presión al Ejecutivo, tanto así que esta semana en la fundación Frei Montalva (oneroso y fraudulento organismo financiado por todos los chilenos), se realizó un acto para homenajear al mal recordado izquierdista y ex "Comandante en Jefe" Carlos Prats González, ocasión en la que Frei Ruiz-Tagle pronució un ácido y odioso discurso sobre el tema, cuya intención no era otra que la de ejercer una impúdica presión sobre el Presidente de la República en vista de posibles indultos de Militares. El senador, recién derrotado en las elecciones presidenciales, envuelto en las más maldadosas de las intenciones amenazó textualmente : "No aceptaremos que se utilice el Bicentenario como excusa para indultar a violadores de Derechos Humanos", agregando : "Los asesinos y violadores de Derechos Humanos pasaron muchos años en libertad para que se hagan merecedores de este beneficio". En el acto estuvieron presente Aylwin y Lagos, quienes aplaudieron efusivamente a Frei, y también estaban, por supuesto, los infaltables familiares de las "víctimas", cumpliendo con su acostumbrada vida social, de la que han logrado millonarios importes, viajes y una vida que nunca habrían obtenido de la acción subversiva de sus deudos. Pero recordemos algo que siempre la izquierdista trata de ocultar, los cuatro ex-presidentes de la concertación durante sus mandatos aplicaron amnistías, indultos y ampararon extrañas fugas de las cárceles a centenares de criminales, a terroristas cuya libertad constituye un verdadero peligro para la sociedad. Asesinos a sueldo desprovisto de cualquier sensibilidad, que cegaron la vida de cientos de personas inocentes, de Militares, Carabineros y otros servidores públicos, también asesinaron a muchos civiles inocentes. Todas sus víctimas eran personas de bien de nuestra tierra, cuyas familias jamás fueron escuchadas cuando pedían un poco de justicia y por supuesto NUNCA recibieron un mísero centavo como indemnización. Por lo tanto, podemos decir que estos ex mandatarios son personajes que carecen de toda autoridad moral para opinar sobre la posible propuesta de la Iglesia Católica. Como para dar recomendaciones e intimidaciones al Presidente de la República, ante la decisión histórica que tendrá que tomar en el caso. El Presidente de la República, desde que asumió el poder ha tenido una esperanzadora propuesta de "unidad nacional". Ad portas de la celebración del bicentenario se le presenta la oportunidad de cumplir su cometido. Fue la clase política la que dividió a los chilenos a partir de los años sesenta, en las sacudidas de la guerra fría, situación que se agravó en el Gobierno Militar, cuando la derrota en Chile de la expansión marxista generó a nivel mundial una proliferación de campañas de odiosas venganzas hacia las Fuerzas Armadas y de Orden Chilenas, situación que aún continúa.

Los cuatro mandatarios que tuvo la concertación tuvieron en su tiempo la valiosa oportunidad de unir a los chilenos. Pero en sus mandatos el tema se trabajó en forma tendenciosa y vengativa. Se construyó un poder judicial prevaricador y se persiguió con crueldad a los integrantes de las FF.AA. y de Orden que tuvieron participación en la Liberación de Chile del yugo marxista. Y por otra parte se liberó de prisión y de la acción judicial a quienes portando armas ilegales acometieron en contra del país.


La Concertación entregó el poder con un país absoluta y vengonzosamente dividido. Nunca hizo nada por la unidad del pueblo de Chile, muy por el contrario, su accionar fue siempre un semioculto ataque vengativo a las Fuerzas Armadas y de Orden, en el cual los perjudicados fueron los que un día tuvieron que defender al país de la subversión y el terrorismo.


El actual Presidente de Chile tiene en sus manos la posibilidad de pacificar a los chilenos. El tiene que entender que si se mantiene encarcelado a "¡sólo uno!" de los Militares presos políticos, el país continuará desunido, y él como Presidente, pasará a la poca digna de los responsables.


La Concertación no apoyará jamás en nada, al Gobierno desde el Parlamento. Entonces hacer caso a sus amenazas es ilógico. El Presidente debe actuar en el caso de los Indultos Bicentenario bajo su propia conciencia y criterio, compo hombre cristiano y de bien. Y antes de escuchar la blasfemia de su oposición política, el Presidente debe considerar el sentir de la mayoría que lo llevó a La Moneda, esa es la gente que lo apoya y ante quienes adquirió compromisos.


ALEJANDRO RUSSELL O'KUINGHTONSS.

POST DATA : el Texto se encuentra en http://www.iglesia.cl/


domingo, julio 18, 2010

PRINCIPIOS MORALES APLICABLES A LOS JUICIOS SOBRE "DERECHOS HUMANOS" TRAMITADOS EN CHILE.



El presente trabajo ha sido elaborado sobre la base de los principios morales enseñados por Santo Tomás de Aquino, San Alfonso María de Ligorio, y otros representantes del pensamiento más ortodoxo en materia de Teología Moral Católica.

1.- ¿SON LEGÍTIMOS ESTOS JUICIOS? :

Principio de legalidad: el juez debe conocer la causa y dar la sentencia conformándose estrictamente a las leyes vigentes.

En consecuencia, estos juicios son ilegítimos por violar el principio de legalidad. En efecto, es sabido que estos procesos contravienen una serie de leyes justas (sobre prescripción, cosa juzgada, amnistía, vigencia de tratados internacionales, etc.).

Los jueces en estos juicios, por la misma razón, no tienen autoridad y todas las actuaciones procesales y en particular las sentencias, no obligan en conciencia.

Estos juicios, de volverse a un estado de normalidad jurídica (de respeto al estado de Derecho), deberán ser tenidos oficialmente por nulos de nulidad absoluta.

Entonces, y como principio general aplicable a estos procedimientos, se debe afirmar que nadie está obligado en conciencia a obedecer a estos jueces (en sus citaciones, interrogatorios, resoluciones, sentencias, etc.); sin perjuicio de que en algunos casos se quiera obedecerles a fin de evitar males mayores.

Teniendo como base esta ilegitimidad de todos juicios de “derechos humanos” que se tramitan en Chile, nos referiremos a continuación a los principios morales que se aplican en particular a las declaraciones indagatorias, declaraciones de testigos y sentencias.


2.- EN ESTOS JUICIOS, ¿SE ESTÁ OBLIGADO EN CONCIENCIA A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA Y A DECIR EN ELLA LO QUE SE SABE?


Principio: nadie está obligado a denunciarse a sí mismo.

En consecuencia, el acusado no está obligado a confesar su participación en los hechos, y puede defenderse con todos los medios lícitos a su alcance.

“Si el juez trata de indagar aquello que no puede inquirir según el Derecho, el acusado no está obligado a responderle…”, y además porque “una cosa es callar la verdad y otra proferir una falsedad. Así pues, es lícito al reo acusado defenderse ocultando la verdad que no está obligado a confesar, pero utilizando procedimientos correctos; por ejemplo, no respondiendo a lo que no está obligado a contestar.

Es opinión común de los teólogos que no hay obligación para el acusado de reconocer su participación, y que es lícito recusar la respuesta y eludir la verdad con evasivas o “declararse inocente”. La misma negación de haber cometido el hecho es considerada como una “restricción mental”, una estratagema lícita que no tiene razón de mentira porque no es al reo que corresponde aportar la prueba sino a quien acusar.

Si se acusa de un delito a un inocente sin culpa del que sí tiene responsabilidad, éste no está obligado a confesar para salvar al inocente. El mal debe imputarse a la impericia del juez o a la mala fe de terceros. Pero el acusado nunca puede afirmar nada de lo que pueda concluirse alguna sospecha respecto a un inocente.

Puede manifestar los crímenes ocultos de los testigos si esto es necesario para demostrar su inocencia y siempre que no se siga un daño mayor para el prójimo (la razón es que nadie está obligado a conservar la reputación del otro con grave daño propio), pero no puede defenderse calumniando al otro.


3.- LAS SENTENCIAS EN ESTOS JUICIOS, ¿A QUÉ OBLIGAN EN CONCIENCIA? :

Principio: una sentencia ciertamente injusta no obliga en conciencia.

Ahora bien, en estos juicios, en cuanto ilegales e ilegítimos, todas las sentencias condenatorias son ciertamente injustas.

El inocente (o el injustamente condenado) puede defenderse legítimamente como de un injusto agresor, ocultándose, resistiendo positivamente a aprehensores o guardias, hiriéndolos (moderadamente) pero nunca matándolos. Incluso el acusado justamente condenado, aunque no tiene derecho a resistir positivamente a la autoridad o a sus guardias, puede huir antes o después de la sentencia, porque nadie está obligado a cooperar en su propia pena.

Sin embargo, en nuestra época, en que las condiciones de detención no son tan terribles como en las anteriores, y en que además es muy difícil escapar y en la huida hay un riesgo de muerte o de otros graves inconvenientes, enseñan los teólogos que por lo general la fuga debe tenerse como ilícita.

4.- EN ESTOS JUICIOS ¿SE ESTÁ OBLIGADO EN CONCIENCIA EL TESTIGO A DECLARAR LO QUE SE SABE?

Principio: aunque nunca es lícito mentir, según las circunstancias está permitido no decir toda la verdad (véase lo dicho a propósito de la declaración del inculpado o indagatoria).

Según el Art. 203 del CPP, el testigo debe declarar bajo juramento o bajo promesa, pero como el tribunal en estos juicios ilegales no tiene derecho a exigir tal juramento o promesa, los mismos, de ser formulados, carecen de todo valor. En todo caso, en estas causas se debe preferir la promesa (formulada con restricción mental) al juramento.

Existen causas legítimas que excusan a un testigo de declarar según su conciencia en cualquier proceso :

a) En un juicio ilegal, como sucede en estos casos. No hay obligación moral alguna de declarar ni de decir lo que se sabe.

b) En caso de existir un secreto que deba ser protegido.

c) Si el testigo teme un grave perjuicio para sí o los suyos.

f) Si no se trata de una falta moral (un ilícito en el ámbito moral o pecado), sino sólo delito material o falta jurídica (ilícito en el ámbito del derecho penal), como es muy frecuente en esta clase de juicios.

g) Cuando es citado o interrogado de manera ilegítima. Como siempre sucede en todos estos juicios.

i) Cuando no conoce los hechos de una manera cierta (ej.: si lo conoce por una persona que no es muy digna de fe).

5.- JUICIO MORAL ACERCA DE ALGUNOS PUNTOS PARTICULARES :

Licitud moral del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973

Es un caso muy claro de legítimo ejercicio del derecho de rebelión en contra del gobernante ilegítimo. Aunque no esté contemplado en el Derecho positivo (ley escrita) o éste lo califique como sedición o como otro delito, la justa rebelión sigue siendo un verdadero derecho en virtud de leyes superiores no escritas (ley natural) .

Licitud moral de las ejecuciones de violentistas sin previo juicio

Por ejemplo, muchos moralistas reconocen que en ciertas circunstancias es lícito matar sin previo juicio a los malhechores capturados. El P. Francisco de Vitoria (padre del Derecho Internacional Público y del moderno Derecho de guerra), en su “Relecciones”; y (en el siglo XX) los “Códigos de Moral de Malinas”, se refieren al caso de la ejecución de los enemigos capturados en la guerra, teniendo esto por lícito cuando consta que son gravemente culpables.

Licitud moral de la tortura

Aunque toda tortura está prohibida por el derecho positivo de casi la totalidad de los Estados, será lícita si es dispuesta por la autoridad legítima (no por particulares), se ejerce sobre malhechores (nunca sobre inocentes, nunca en la duda de la culpabilidad), en relación con hechos gravísimos (terrorismo, traición a la patria, etc.), su uso es de necesidad grave o gravísima (ejemplo clásico del terrorista que se niega a decir dónde se ha colocado la bomba que está por estallar), se lleva a cabo con recta intención (nunca por odio, por sadismo, para obtener confesiones de culpabilidad, etc.), y con la debida moderación (se da un exceso que la hace ilícita si, por ejemplo, se llega a matar al que no merece la muerte, o si se recurre a violación o a otros apremios horribles o de suyo ilícitos, o si se actúa por medios excesivamente crueles, etc.). Como en los casos anteriores, siendo normalmente ilegal (delito o falta jurídica), no siempre será ilícita (pecado o falta moral).


miércoles, julio 14, 2010

SOBRE LA SUPUESTA INCOMODIDAD DE LA MONEDA ANTE LA PROPOSICIÓN DE LA IGLESIA.


Eso dicen algunos medios de comunicación como La Tercera, y la razón que se aduce sería la siguiente: “Si se beneficia a militares condenados con indultos sería una mala señal a la lucha contra la delincuencia, ya que estos están condenados por los delitos de secuestro y homicidio, delitos considerados “graves”, y lo mismo habría que hacer entonces con los delincuentes comunes”

Esto inhibiría a La Moneda a conceder indultos a los militares condenados.

Esta premisa es falsa. Veamos por qué:

1.- Los militares condenados no son delincuentes comunes y la gran mayoría era personal subalterno de las Instituciones de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, que cumplieron órdenes defendiendo a la ciudadanía de aquellos que querían subvertir el orden público y pasar por sobre las instituciones permanentes de la República para la toma ilegal del poder en nuestra Nación.

2.- El diario La Tercera del 30 de Junio recién pasado deja constancia que: “Un informe estadístico elaborado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, que también es manejado por el Ministerio del Interior, señala que los condenados “a firme” por este tipo de causas alcanzan las 209 personas, entre ex uniformados y ex agentes civiles”. Estas 209 personas están en la situación de condenados por 732 causas, de las cuales 485 son por secuestro y 247 por homicidio. De las 209 personas condenadas solo una cincuentena se encuentran en prisión. El resto ya cumplió la condena, o se encuentra con “pena remitida”, o en “libertad provisional”, o muertos.

3.- Según las cifras expuestas, el 70% fueron condenados por pseudos secuestros y el 30% por homicidios. ¿Cuántos de ellos fueron condenados de acuerdo a la Constitución y las leyes, y sometidos a un verdadero “debido proceso”?. La ciudadanía ya ha sido testigo de la persecución político-judicial de que han sido objeto los militares. La mayoría de la cincuentena de condenados que podrían acceder a la obtención de indultos y beneficios carcelarios, están en esa situación por presunciones, se le aplicaron leyes inexistentes en el país, o no se le aplicaron leyes vigentes. Lo expuesto es especialmente válido para el mayoritario porcentaje de los condenados por secuestro, quienes están en esa condición por haber sido procesados como “particulares”; sin embargo los mismos abogados querellantes, para cobrar grandes indemnizaciones, dicen que los actos fueron cometidos por “agentes del Estado”. ¿Tienen los presos militares aún secuestrados a sus pseudas víctimas? ¿Los tienen en sus respectivas celdas? Está meridianamente claro que los uniformados condenados son “presos políticos militares”

4.- Los aproximadamente 55.000 delincuentes condenados en las cárceles del país, no son comparables con la cincuentena de “presos políticos militares”. Al liberar un delincuente común se corre el riesgo de que vuelva a delinquir. Nuestra historia está llena de ejemplos en ese sentido, ya que entre ellos hay muchos que son verdaderos “peligros para la sociedad”. Los militares al salir en libertad ¿saldrán a delinquir? El Centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales y el Ministerio del Interior dicen que los condenados por pseudos delitos contra los DD.HH. son 209, y que una cincuentena se encuentra encarcelada. Acaso los que ya cumplieron condena y los que están en libertad provisional ¿han vuelto a delinquir?

¡De una vez por todas, el gobierno y la ciudadanía deben tener muy claro que los militares no son un peligro para la sociedad! El promedio de edad de ellos es de 66 años, o sea ya en la tercera edad, y muchos se encuentran gravemente enfermos.

Señor Presidente de la República:

- No esté incómodo por las decisiones que tiene que tomar cuando la Iglesia presente sus proposiciones de “indulto jubilar”

- No compare a los delincuentes con los militares.

- No haga caso a los que predican el odio y el “ni perdón ni olvido”. Tampoco a los de su propia tienda como el Senador Espina y la Senadora Pérez, que han tenido expresiones contrarias a lo que expresa la Iglesia, en el sentido que sus proposiciones no excluyen a nadie. Además sus proposiciones se encuadran en los cristianos conceptos de humanidad y misericordia.

- La Concertación benefició con indultos a 282 condenados de uno de los dos bandos en pugna. Los Presidentes Aylwin y Lagos no se complicaron para indultar a muchos delincuentes y terroristas condenados por violentos hechos de sangre. Muchos cuando salieron en libertad volvieron a delinquir. No hay ninguno preso. Sin embargo aún hay una cincuentena de ex uniformados en esa condición. ¿Dónde está el Principio de Igualdad que preconiza nuestra Constitución en su Artículo 19?

- Confiamos en que su visión de estadista le indique que es hora de la Unidad y la Reconciliación Nacional, haciendo justicia a los militares, que también son chilenos, tienen derechos y son humanos.

ERIC VILLENA DONOSO

RUT Nº 10.201.055-8

sábado, julio 10, 2010

DETENIDO EN ARGENTINA ASESINO DEL CABO LUIS MOYANO FARÍAS.


video

Esta mañana desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter se refirió a la detención en Argentina del ex lautarista Juan Aliste Vega

El jefe de Gabinete sostuvo que como gobierno "nos gustaría que siguiéramos un proceso de expulsión", dijo Hinzpeter, quien agregó que ya han comenzado las reuniones con el canciller Alfredo Moreno para analizar la situación.

"Afortunadamente la diligencia fue exitosa y refleja lo que hemos planteado hace más de 100 días, el orden público es muy importante para el país (...) aquí va a haber un gobierno que va a trabajar permanentemente y no sólo en las palabras, sino que con los hechos", dijo el ministro del Interior.

Hinzpeter sostuvo que "nuestro país es respetuoso del derecho internacional, sin perjuicio de eso, he hablado con el canciller para plantearle que esta persona esté lo antes posible en Chile y enfrente la justicia en nuestro país".

En tanto, el director de la PDI, Marcos Vásquez, sostuvo que la detención es producto de un trabajo que se ha venido realizando desde que ocurrió el crimen en el 2007. "Se coordinó con Interpol y se entregó toda la información que se tenía a la Policía Federal", dijo la autoridad.

La Tercera.

martes, julio 06, 2010

CHILE, LAS FARC, LAS DROGAS, LOS COMUNEROS MAPUCHES Y LA REALIDAD.


Hace algunos días el fiscal a cargo de la investigación de los vínculos entre comuneros mapuches y las FARC, en declaración a los medios, describió un panorama preocupante que mostraba como las FARC estarían prestando ayuda e instrucción militar a violentistas mapuches. La misma declaración señalaba que el número de los presuntos instruidos era muy reducido, lo que restaba dramatismo a sus mismos dichos. Hablando con claridad y para poner las cosas en claro, es preciso decir que los comuneros mapuches que asaltan vehículos, ponen bombas en bancos y servicios públicos, incendian inmuebles, se apoderan de propiedades rurales por la fuerza y se oponen a la acción de la policía con uso de armas de fuego, son terroristas, es decir, conforman grupos que pretenden imponer su visión de la justicia y sus aspiraciones al margen de la ley, atemorizando a la sociedad en conjunto y en particular a las autoridades y a quienes se les oponen.

De la misma manera, el que menos de una decena de esas personas haya concurrido a recibir algunas semanas de instrucción con otro grupo terrorista no permite concluir que nuestra sociedad esté bajo amenaza ni menos que la Agencia Nacional de Inteligencia, las Policías ni las autoridades hayan fracasado o estén arrinconadas. Ni mucho menos. Las acciones e investigaciones del mismo Fiscal así lo demuestran. La existencia de un pequeño grupo terrorista no es algo anormal en la mayoría de los estados, lo que hace la diferencia es la decisión y la forma de combatirlos. Dejarlos hacer y combatirlos fuera de la ley, o enfrentarlos con decisión y con todo el peso del sistema policial y judicial.

En Perú, durante varias administraciones, incluyendo la primera presidencia de Alan García, Sendero Luminoso, otro grupo terrorista que se inició como movimiento revolucionario, terminó actuando en conjunto con los productores locales de cocaína hasta llevar a Perú a una situación de riesgo inminente. La enérgica acción del Presidente Fujimori logró controlar este flagelo, encarcelar a Abimael Guzmán, jefe del movimiento terrorista y apretar a los productores de coca hasta hacerlos salir del país. Así, el negocio de la coca se trasladó a Colombia, donde se asoció a otro movimiento guerrillero de larga data en ese país, las FARC.

Esta asociación creció hasta poner a Colombia casi de rodillas y mediante la posibilidad de capturar del poder político amenazó con llegar a conformar el primer narco estado. La enérgica respuesta del Presidente Uribe se apoderó de la iniciativa y puso a las FARC a la defensiva tras mucho esfuerzo y alto costo en vidas y dinero, retomó el control de grandes partes del país que se encontraba en manos de las FARC y pudo entorpecer el negocio de la droga hasta hacerlo peligroso y menos lucrativo.

Ahora tenemos a los productores de cocaína de vuelta en Perú. La producción de coca en ese país volvió a crecer y estaría alcanzando a las cifras de Colombia. Nuevamente se estaría asociando con Sendero Luminoso y podría estar acercándose a algún aspirante a la presidencia de ese país. La sociedad peruana está comenzando a alarmarse y exige acción más enérgica en la zona del Valle de los ríos Apurimac y Ene, o VRAE.

Tenemos entonces, que el problema real y de fondo son los productores y traficantes de cocaína. Si analizamos los dos casos mencionados, podemos ver que el atractivo ideológico de ambos movimientos, FARC y Sendero Luminoso, ha decaído hasta prácticamente desaparecer y lo único que les da vida – y dinero – es su asociación en forma de “protección armada” a los traficantes de droga.

El desplazamiento del negocio de la droga hacia el Perú, es una mala noticia para Chile. De una u otra manera el flagelo nos golpeará: en aumento del consumo, en lavado de dinero, en corrupción, en crecimiento de las asociaciones criminales, en aumento de los controles aduaneros y entorpecimiento de los negocios internacionales.

Enfrentar este problema como una asociación entre las FARC y en los comuneros mapuches, además de una exageración es hacernos un pobre favor. Transformar un incipiente movimiento terrorista, que puede ser enfrentado y reducido policial y judicialmente en un problema de seguridad nacional es declarar que estamos en el mismo nivel de inseguridad y riesgo que Colombia y Perú.

EL MOSTRADOR.